Fiscal: FA ve que negociaciones vuelven a un "impasse" pero coalición cierra el diálogo en su respaldo a Ferrero

Aunque en algún momento el gobierno del Frente Amplio llegó a ver como alcanzable, si había buena fe de parte de la oposición, el objetivo de designar a un nuevo titular al frente de la Fiscalía General de la Nación —que desde fines de 2023 dirige en forma interina la fiscal Mónica Ferrero— hoy el escenario político que se dibujó en el Parlamento hace que esa meta se vuelva a alejar una vez más, y que se perpetúe así un problema que el Parlamento no resuelve desde hace 10 años.

El período de Yamandú Orsi inició con, entre otros, ese objetivo: desplazar de su lugar a Ferrero, a quien más allá de respaldos políticos circunstanciales —como el que mostró el Ejecutivo tras el atentado que sufrió en su casa el pasado 28 de setiembre— nunca vio con buenos ojos los resultados de su gestión como conductora del Ministerio Público.

Pero la búsqueda de un nombre que conformara a la oposición no fue nada fácil —como no lo fue tampoco durante el período anterior—, y la posibilidad de presentar una propuesta que sea bien recibida por senadores ajenos al Frente Amplio —de quienes necesita al menos dos votos en el Senado, pues la Constitución exige allí 19 manos levantadas para elegir a un fiscal general titular— quedó finalmente descartada.

En una foto que hacía mucho tiempo que no se veía de parte de la coalición republicana, con la presencia del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, y del del Partido Independiente Gerardo Sotelo, los senadores Andrés Ojeda y Javier García encabezaron una conferencia de prensa este martes en la que dejaron sin efecto la potestad del Poder Ejecutivo de “ser mano” —frase usada por el prosecretario Jorge Díaz durante la campaña electoral— en proponer un nombre para fiscal de Corte.

"Ha resuelto esta coalición garantizar la continuidad de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General de la Nación", dijo Ojeda, secretario general del Partido Colorado y promotor de esta iniciativa, ante los medios ayer al mediodía.

"Obviamente, le decimos al presidente que si envía la venia para designar como fiscal titular a Mónica Ferrero tiene aquí 14 votos que la van a acompañar. Y si decide no hacerlo —agregó—, nosotros desde aquí le comunicamos que la fiscal (de Corte) hasta 2030 seguirá siendo Ferrero".

Este paso que dio la oposición, que quedó alineada a partir de negociaciones internas en filas coloradas (ver recuadro), fue una respuesta al "manoseo constante" del nombre de Ferrero —dijo también Ojeda—, pero también una reacción a una nota que El País publicó este domingo, en la que se informó que en la Torre Ejecutiva se manejaba como "posibilidad" que Ferrero pasara a integrar la próxima vacante que se produjera en el TCA, algo que ocurrirá en abril, cuando se jubile la ministra Selva Klett.

Esa opción, que Presidencia tuvo arriba de la mesa como un camino posible para destrabar las negociaciones ya trancadas con la oposición —de tal manera que, tras el enroque, asumiera Enrique Rodríguez como fiscal penal de Montevideo más antiguo, un nombre que no genera reticencias en el gobierno y tampoco entre blancos y colorados— tuvo el efecto clásico de la bola de nieve, con consecuencias en ambos bandos. Por el lado de los opositores, el abroquelamiento que no deja margen a la elección de otro titular para el Ministerio Público, y por el lado del oficialismo sorpresa y distancia con la noticia —en tanto no significaba una postura oficial del Poder Ejecutivo—, y críticas a la coalición por asumir una postura que, al decir del senador Daniel Caggiani, no fue "muy democrática".

"Que una minoría termine vetando una posibilidad de diálogo a una mayoría" no es un camino que contribuya al necesario "diálogo político", dijo el legislador del MPP en rueda de prensa. "Esta decisión, que además se da a partir de una nota que salió en el diario El País, (que fue) un trascendido de prensa, termina de minar los puentes de trabajo en conjunto", añadió Caggiani, que es, junto con el senador Eduardo Brenta, encargado por el oficialismo de negociar el puesto de la Fiscalía y los restantes del sistema de justicia y de los llamados organismos de contralor, que aún no se acordaron con la oposición.

Porque falta terminar de conformar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República, y resolver con acuerdo políticos las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y el TCA y hasta la del comisionado parlamentario para las cárceles.

Y hoy no están dadas las condiciones para dialogar sobre esos objetivos, dijo Brenta, en tanto, a El País.

"El Uruguay necesita renovar los organismos de contralor y estamos abiertos a discutir, pero siempre y cuando no nos pongan limitaciones", dijo el senador frenteamplista, que consideró que si la oposición "cerro la puerta" a negociar la renovación de la conducción de la Fiscalía "no es algo bueno para el Uruguay" pero, sobre todo, complica unas negociaciones que se hacen en clave de "paquete". Es decir, con todos los cargos al mismo tiempo.

"Somos el partido de gobierno, no nos pueden decir lo que hay que hacer y no vamos a ir a una negociación con limitantes", siguió Brenta en este sentido, que lamentó: "Ahora estamos en una especie de impasse".

Consultado al respecto, el senador García dijo que las negociaciones por los cargos de los organismos de contralor "ya están hechas" y que, por tanto, entiende que están por fuera del "paquete". "Pero lo de la Fiscalía ya está saldado. Está terminado".