Coalición reafirma rechazo a cambio de fiscal de Corte y postura de Bordaberry complica aún más al gobierno

Para que el gobierno de Yamandú Orsi pueda designar a un fiscal de Corte titular, y desplazar a Mónica Ferrero —hoy subrogante en el cargo— precisa, por Constitución, que 19 senadores voten su propuesta. Ese fue un desafío que el Frente Amplio tuvo claro desde que ganó las elecciones a fines de 2024, porque supo ya entonces que en el Senado contaría con 17 manos levantadas. Por lo que le faltan dos. Y durante gran parte del inicio de este período el oficialismo creía que una solución a ese problema podía encontrarse en los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera del Partido Colorado.

De hecho, hubo conversaciones entre el oficialismo y Vamos Uruguay el año pasado, en pos de resolver un conflicto que tiene estancado al sistema político desde que Jorge Díaz, actual prosecretario de la Presidencia, renunció al cargo de fiscal general en octubre de 2021. Pero ni entonces —cuando ya se pensaba en el recambio de Díaz al terminar su mandato— ni ahora —con Ferrero como subrogante desde 2023, cuando Juan Gómez enfermó y más tarde se jubiló— oficialismo y oposición pudieron llegar a buen puerto en la búsqueda del necesario consenso detrás de una figura.

Lo que hubo en este primer año de gestión frenteamplista fue una primera definición del punto de partida, que implicaba un diagnóstico más que crítico con la administración de Ferrero, y luego el análisis de eventuales nombres a proponer a la oposición para sustituir a la jerarca, aprovechando en algún caso las buenas señales que provenían del grupo de Bordaberry, como por ejemplo aquella propuesta que el senador formuló a mediados de 2025 para crear una coordinación interpartidaria con el fin de discutir este y otros temas, atento a que "la actual composición del Parlamento, sin mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y con una situación de paridad en la Asamblea General entre el oficialismo y la oposición", obligaba a encontrar caminos de acuerdo mediante el "diálogo".

Pero al inicio de esta semana quedó claro que esa puerta, al menos de momento, está cerrada. Luego de que El País informara que en el gobierno manejaban la posibilidad de que Ferrero pasara a integrar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cuando se generara la próxima vacante (en abril), y así reactivar las "negociaciones" —en su lugar quedaría, también como subrogante, el fiscal penal de Montevideo más antiguo, Enrique Rodríguez—, blancos y colorados se pronunciaron en expreso rechazo, y esto incluyó al propio Bordaberry.

"No se puede pedir un acuerdo nacional y que tu propuesta sea algo que se sabe no es posible", escribió temprano este lunes el senador, que a continuación enumeró tres principios políticos: "No al Ministerio de Justicia"; "No al cambio de la fiscal de Corte"; "Derogar el Código del Proceso Penal y volver al anterior".

El malestar de Bordaberry, dijo el senador a El País, tiene que ver con que se envíen "propuestas de negociaciones por la prensa", pero además añadió que estaba "seguro" que Ferrero, a quien dice conocer bien, "no aceptaría nunca una propuesta de ese tipo", en referencia a que pase a integrar el TCA. "Ese no es el camino de seriedad y responsabilidad (que se necesita) ante un tema tan delicado como este", lamentó.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado —cuya mayoría ostenta el senador Andrés Ojeda, contrario desde un inicio a quitar a Ferrero de su lugar—, y el directorio del Partido Nacional —defensor de Ferrero desde la primera hora—, abordaron el tema este lunes y volvieron a ratificar su postura contraria a pensar otro nombre para el Ministerio Público.

"Yo no sé cuál es el problema que tiene Mónica Ferrero, que nos da garantías a todos y que es mujer, que tiene una actitud contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que ha sido víctima de un atentado y que ha demostrado poner orden en la Fiscalía", dijo Álvaro Delgado, presidente de los nacionalistas, en conferencia de prensa.

"Estamos perplejos", declaró, por su lado, Ojeda, el secretario general de los colorados. "No podemos entender cómo si la fiscal es buena para ir al TCA, no es buena para ser fiscal de Corte —agregó—. Nadie en el gobierno, ni ninguno de los actores políticos del Frente Amplio, ha podido explicar públicamente por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Mónica Ferrero" en forma definitiva, para que pueda quedarse "en el cargo" investida "como titular".

La propuesta que formuló Ojeda, que ya ha hecho otras veces, es que la coalición republicana —y para esto el CEN resolvió iniciar la comunicación "con las bancadas parlamentarias" del bloque— "garantice la continuidad" de la jerarca en la Fiscalía "por todo este período de gobierno". O sea, hasta 2030.

Aunque no hubo respuestas, los blancos están de acuerdo."La insistencia oficialista de sacar a la fiscal de Corte y cambiarla no tiene votos. Tema saldado. Insistir con ello es perder el tiempo", escribió, por ejemplo, el senador Javier García, en respuesta al tuit de Bordaberry, a quien El País consultó sobre la iniciatica de Ojeda, pero sobre esto eligió no hacer declaraciones.

Sin embargo, el otro senador de Vamos Uruguay, Tabaré Viera, aseguró que aunque el espíritu de este sector es siempre la disposición al diálogo, su "candidata" es Mónica Ferrero. "Y la vamos a respaldar. Hay que votarla, a lo mejor el Frente Amplio también la apoya, porque tiene que ser titular y no subrogante, no interina", dijo el colorado.

García agregó: "La única fiscal que tiene los votos es Ferrero. Si el gobierno quiere dejar de manosearla, y resolver el problema, tiene que enviar la venia con su nombre".