Lacalle Herrera dijo que el Diálogo Social "es un invento" y que Oddone "trata de atajar penales"

El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), se expresó este viernes en relación al Diálogo Social, ámbito que creó el Poder Ejecutivo para buscar consensos con sindicatos, partidos y organizaciones y, que en los últimos días, ha puesto en el centro de atención los cambios que se proponen en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la edad de retiro.

"Quiero hablar de lo que han llamado el 'Diálogo Social´; si alguien quiere hablar con el país representado al milímetro, tiene que hablar con los parlamentarios, esos son los delegados del país, por una legitimidad del voto secreto, y allí están representados todos", manifestó el exmandatario en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro, tras el Día de Conmemoración del Genocidio Armenio.

Para Lacalle Herrera, el Diálogo Social es "uno de esos inventos de gente que cree que el diálogo es un fin en sí mismo y que es mejor que un Parlamento".

Foto: Presidencia.

Por otro lado, y en cuanto a la polémica por las AFAP, el dirigente nacionalista subrayó que la misma, "es parte de la lucha que hay alrededor del presidente [Yamandú] Orsi".

"Hay varios sectores, algunos más avanzados, y él a veces se inclina para ese lado, pero después hay otros, y se inclina para el otro lado", indicó.

En esa línea, añadió que Orsi está "pagando tributo" a "los sectores radicales que quieren más impuestos, más Estado, cemento en Ancap, es decir, todo lo que le hace daño al país, y tuvo que ceder un poco", deslizó.

Añadió en ese sentido que el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone "trata de atajar los penales y decir que no es tanto".

"Estamos ante un gobierno que no tiene un solo rumbo, que va dando bandazos, y lo de las AFAP es muy peligroso, porque el dinero es suyo, no es una plata que tenga el Estado, es mi plata, y el que quiera puede pedir la liquidación de la AFAP en la que está inscripto, es mi plata, y a esa es a la que le quieren echar mano", reiteró.

La edad jubilatoria y las AFAP, una vez más, están en el centro del debate político. Esta vez porque del Diálogo Social —ámbito que generó el Poder Ejecutivo —se propondrán cambios sustantivos. El conjunto de recomendaciones, que abarcan más que estos dos puntos, será presentado de forma oficial el próximo martes ante el Consejo de Ministros.

A la interna del Frente Amplio todavía prefieren no adelantar la postura que adoptarán, desde la oposición ya se escuchan duras críticas y la gremial de AFAP habla de un “retroceso”.

El borrador de recomendaciones del Diálogo Social aún está siendo ajustado por el equipo de trabajo, pero según supo El País, no se establece la eliminación de las AFAP, que administran US$ 27 mil millones. No obstante, sí se planteará una modificación en el régimen de ahorro individual con un rol más protagónico del Estado.

Fuentes consultadas, que han participado directamente de las negociaciones, dijeron a El País que se va a respetar lo votado por la ciudadanía en el plebiscito de la reforma jubilatoria y no se eliminará el pilar de capitalización individual.

Foto: Estefanía Leal

El mecanismo buscado, agregaron, es que haya “menos lucro” en la seguridad social y que sea el Estado uruguayo el “garante”. La propuesta plantea cortar el vínculo directo entre los usuarios y las AFAP. En ese esquema, los aportes realizados por trabajadores y empresas a lo largo de la vida laboral pasarían a ser centralizados y transferidos por el Banco de Previsión Social —o por un nuevo organismo público que se cree con ese fin.

En paralelo, las AFAP verían acotado su rol: dejarían de gestionar las cuentas individuales de los aportantes y se limitarían a la administración de los portafolios de inversión. De este modo, la relación del afiliado sería con el Estado, mientras que las administradoras operarían como gestoras financieras de los fondos, sin vínculo directo con los usuarios.

Por otra parte, en materia de edad de retiro, se buscará mejorar la tasa de reemplazo para quienes se jubilen a los 60 años y perciban menores ingresos. Al mismo tiempo, se prevé un sistema progresivo que incentive a quienes tienen salarios más altos a postergar su retiro, de modo de mejorar su pasividad mediante la acumulación de más años de aporte hasta los 65 años.

Aunque a la interna del Frente Amplio no se adelantó una posición, indicaron que lo hablado hasta ahora va en línea con las Bases Programáticas, que establecen la necesidad de fortalecer un sistema de seguridad social multipilar. “Con tres componentes: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025)”, establece el documento.

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) —que la integra Integración AFAP, AFAP Sura y AFAP Itaú— criticó la recomendación que incluiría el Diálogo Social “de trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único”.

El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, dijo a El País que esta propuesta se trata de un “retroceso” que va en contra del sistema que se logró en 30 años de separar “el patrimonio personal de los recursos públicos”.

La gremial apuntó en un comunicado el miércoles de noche que, según sus cálculos, la “mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%” si se elimina “toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP”. A lo que sumó: “Implica que todo el costo actual sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.

También se apuntó que, con esta propuesta, “el cliente pierde un vínculo jurídico directo como el que tiene al elegir su AFAP, donde hoy puede cambiarse y exigirle cuentas directamente o incluso ante el Banco Central del Uruguay”. Y se añadió que las “decisiones sobre el ahorro previsional de 1,7 millones de personas dejan de tomarse con la lógica de servir a un cliente que puede reclamar y elegir, y pasan a tomarse con la lógica de administrar una masa cautiva”.

Además, la gremial entiende que se trataría de una “estatización”, y continuó: “Uruguay tiene experiencia con la administración estatal de funciones de la seguridad social. Esa experiencia, observable por cualquier ciudadano, no respalda la idea de que trasladar una actividad hoy privada, competitiva y rigurosamente supervisada, a un ámbito estatal monopólico, vaya a mejorar la atención al afiliado. La evidencia apunta en sentido contrario”.