Miles de cubanos tramitan la solicitud de refugiado, pero unas pocas decenas lo consiguen

En los últimos años la cantidad de cubanos que han solicitado ser refugiados en el país se ha multiplicado llegando a que hoy haya cerca de 30 mil solicitudes en curso. Ese aluvión de pedidos, sin embargo, no condice con la cantidad que efectivamente está radicado en Uruguay bajo esa condición: son solo 52 personas.

Sus casos, además, fueron aprobados de forma puntual a lo largo de la última década. Por ejemplo, en 2025 fueron solo dos, en 2024 seis, en 2023 siete y el pico más alto fue en 2019 con 13 solicitudes concedidas. Mientras, cada mes por el paso fronterizo de Rivera ingresan unos 30 cubanos que solicitan refugio por lo que la cifra sigue creciendo día a día.

Esta situación puede explicarse por motivos distintos.

Para la vicecanciller, Valeria Csukasi, “la acumulación de solicitudes de refugio en Uruguay se explica, principalmente, por un desajuste estructural entre el volumen de solicitudes y la capacidad institucional y operativa de la Comisión de Refugiados para procesarlas”, según dijo a BBC Mundo un mes atrás.

En cambio, para Leydis Aguilera, diputada suplente del Partido Nacional -que nació en Cuba y vive en Uruguay desde hace 16 años- lo que lo explica es una “falta de voluntad política porque los gobiernos de izquierda no han reconocido que es un tema de derechos humanos”. “Es evidente lo que está ocurriendo. Hoy en Cuba hay más de 4 millones de cubanos fuera de la isla, todos atravesados por una misma matriz, nadie salió para vacacionar”, dijo en diálogo con El País.

Foto: Leonardo Mainé

Más allá del trámite específico para los cubanos, Uruguay otorga la calidad de refugiada -definida en el artículo 2 de la ley 18.076- a aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país y no pueda o no quiera acogerse a la protección de este debido a dichos temores” y a quien “ha huido de su país de origen o residencia porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Además de para Aguilera, algunos participantes de la CORE -que es integrada por miembros de Cancillería, los ministerios de Interior, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Vivienda; la Facultad de Derecho y organizaciones no gubernamentales- reconocieron a El País que existe una “complejidad” al analizar los casos de solicitudes hechas por cubanos. Según explicaron, el hecho de validar los relatos de personas que denuncian persecución política y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno cubano implica reconocer que ese tipo de situaciones suceden. Esto “comprometería” la posición del gobierno frente a lo que ocurre en la isla caribeña.

Para Aguilera, esta es la razón que puede explicar por qué hay casos, que ella conoce personalmente, de cubanos que esperan una respuesta hace más de tres años.

“Con todas las vulnerabilidades que esto lleva porque al no contar con la posibilidad de una residencia permanente se ven limitados en el ejercicio de sus derechos. Se les ha negado alquileres, préstamos, niños que no han podido acceder a una continuidad con especialistas. Son personas que quedan en un limbo migratorio”, relató.

Foto: Leonardo Mainé

“Somos exiliados políticos, económicos, humanitarios. Llegan ‘atravezando’ fronteras con lo puesto, gente que vendió lo que no tenía, que dejó atrás a sus hijos pequeños y así llegan al Uruguay. En cuanto llegan al Uruguay y solicitan el refugio ahí empieza la otra travesía para estas personas”, remarcó Aguilera, quien puso como un ejemplo donde la “voluntad política” logró avances en el caso de los venezolanos.

De los 3.244 refugiados a los que el país da asilo actualmente, unos 2.543 son venezolanos, al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo a datos brindados por la Cancillería en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por El País.

La crisis migratoria que vivió -y aún vive- Venezuela en su punto más álgido años atrás llevó a que la Cancillería que entonces dirigía Omar Paganini tomara medidas específicas para los venezolanos, quienes representaban el 15% de las 24.000 solicitudes -unas 3.500- que tramitaba la Comisión de Refugiados a diciembre de 2023.

Fue entonces que se inició con un plan piloto de trámite abreviado que redujo los requisitos para los venezolanos solicitantes a quienes no se les pediría entrevista para acceder a la condición. Eso llevó a que en 2023 se aprobaran 842 solicitudes, en 2024 otras 659; es decir, en esos dos años se dio más de la mitad del total.

Una opinión diferente tienen otras personas que integraron la CORE los últimos años y aseguraron a El País que parte del “problema” de analizar solicitudes de cubanos es que gran parte emigró por dificultades económicas, producto de la crisis que existe en Cuba, y no logra comprobar las situaciones de persecución y amenaza previstos en la ley.

Foto: Estefanía Leal/El País.