En votación dividida, Diputados aprobó modificaciones a la ley de lavado de activos propuesta por el gobierno

La Cámara de Representantes aprobó este lunes una serie de modificaciones propuestas por la oposición al proyecto de ley de lavado de activosque sustituye a la ley actual, que data de 2017. Al inicio de la votación y, por acuerdo de los partidos políticos, se desglosaron cuatro puntos del primer artículo de la iniciativa del gobierno, que sustituye varias disposiciones de la normativa anterior.

Sobre el primer punto, el diputado blanco Pablo Abdala lo señaló como la “discrepancia central” con el oficialismo, ya que pretende atribuirle “facultades extraordinarias” a la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), sin requerir autorización judicial por ejemplo ante la posibilidad de hacer requisas de los soportes informáticos a los sujetos obligados (casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios, abogados en algunos casos, escribanos, entre otros).

El legislador aseguró que se trata de un “severo riesgo a las garantías individuales” y un “cheque en blanco”, y cuestionó la independencia “relativa” del organismo, en referencia al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, de quien los partidos de oposición expresaron su “desconfianza”. Por su parte, Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, coincidió en que “puede violentar garantías individuales” y el secreto profesional.

Desde el Frente Amplio, el diputado Joaquín Garlo sostuvo que “no hay ampliación de potestades”, sino que se pretende “detallar lo que la ley ya establece”. “No hay ningún riesgo para el Estado de derecho”, afirmó. Tras el debate, ni la redacción original ni la planteada por la oposición contó con los votos suficientes.

En cuanto a los límites a las transacciones en efectivo, el nuevo proyecto también plantea que de los aproximadamente US$ 160.000 que estaban permitidos a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —aprobada en julio de 2020—, ahora pasen a ser de 200 mil unidades indexadas (cerca de US$ 34.000), pero junto con un agregado: se podrá pagar en efectivo “el cinco por ciento (5%) del valor total” de la transacción, “siempre que dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas” (cerca de US$ 75.000).

Esto no fue apoyado por el Partido Nacional ni por Cabildo Abierto, pero sí por parte del Partido Colorado, además del Frente Amplio, por lo que la modificación fue aprobada. Identidad Soberana, partido liderado por Gustavo Salle, votó negativamente a todas las iniciativas que se trataron. Con respecto al artículo referente a suprimir la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, blancos y colorados se opusieron a lo propuesto por el gobierno.

Otro punto desglosado fue el referente a los sujetos obligados no financieros, del cual la oposición propuso agregar explícitamente a los sindicatos a través de un texto sustitutivo, que también incluía contemplar aquellas transacciones “con activos virtuales”, que fue aprobado. El punto referido a la “conservación de registros” no reunió los votos necesarios. Por lo tanto, al igual que el primer punto, fue eliminado del proyecto. Inicialmente, pasó lo mismo con el de “medidas simplificadas de debida diligencia”, pero tras una reconsideración se aprobó.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo fue votado en el Senado con el voto general del oficialismo y los partidos Nacional y Colorado. En diciembre de 2025, fue aprobado en general por Diputados y las modificaciones postergadas.