Gobierno maneja como posibilidad para destrabar negociación por fiscal de Corte que Ferrero ingrese al TCA

Comenzado el segundo año del período, el gobierno de Yamandú Orsi tiene algunos objetivos de gestión pendientes que se ha propuesto concretar en el mediano plazo, y que han ocupado titulares de prensa de los últimos días. Por ejemplo, el envío al Parlamento del proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia u otras iniciativas legislativas, como la que plantea un nuevo impulso al empleo o reformas necesarias al nuevo Código del Proceso Penal —ambas propuestas que, según lo previsto, se terminarán de analizar por Presidencia esta semana para trasladarlas luego a los legisladores.

Pero también está pendiente una prioridad trazada al inicio del mandato: la elección, por consenso político, de los cargos de contralor y del sistema de justicia. Es decir, se encuentra pendiente completar la conformación del Tribunal de Cuentas de la República y la Corte Electoral, ambos organismos que tendrán representantes de la oposición, pero, y aquí es donde el escenario se vuelve más complejo, también lo están la elección política de los cargos de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y la designación de un titular de la Fiscalía General de la Nación —meta para la cual el gobierno, en estos últimos días, evalúa una nueva estrategia paras buscar avances.

El problema, en general, se arrastra desde hace años. Respecto a la designación del fiscal de Corte, por lo menos desde octubre de 2021, que fue cuando Jorge Díaz —hoy prosecretario de Presidencia— renunció a la conducción del Ministerio Público y dio inicio así a intensas y dilatadas conversaciones entre el oficialismo y la oposición de entonces —encabezadas en aquel momento por los exsenadores Lucía Topolansky (por el Frente Amplio) y Gustavo Penadés (por el Partido Nacional)— que no llevaron a ningún lado.

Lo que sí logró la bancada de la administración de Luis Lacalle Pou fue, valiéndose de su mayoría, aprobar en la Rendición de Cuentas de 2021 una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía para que, una vez jubilado quien había quedado en sustitución de Díaz —el fiscal Juan Gómez— asumiera la actual conductora del organismo, Mónica Ferrero, como fiscal subrogante de Corte, en tanto era la fiscal de Montevideo más antigua en la órbita penal.

Desde entonces, Ferrero, quien siempre recogió simpatías en filas de blancos y colorados, fue ganándose la confianza de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, hasta que esa confianza mutó en explícito respaldo de parte de las cúpulas dirigenciales de los partidos Nacional y Colorado, una vez que Orsi asumió el poder en marzo de 2025.

Pero, por contrapartida, y más allá del respaldo institucional de gobierno cuando el 28 de setiembre pasado Ferrero sufrió un atentado en su casa —del que salió ilesa, a pesar de la explosión de una granada a metros de donde dormía—, la visión que tiene la Torre Ejecutiva de su gestión es bastante crítica. Como informó El País a comienzos del 2025, en Presidencia entendieron rápidamente que la jerarca no cuadraba con el perfil que esta administración pensaba para ese cargo, y para mediados de año la evaluación sobre la labor de la fiscal de Corte no podía ser más crítica: su rol en el cargo era considerado "cada vez más insostenible", por lo que debía buscarse un sustituto.

Para entonces ya había ocurrido un episodio que significó un "antes y un después" para el gobierno y el Frente Amplio, dijeron a El País fuentes del Ejecutivo: la designación de Sandra Fleitas como nueva titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno. Eso, en los hechos, implicó que esa funcionaria asumiera en la causa en que se investiga si Charles Carrera cometió irregularidades en el Hospital Policial cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior (2012-2017), cuando para el oficialismo Fleitas no es una fiscal ecuánime ni brinda garantías.

Todo este escenario que se fue configurando terminó por hacer casi imposible el acuerdo en el Parlamento, una vez más. Porque el Frente Amplio ostenta una mayoría relativamente justa en el Senado —17 en 31—, insuficiente para votar el cargo de fiscal de Corte, ya que la Constitución exige que la venia sea otorgada "siempre por tres quintos de votos del total de componentes" de la cámara alta.

Sin embargo, los esfuerzos persisten y las conversaciones también, aunque senadores como el nacionalista Javier García y el colorado Andrés Ojeda hayan declarado sin matices que su respaldo a Ferrero es total y la elección de otro nombre, imposible.

Por lo pronto, una posibilidad que manejan en la Torre Ejecutiva y en filas frenteamplistas, dijo a El País una fuente del gobierno, es proponer a la oposición que Ferrero pase a integrar la próxima vacante que se generará en el TCA, lo que ocurrirá en abril, cuando se jubile la ministra Selva Klett.

De esa manera, razonan en Presidencia, podrían cumplirse con dos expectativas: Ferrero continuaría en un cargo del mismo estatus y nivel salarial que el que tiene actualmente y, a la vez, en su lugar, como fiscal penal de Montevideo más antiguo, asumiría el actual fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, una figura que, según la visión del Ejecutivo, no debería generar rechazo en la oposición.

Ese escenario, señaló la fuente, "debería al menos abrir de nuevo las negociaciones" con blancos y colorados o, en su defecto, votar a Rodríguez como titular en el cargo.

Desde un primer momento, cuando se iniciaron las conversaciones en este período, en la Torre Ejecutiva evaluaron como más abierto al diálogo el grupo político que lidera el senador colorado, Pedro Bordaberry. A mediados del año pasado, de hecho, el referente de Vamos Uruguay planteó a todos los partidos la necesidad de conformar un ámbito parlamentario para discutir estos asuntos pendientes. "La actual composición del Parlamento, sin mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y con una situación de paridad en la Asamblea General entre el oficialismo y la oposición, nos interpela como legisladores a ejercer una política basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos duraderos", señalaba la carta que repartió Bordaberry.

No obstante, y pese a ser bien recibida por la bancada frenteamplista, eso nunca se creó, aunque las conversaciones informales para destrabar este tema han retornado en los últimos días.

"Nosotros estamos siempre dispuestos a conversar y negociar", dijo ahora a El País Tabaré Viera, el otro senador de Vamos Uruguay. "Habría que llegar a un acuerdo; sería lo mejor", agregó. Ferrero, dijo también, sigue siendo considerada por este sector como "una muy buena candidata" para ser votada como titular, pero remarcó que "todo es conversable":