Al cierre de cada año legislativo, como es habitual en diciembre, la Cámara de Representantes arrastra varios proyectos pendientes. En una nueva sesión extraordinaria que se llevó a cabo este miércoles, dos grandes temas prometían acaparar el debate parlamentario. Por un lado, la ley de lavado de activos, una prioridad para el gobierno y para la bancada del Frente Amplio para que se vote antes de terminar 2025. Por el otro, un nuevo tratamiento a la posibilidad de conformar una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones.
Sin embargo, pese a que había un compromiso de votar el proyecto y la comisión investigadora antes de fin de año, finalmente después de largos cuartos intermedios y negociaciones los partidos con representación parlamentaria acordaron votar solo en general el de la ley de lavado de activos y postergar el tratamiento en particular del articulado para ser tratado el próximo 23 de febrero. En el caso de María Dolores, tampoco se aprobó la comisión investigadora y se volvió posponer su conformación.
Ley de activos
Según supo El País, los diputados del Partido Colorado fueron los que plantearon en primer término sus discrepancias con votar el proyecto de ley de lavado de activos que vino del Senado así como estaba. Eso llevó a que comenzaran largos intercambios en los pasillos del Palacio Legislativo.
Conrado Rodríguez, por ejemplo, dijo a El País que aunque tenía la intención de acompañar la iniciativa en líneas generales, todavía le quedaban algunas dudas sobre algunos “superpoderes” que se le dan a la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), algo que luego expresó cuando le tocó hablar en sala.
El colorado perteneciente a Vamos Uruguay mencionó por ejemplo la posibilidad de hacer resquisas de los soportes informáticos a los sujetos obligados (casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios, abogados en algunos casos, escribanos, entre otros) sin una autorización judicial.
En tanto, el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, también planteó discrepancias en este sentido, señalando que no hay una "debida limitación, ni debidas garantías", en cuanto a las intervenciones que pudiera hacer la Senaclaft. Incluso sostuvo que los blancos ya presentaron una propuesta que no prosperó para mejorar este especto.
A su vez, Rodríguez quería plantear incluir a los sindicatos de forma expresa como sujetos obligados. En diálogo con El País, el legislador indicó que aunque en el proyecto de ley figura “asociaciones civiles y cualquier organización sin fines de lucro con o sin personaría jurídica” (estarían incluidos), en el caso de los partidos políticos se mencionan en forma expresa.
“Hay que tener en cuenta el contexto de todo lo que viene pasando con los fondos de los sindicatos en los últimos meses. No es una propuesta para perjudicar a los sindicatos, sino para defender a los buenos sindicalistas”, argumentó el diputado.
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que propone intensificar los controles dándole mayores potestades a organismos como la Senaclaft y bajar el tope de las transacciones con efectivo —entre otras modificaciones a la ley de 2017—, ya fue votada en el Senado con el voto general de los partidos Nacional y Colorado.
En el caso del último, a excepción del senador Gustavo Zubía, acompañaron también el articulado después de que se aceptaron cambios propuestos por el partido de la oposición.
En cuanto a los límites a las transacciones en efectivo, el nuevo proyecto plantea que de los aproximadamente US$ 150.874 que estaban permitidos a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC) —aprobada en julio de 2020—, ahora pasen a ser de 200 mil Unidades Indexadas (unos US$ 31.830, a valor de hoy), pero junto con un agregado: se podrá pagar en efectivo "el cinco por ciento (5%) del valor total" de la transacción, "siempre que dicho monto no supere las 450.000 Unidades Indexadas", o sea unos US$ 71 mil.
Esta modificación, entre otras cosas, significa derogar una disposición que fue refrendada en las urnas en marzo de 2022 cuando la oposición de ese entonces buscó derribar 135 artículos de la LUC, y esto fue cuestionado tanto por el Partido Nacional, como también por Cabildo Abierto,.
"Una modificación de la LUC no corresponde por razones de legitimidad. Porque fue ratificada por la ciudadanía en el referéndum del año 2022", sostuvo Abdala. Y añadió: "Aunque no hay una norma expresa que impida que el Parlamento pueda derogar normas ratificadas popularmente, toda la doctrina constitucional coincide en que las normas que pasaron por el tamiz de la democracia directa adquieren una robustez, y sin ninguna duda quedan blindadas".
En este sentido, el cabildante Álvaro Perrone, a su turno, sostuvo que se estaba ante una "violación del referéndum de la LUC" y ante un "no respeto a lo que la ciudadanía eligió en las urnas".
"Hubo un acuerdo para votar en general, y votar los artículos después, pero lo que creo es que hay que ponerle títulos a los proyectos que tengan que ver con los proyectos. Porque a veces los títulos dicen una cosa y el proyecto es totalmente otra. Por eso vamos a votar en general el título, que dice prevención de lavado de activos. Lo que hay adentro es una persecución recaudatoria donde queda demostrado que actuó el lobby bancario, porque es uno de los grandes beneficiarios de este proyecto", sostuvo Perrone.
María Dolores
Otro de los platos fuertes previsto para este miércoles y en el que había mucha incertidumbre sobre lo que podía pasar en lo previo era la conformación o no de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores.
En setiembre, el Partido Colorado y el Partido Nacional impulsaron la instancia, pero no contaron con el apoyo de los diputados de Cabildo Abierto y no se alcanzó la mayoría absoluta.
En cambio, el Frente Amplio votó la moción presentada Perrone para que la posible formación de la investigadora se tratara el 9 de diciembre, después de aprobado el Presupuesto Quinquenal.
Este miércoles, en horas de la tarde, los dos votos de Cabildo Abierto estaban para aprobar la integración de una comisión investigadora, pero sin embargo la oposición también decidió postergar la votación para febrero. En caso de haberse conformado, la comisión hubiese contado con seis miembros de la oposición (incluido uno de Identidad Soberana y uno de Cabildo Abierto) y con cinco del Frente Amplio.
Pese a que los dos grandes temas que iban a haber en uno de los o el último pleno de 2025 finalmente se decidió no tratarlos y postergarlos, hubo otros proyectos de ley que contaron con la aprobación del Parlamento en la jornada de este miércoles. Uno de ellos fue presentado por el también colorado Gabriel Gurméndez y se vincula a la divulgación de contenidos sexuales elaborados con inteligencia artificial.
El proyecto modifica la ley de Violencia Basada en Género e incorpora a la legislación vigente que hoy penaliza la difusión no consentida de videos con contenidos sexuales reales, que también se sancione a los elaborados con inteligencia artificial.
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