Ya se dio la primera interpelación: el lunes le tocó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El segundo round será el 16 de diciembre cuando el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, interpele al líder de la cartera de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por un fallo en mayoría de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Todo se desencadenó cuando la oposición empezó a insistir con que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, violó el artículo 200 de la Constitución al compatibilizar su cargo con la atención en mutualistas privadas.
-¿Por qué se decide interpelar al Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, porque la Jutep resolvió -por mayoría, con los dos votos del Frente Amplio- que no hay incompatibilidad en que Álvaro Danza sea presidente de ASSE y mantenga sus actividades en el sector privado, a las que ya renunció?
-La interpelación es por la actuación violatoria de las normas que tuvo la Jutep. Hubo un ataque a la institucionalidad porque los directores de la mayoría notoriamente abusaron de sus atribuciones y aprobaron una resolución que cumple una finalidad política: ser funcional al relato que el gobierno ha construido para apañar a Danza y, por lo tanto, justificar su permanencia en el cargo. Es una conducta institucional de una enorme gravedad y justifica, por lo tanto, detenerse a analizarla. Y el ministro de Educación y Cultura tiene la responsabilidad política ante el Parlamento por la Jutep.
-¿Cuál cree que es la responsabilidad de Mahía?
-El ministro tiene una doble responsabilidad. Una objetiva, que es la institucional. No podemos interpelar de manera directa a la Jutep aunque sí vamos a responsabilizarla por su actuación. Al mismo tiempo, Mahía tiene una responsabilidad subjetiva por ser integrante del gobierno. Los directores de la mayoría de la Jutep no son lobos solitarios. La resolución se concertó con el Poder Ejecutivo. Y la apropiación de la Jutep por el gobierno es digna de regímenes populistas, no de la buena y rica tradición del Uruguay.
-Mahía ha dicho que la Jutep tiene “independencia técnica”.
-La Junta tiene a su cargo un cometido muy delicado, que es el de velar por la transparencia y ética pública. Quienes representan a la mayoría del directorio se apartaron de eso y actuaron en forma absolutamente extralimitada sirviendo un interés político del gobierno.
-El representante del Partido Nacional en la Jutep, Luis Calabria, no votó la resolución y presentó su propio informe. ¿Se van a basar en ese documento en la interpelación?
-El informe del Dr. Calabria es compartible dado que sigue el criterio que recomendó la asesoría letrada de la Jutep, el que es un análisis objetivo e interpreta el derecho de acuerdo al sentido literal. Cabe recordar que la mayoría de la Jutep desconoció a la asesoría letrada, y ahí radica la prueba de la ilegitimidad y del abuso de autoridad. Si bien los informes de los servicios jurídicos -como en cualquier organismo público- no son vinculantes y el administrador puede apartarse de ellos, debe hacerlo a través de una resolución fundada. Lo que no existió porque esta no contiene un solo fundamento. En ningún momento controvierte, contesta o marca una posición distinta con fundamentos jurídicos de lo que su asesoría le recomienda.
-¿Qué espera de la interpelación? Porque ya quedó claro que Danza no va a renunciar.
-Es el deber de la oposición activar los resortes para que estas situaciones tomen estado público y la realidad no quede oculta. Además, tendremos que discutir los temas profundos, como los límites del poder, la fortaleza de las instituciones y la buena salud del sistema democrático. Si hiciéramos cuenta de que esto no pasó, estaríamos incumpliendo con nuestra obligación de controlar y de que la institucionalidad democrática funcione de manera adecuada.
-¿Espera que acudan las autoridades de la Jutep a la interpelación?
-Eso depende del ministro. Sería deseable y, en aras de la mayor transparencia y amplitud, sería bueno que viniera el directorio de la Jutep en pleno, donde claramente hubo dos posiciones.
-Las autoridades de la Jutep reclamaron en la Comisión de Presupuesto que no tienen la cantidad de recursos suficiente para poder actuar. ¿Es un organismo relegado por el sistema político?
-Quisiera comentar dos cosas en relación con lo que se planteó en el Presupuesto. Una tiene que ver con lo que desarrollé: la manipulación y el manejo político de la Jutep. La instancia presupuestal arrojó algunas pistas de este temperamento del gobierno de la utilización de la Jutep. El proyecto del Poder Ejecutivo incluyó disposiciones que pretendieron otorgarle el doble voto a la presidenta en caso de empate. Punto al que nos opusimos radicalmente. También nos negamos a otorgarle al directorio de la Jutep, en este caso a la mayoría, la posibilidad de reglamentar la forma de presentar la declaración jurada y de incluir la participación en empresas privadas. A la luz de lo que vino después con el caso Danza, en algún sentido nos felicitamos de haber advertido esa circunstancia.
-¿Y cuál es el otro aspecto vinculado al Presupuesto?
-El de la asignación de recursos y lo vincularía, dando un paso más, con la discusión de si debe existir, si la ubicación institucional actual es la correcta, si la naturaleza jurídica, o si es adecuada la forma de designar a los integrantes de su directorio. Admito que es una discusión legítima y actual que tenemos que dar, pero primero debemos dirimir la actuación de la Jutep por la resolución del 6 de noviembre.
-El senador colorado Pedro Bordaberry planteó que los directores de la Jutep tengan “una trayectoria jurídica o académica que garantice idoneidad e independencia”.
-Está bien, pero advierto dos conductas (en el sistema político), más allá de que en principio se trata de planteos similares por el propósito que persiguen. Tanto el senador Bordaberry como algunos voceros del Frente Amplio se han apresurado a hacer planteamientos de ese tenor. Pero, a mi entender, la intención es bien distinta en un caso que en el otro. Al senador Bordaberry le creo la autenticidad de su planteamiento porque es su temperamento permanente plantear ideas para mejorar la legislación y la institucionalidad. Sin embargo, cuando desde el Frente Amplio escucho planteos similares, advierto el propósito de tapar o desviar la discusión del análisis de la conducta grave que tuvo con el caso Danza.
-¿El Partido Nacional no hizo un uso político de la Jutep en el gobierno anterior?
-También se ha alegado o insinuado un aprovechamiento de la Jutep por parte del gobierno anterior. En primer lugar, si hubiera ocurrido, que no fue así, no justifica lo que sucedió con el caso Danza. Pero, además, fue bien distinta la conducta de la Jutep en el período pasado porque se resolvieron casos que pudieron incomodar al gobierno de aquel entonces o representar un costo político.
-Pero se analizaron los casos de Antel Arena y Gas Sayago, ambos de gobiernos del Frente Amplio.
-Sí. Pero también se abordaron situaciones que pudieron resultarle incómodas a nuestro partido político como la situación del senador Juan Sartori, que era un legislador del oficialismo. El directorio de la Jutep no dudó en declararlo omiso (por no haber entregado la declaración jurada de bienes de su esposa Yekaterina Rybolóvleva) y eso trajo determinadas consecuencias políticas y de otro tipo. Lo mismo con decisiones que se tomaron sobre denuncias vinculadas con gobiernos departamentales gestionados por el Partido Nacional (el exintendente de Soriano Agustín Bascou). No hay antecedentes en la historia de la Jutep algo como lo que ocurrió el 6 de noviembre.
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