Interpelación por muertes en INAU: denuncia de "falta de empatía" e imposibilidad de "reparar daño" en 12 meses

“Una cosa es que el sistema falle por falta de recursos, pero otra muy distinta es la falta de empatía, presencia, humanidad y, sobre todo, la mentira”. Así, el diputado blanco Pedro Jisdonian marcó la tónica de su postura en la interpelación que se desarrolla este martes en la Cámara de Representantes a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por las ocho muertes de menores bajo el cuidado estatal que hubo en 2025.

Los datos oficiales del INAU son que hubo 190 muertes en el sistema de protección especial de 2015 a 2025. Si se pone la lupa en el último año, hubo 20, de los cuales ocho fueron niños, niñas y adolescentes y los 12 restantes mayores de edad. A esto se le sumó que en 2026 hubo 10 fallecimientos, cinco y cinco de cada grupo de edad.

La presidenta del INAU, Claudia Romero —que está en sala junto a otras autoridades del instituto y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila— explicó que hay un “núcleo estructural que explica” las muertes que sucedieron en el INAU en 2025. Sucede, según indicó en su intervención, que “más del 70% ocurrieron vinculados a dos dimensiones: ser mayor de edad o estar en situación de discapacidad” que generan “comorbilidades que suben el riesgo de fallecimiento”. Entonces, continuó, “se trata de personas que estuvieron mucho tiempo en nuestra institución”.

Romero, además, se refirió a dos factores externos que influyen y estresan de manera directa la capacidad que tiene el INAU. Una es que la población en el sistema de protección especial creció un 1,1% entre diciembre de 2024 (7.901 personas) y el mismo mes de 2025 (7.988). Otro es que en cinco años hubo “un aumento acumulado de 200% de la demanda de atención por oficios del poder judicial”. Esto porque pasaron de ser 24.500 en 2020 a 73.414 en 2025.

Su presidenta afirmó que no van “a decir que todo está bien” en el sistema, pero, aseguró, están ante un escenario que les “preocupa, duele y desvela”.

Al mismo tiempo, recordó que los niños y adolescentes que están en el “sistema de protección especial” del INAU “son los más vulnerables” y que “llegaron allí porque sus entornos familiares no pudieron sostenerlos”. Pero señaló en la sesión: “Vamos a ser precisos en algo que no siempre se dice con suficiente claridad: no se puede reparar en 12 meses el daño estructural histórico de muchísimos años”.

Por su parte, el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, reafirmó lo que ya había dicho Romero: no se dieron ciertos datos sobre las muertes que, a entender del instituto, podían revictimizar y, además, porque creían que no era el ámbito para que sean tratados.

Ante la consulta de cuántas muertes se dieron por falta o falla de servicios, Fuentes aseguró que hay investigaciones administrativas y en Fiscalía en curso, por lo que era “poco” lo que podían agregar para no inferir con los procesos que se estaban dando.

Sí señaló que dos investigaciones se archivaron en Fiscalía porque no se encontraron omisiones o dolo en el contexto en el que se dieron las muertes.

Por otra parte, por la consulta sobre denuncias de violencia institucional, el vicepresidente afirmó que “se han hecho los procedimientos administrativos correspondientes” y que, en ese marco, “se han cerrado cinco proyectos que tenían observaciones de gravedad”.

“Somos conscientes de que el INAU tiene dificultades y que son grandes. Pero nadie y absolutamente nadie puede decir que va a solucionar la magnitud de algunos de estos en un corto plazo. Si lo está diciendo, está faltando a la verdad”, añadió.

El Mides y el INAU ya concurrieron al Parlamento en febrero a la comisión permanente pero, a diferencia de esa instancia, en la Cámara de Representantes el Frente Amplio no tiene mayoría. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que parte de la oposición logre que se apruebe una moción crítica a la gestión del gobierno. Como ha sucedido a lo largo de todo el período, los dos votos de Identidad Soberana y los dos de Cabildo Abierto serán claves.

El primero en hablar en la interpelación fue el diputado Jisdonian, quien criticó de manera dura la gestión del INAU e incluso se dirigió de manera directa a sus autoridades —por lo que se le llamó la atención en reiteradas oportunidades, ya que los legisladores deben dirigirse hacia la presidencia de la Cámara— en reclamo de la “desprotección” en la que considera que están los niños y adolescentes al amparo del Estado.

“No estamos hablando de fríos expedientes, sino de vidas que ya fueron golpeadas por la violencia, el abuso y la negligencia. Y que, cuando llegaron a pedir ayuda al Estado, se encontraron con una pared de burocracia y más desprotección. Para que nadie diga que esto es un ataque político y que estoy inventando problemas, quiero que miren esto: es el informe de Amnistía Internacional 2025-2026. No dice que hay problemas, señala que hay fallas persistentes y déficit estructurales”, sentenció el diputado blanco.

Además, criticó que, “cuando la pradera se estaba incendiando” y había “tres niños fallecidos en situaciones poco claras”, las autoridades estaban “de licencia”. “No puede ser. Se los digo de frente, no puede ser. Lo más vergonzoso no es que no estaban, es que quisieron engañarnos para hacer que no habían abandonado el barco en la tormenta. Sin embargo, la careta se les cayó de la manera más ridícula”, añadió.

Pero no es la versión que dio el vicepresidente del INAU. Fuentes señaló que, de manera formal, “no hubo un minuto” donde coincidiera su licencia con la de Romero porque ella canceló un viaje que tenía previsto a Ginebra por el instituto.

Jisdonian también acusó que lo “mandaron vigilar” porque se reunió “con las familias de las víctimas, que solo pedían ser escuchadas”. Esta “actitud” —continuó el legislador— “no es propia de un país democrático, sino que es más de la KGB”.

En respuesta, el ministro de Desarrollo Social dijo que le “preocupa una referencia de este tipo” y descartó “de plano cualquier acción institucional que esté vinculada a esa referencia”. En esa línea, indicó: “Nos queríamos poner a disposición de, en caso de que exista evidencia, acompañar al diputado a hacer la denuncia pertinente. Es algo grave hablar de una persecución o seguimiento en democracia”.

Jisdonian, minutos más tarde, apuntó que, “mientras en INAU anotan salidas no acordadas en un papel, el crimen organizado está reclutando a nuestros gurises en los barrios más pobres”. En esa línea, denunció que las “bandas les dan $ 500 o $ 1.000” a los menores “para llevar un paquete, le dan la identidad y el respeto que el Estado no le dio". “Y, mientras esto pasa, el Estado brilla por su ausencia”, denunció.