Propuesta de Orsi para bajar tope de transferencias en efectivo genera dudas y críticas en el Parlamento

El gobierno de Yamandú Orsi tiene prácticamente pronto el anteproyecto de ley por el que buscará introducir varias modificaciones a la actual Ley de Lavado de Activos, y un cambio importante a una disposición que se había aprobado en la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en la pasada administración.

Lo que deberá discutir el Parlamento en los próximos días son propuestas trabajadas en la comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo —órgano que es presidido por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz— que suponen cambios de tipo formal, como ajustes a la redacción para que la norma dialogue de mejor manera con el actual Código del Proceso Penal, y modificaciones más palpables. Por ejemplo, la corrección de una "anomalía" en la definición que tiene la actual ley —aprobada en el período de la presidencia de Tabaré Vázquez— en una de las tipificaciones del delito de lavado: la de "asistencia, (que) por un error" en la ley original "quedó como asistencia a los delitos precedentes del lavado de activo", lo que generó que Uruguay estuviera durante este tiempo incumpliendo "convenciones internacionales", advirtió Díaz este martes en entrevista con La Diaria Radio.

La norma también establece otros cambios, como la eliminación de la fiscalía especializada en lavado —que había sido creada por la Rendición de Cuentas de 2021, pero que comenzó a operar en 2023—, cuyo desempeño no ha sido satisfactorio para el actual gobierno y fundamentalmente para la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero.

Hasta aquí, según señalaron a El País varias fuentes parlamentarias, en principio no hay mayores discrepancias en el arco de la coalición republicana, aunque sí implicará un estudio meticuloso en las comisiones de ambas cámaras y un probable debate jurídico.

El problema surge con la iniciativa que busca dar marcha atrás con uno de los artículos de la LUC: el tope máximo permitido para hacer transacciones en efectivo, y que fue una de las 435 disposiciones que el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscaron derogar sin éxito en el plebiscito que se realizó en marzo de 2022

Ese tope —fijado por la LUC en 1.000.000 de Unidades Indexadas, unos US$ 150.874, a valor actual— había partido de un límite considerado "muy bajo" por el propio Díaz, pero constituye un margen demasiado amplio para los objetivos de este gobierno en su combate al lavado de activos, una política que el prosecretario de Presidencia suele recordar que es "prioritaria" en esta gestión.

"La cifra que ha definido el presidente de la República es una cifra aproximada a los US$ 40 mil, superior a la que estaba antes y muy inferior, menos de la mitad, de la que está hoy", dijo Díaz en la entrevista radial.

Ahora bien, en este tema el oficialismo sí tendrá algunos escollos que superar en el Palacio Legislativo, en donde el Frente Amplio solo tiene mayoría en el Senado.

Es cierto que no es un tema que se haya comenzado a debatir y que hoy forme parte de las conversaciones en las distintas bancadas, pero ya hay voces que marcan distancia con este cambio —que supondría el revés en un tema defendido en la presidencia de Luis Lacalle Pou.

"Los fundamentos parten de un error conceptual", dijo por ejemplo a El País el senador colorado Andrés Ojeda. "Pero aparte, ¿por qué se fija el número de 40 mil y no cualquier otro? ¿Cuál es el criterio?".

El argumento que apunta a que, reduciendo el tope, las transferencias bancarias se incrementarán y crecerá así el control del flujo de dinero ilícito, para Ojeda no es de recibo. "El pasaje por el banco implica solamente eso —aseguró—. Asumen que el banco es el máximo controlador y no necesariamente es así. No es su rol controlar la procedencia del dinero, simplemente es un sujeto obligado, al igual que una automotora".

Pero el problema, y la complejidad de las negociaciones, pueden surgir en Diputados, como con cualquier otro proyecto al que le cueste reunir consenso.

El oficialismo tiene allí 48 representantes, con lo que necesita convencer a al menos dos legisladores. Si no surgen de entre blancos y colorados —que intentan actuar en unidad para preservar el bloque—, los dos partidos que cuentan con esa cantidad de bancas —cada uno— son Cabildo Abierto —el partido de Guido Manini Ríos— e Identidad Soberana, la fuerza política del abogado Gustavo Salle.

Ambos grupos son contrarios a la Ley de Inclusión Financiera —la norma original que estableció el primer tope, aprobada sobre el filo del gobierno de José Mujica— y a todo concepto que se vincule con la "bancarización obligatoria", con lo cual el punto de partido para las conversaciones es de oposición de base al planteo.

Salle buscó directamente derogar todos los aspectos de la ley durante el período de Vázquez en una infructuosa campaña de juntada de firmas, y el partido de Manini, sin llegar a ese extremo en este tema, está también filosóficamente en contra al planteo, según recordaron a El País sus dos diputados, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

En principio, su disposición inicial es a no votar la acotación de este tope, pero ambos indicaron que no es un tema que hayan discutido y, por tanto, definido.