En el gobierno crece la disconformidad con Ferrero y oposición cuestiona que el FA busque "casi" interpelarla

El funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de la fiscal de Corte Subrogante Mónica Ferrero desde diciembre de 2023, es una constante preocupación en el gobierno de Yamandú Orsi, que se ha trazado, entre otros varios objetivos políticos para el período, que el Ministerio Público sea dirigido por un titular.

Como es sabido por todo el sistema político —que no ha resuelto este problema desde que Jorge Díaz, hoy prosecretario de Presidencia, renunció como fiscal de Corte a principios de octubre de 2021— se necesitan el voto de 21 senadores para que eso ocurra, lo que significa un acuerdo general entre oficialismo y oposición que no se alcanzó en el período del presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025) y al momento está lejos de alcanzarse en el actual.

Lo que es un hecho, y cada vez más claro, es que la gestión de Ferrero en el organismo genera cada día más disconformidad en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, dijo a El País una fuente del Poder Ejecutivo, que agregó: "Para el gobierno, es una situación cada vez más insostenible".

Algunas de las razones fueron expresadas por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) este martes, particularmente por los legisladores que integran la comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta, que ya plantearon la convocatoria de la jerarca en ese ámbito con "carácter urgente", debido al "manejo extraño que se ha venido realizando por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el traslado y destino de fiscales de la República en base a criterios poco criterios poco claros y confusos".

Como ejemplos de traslados cuestionables, la coalición de izquierda se refirió al que se dispuso para Sabrina Flores, que estaba en la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, investigando los últimos detalles del caso Astesiano, y desde la que solicitó —pero Ferrero le negó— realizar una pericia internacional al celular del excustodio de Lacalle Pou condenado en febrero de 2023, y luego fue trasladada a una fiscalía de Homicidios —que, por otra parte, ella venía requiriendo.

Pero en la resolución de la convocatoria —que deberá votarse este miércoles en comisión— también se incluyeron otros "hechos extraños" que se fueron "sumando" en el último tiempo que también involucraron "el traslado y destino de fiscales vinculados a causas sensibles". Y ahí el FA incluyó el de Stella Alciaturi, la fiscal que imputó al intendente de Soriano Guillermo Besozzi por ocho delitos de corrupción y luego fue derivada a la Fiscalía de Atlántida.

Los legisladores también se refirieron al traslado "por motivos personales" de la fiscal Silvia Porteiro, que estuvo a cargo de la investigación del exsenador frenteamplista Charles Carrera. Esto llevó a que la causa fuera asignada a la fiscal Sandra Fleitas, en una decisión que para la izquierda es dable cuestionar, ya que a su entender se ascendió "a la Fiscalía de Delitos Económicos de 2° turno a la fiscal Fleitas cuando esta recién había sido ascendida dos meses antes".

Esto fue rechazado de plano por los senadores de la coalición republicana —en la voz de Javier García (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado—, que respaldan desde el inicio de la actual legislatura la actuación de Ferrero.

"Todos los argumentos que utilizan para negar la comparecencia de (Ricardo) Perciballe", dijo Ojeda en conferencia de prensa —al recordar la decisión del oficialismo de no permitir que el fiscal de delitos de Lesa Humanidad profundice en el Parlamento sus críticas a la gestión de Díaz en el Ministerio Público— "son los que alegremente contradicen a las 24 horas para citar a la fiscal general a dar explicaciones de traslados específicos que no son del agrado para el FA".

Llamó a la decisión de los senadores del gobierno como una "casi" interpelación por trasladar a fiscales que "afectan o intervienen" en temas de "interés" para el oficialismo.

Es con este contexto que el gobierno busca el nombre que pueda seducir a todo el sistema. Las "conversaciones" con este fin existen, pero por el momento no hay mayores resultados. "Vamos a llegar a un acuerdo, pero a la muy largo", dijo un integrante del Poder Ejecutivo, en donde confían en que, al menos en estos cinco años de la administración de Orsi, se podrá designar a una persona que conforme a blancos y colorados.

Consultado al respecto, el senador García repitió hoy ante los medios su opinión de que que en la Fiscalía "existe un centro de operaciones políticas" y que para solucionar este problema, antes que elegir a un nuevo conductor, debe cambiarse la "institucionalidad" del organismo. O sea, crear un triunvirato y que la institución pase a ser dirigida por tres fiscales y no uno, algo que es rechazado por el oficialsimo y el gobierno y tampoco genera consenso en filas coloradas, señalaron fuentes parlamentarias.

Ojeda, por su parte, llamó a "desdramatizar" que hoy el Ministerio Público sea liderado por una fiscal subrogante —lo que no significa que tenga menos facultades que un titular, subrayó el colorado—, y se extendió en elogios hacia Ferrero.

En la oposición, señalaron otras fuentes consultadas, el apoyo a Ferrero para que continúe estos cinco años de momento es sólido.