El Seba”, como lo llamaban en los inicios de su carrera delictiva en Uruguay, es el narco del que hoy habla el continente. Fue detenido, tras varios intentos, en una lujosa casa en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y fue extraditado casi inmediatamente a Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero. El actual “gerente de la hidrovía”, antes, fue el Seba y Uruguay, el país del que es oriundo, fue el primero en registrar sus huellas en el mundo criminal.
Pese a que pasaron 13 años de ese momento y se convirtió en el zar del mercado regional, él no alejó la mira completamente de su país natal. Por eso, su detención, pone a Uruguay en “alerta”. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que se está “pendiente” de cualquier represalia que pueda surgir en el país.
Se realizan constantes monitoreos en las cárceles para detectar eventuales incidentes vinculados a bandas criminales y lo mismo está ocurriendo en este caso, según supo El País.
Esto se debe a que, según las autoridades, Marset elevó su mirada al tráfico regional sin dejar de operar aquí a través de otras personas. Negro dijo en conferencia de prensa que hay casos recientes en los que existe la “certeza policial” de que Marset participó. Fuentes policiales han relevado la posibilidad, por ejemplo, de que hubiera estado vinculado al atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y en la incautación de 2.000 kilos de cocaína en Punta Espinillo, por la que se encarceló a Luis Fernando Fernández Albín.
Pero los posibles lazos de Marset no son únicamente los recientes. En años anteriores, como 2020 y 2021, autoridades policiales lo asociaron al menos a otros tres operativos donde se incautaron cientos de kilos de droga. También se investigó su vínculo con el atentado a la Brigada Antidrogas en 2020 y la amenaza a Ferrero firmada con las siglas “PCU”, Primer Cartel Uruguayo.
Uruguay nunca tuvo la evidencia suficiente para pedir su detención, pero el ministro dijo que están “abiertos a colaborar con la Justicia norteamericana” y podrían ofrecer la información si lo pidieran.
En Uruguay
El Seba era un veinteañero de Piedras Blancas, nada parecía sobresalir en él. Pero en ese año, 2013, casi concomitantemente se vio envuelto en tres causas.
La primera vez que se vio cara a cara con la Justicia fue por un cargo simple, una receptación (recibir u ocultar dinero u objetos provenientes de un delito). Pero casi al mismo tiempo, en setiembre de 2013, lo comenzaron a indagar por tenencia de droga para no consumo. Mientras la Justicia investigaba una rapiña, dieron con una “boca” de marihuana y vieron a Marset llegar al lugar. Aunque en ese momento no lo vincularon a la distribución ni a la venta, allanaron su casa y encontraron ladrillos de marihuana que pesaban 15 kilogramos.
Desde tres meses antes (julio de 2013) se lo venía investigando, en silencio, por la primera causa de macrotráfico a la que se lo vinculó. Se trató de la Operación Halcón. En la cárcel de Las Rosas (Canelones) incautaron el celular de un recluso particular: Juan Domingo “Papacho” Vivero Cartes, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Estaba preso por participar de una organización que traficaba ilegalmente marihuana. Cuando fue detenido, estaba pilotando una avioneta.
Marset y otras personas participaban de una “organización criminal”, sostiene la sentencia de condena por la Operación Halcón. Lo vincularon a dos transportes de marihuana desde Bella Unión y un tercero -que fue frustrado- desde Buenos Aires. Se incautó, en total, 172 kilogramos de marihuana. En estos casos, Marset oficiaba de “puntero” de Pablo Invernizzi, otro de los condenados. Según la sentencia, el primero dijo haber adquirido un cargamento de drogas por US$ 150 mil.
El narcotraficante, que tenía tres causas abiertas, terminó cumpliendo pena de prisión solo por la última, la más grave. Un error de la Justicia, del que dio cuenta El Observador, hizo que lo liberaran sin haberle sumado la pena que le correspondía por la receptación y por los 15 kilos de marihuana que le encontraron en su casa. Marset, que había sido apresado en octubre de 2013, fue liberado a comienzos de 2018. En mayo de ese año, el fiscal pidió revocar la libertad y unificar las penas.
Después de varias idas y venidas -apelaciones, pedidos de libertad vigilada y más- se determinó que no debía volver a la cárcel. Sin embargo, ese mismo año volvió a estar en la mira de las autoridades.
La Fiscalía de Atlántida lo empezó a investigar por un homicidio en Las Toscas, la víctima era su mejor amigo de la infancia. Tenían mensajes de Marset citando al joven al lugar donde finalmente fue asesinado. Aunque llegaron a imputarlo judicialmente, un año después la Fiscalía terminó pidiendo su sobreseimiento alegando que no tenían pruebas suficientes para llegar a una condena. Que se lo liberara de culpa y cargo permitió que Marset pudiera salir del país y asentarse en Paraguay y Bolivia, donde luego logró montar su negocio internacional.
Pero la investigación de ese homicidio se tiñó de suspicacia: desapareció de la carpeta fiscal un audio de la declaración del narcotraficante. En 2024, el fiscal de Corte de ese momento, Juan Gómez, le abrió un sumario a una funcionaria administrativa de Atlántida por su proceder en el marco de esta investigación. En esa oportunidad, la Fiscalía informó que si bien habían “surgido elementos” que hacían disponer esa medida, el sumario no era “por el audio”.
La reconstrucción de las autoridades de Bolivia y Paraguay sostiene que, luego de eso, él empezó a viajar y vislumbrar lo que sería su gran negocio ilícito a nivel internacional. Para eso, sostienen, puso en práctica varias de las cosas que aprendió de narcotraficantes internacionales en cárceles uruguayas.
Interior en alerta por los nuevos liderazgos
Consultado en conferencia de prensa, Negro explicó que tienen presente que en las bandas criminales, “una vez que son capturados algunos de sus dirigentes”, ellas “se adaptan a las nuevas circunstancias y buscan suplir liderazgos con otros”. “Sabemos que debemos estar alerta para ver cómo se comportan y hacia dónde derivan las consecuencias de esta captura”, sostuvo, refiriéndose a los vinculos que podría tener Marset con otras organizaciones como el PCC.
El inicio en Piedras Blancas y lo que le decía a la psicóloga
Cuando fue detenido, Marset intentó negar que sabía que lo que había en los autos era droga. “Yo simplemente tenía que ir adelante de él (Pablo Invernizzi) para avisarle que no hubiese policías”, contó. A su vez, intentó explicar por qué encontraron marihuana en su casa. “Pablo estuvo el fin de semana en mi casa y dejó una valija, yo no sabía que había adentro”, volvió a justificar. Pero en ese momento, las autoridades le mostraron las escuchas.
La conversación, a partir de ahí, tomó un rumbo diferente. Marset reconoció que la droga era de los dos y que iban a repartir el cargamento. Indicó que por hacerle “de puntero” le cobraba $ 20 mil, pero a la vez se llevaba ganancias en base a las ventas.
En la entrevista que dio al programa Santo y Seña (Canal 4), el narcotraficante contó que empezó en ese mundo “de chico”. “Iba a los boliches, probé alguna cosa que otra y siempre un amigo en la vuelta consumía. Me metí a vender”, indicó. Sus orígenes y su personalidad estuvieron bajo la lupa de una psicóloga que lo vio en la cárcel uruguaya. En ese momento, en 2017, Marset contó que provenía de una familia de nivel socioeconómico bajo en Piedras Blancas. Dijo que vivía con su madre porque su padre, que era camionero, lo había abandonado a los ocho años. Insistió en que en su familia nadie tenía antecedentes.
Él había llegado a estudiar hasta tercero de liceo y obtuvo diplomas en talleres de chapa y pintura. Tal y como lo hizo en la entrevista televisiva, negó ser adicto a las drogas: “Algún fasito que otro me fumo… Pero nunca fui muy descontrolado”, sostuvo en la pericia.
El plan de vida que le transmitió a la psicóloga era irse a vivir con su pareja y “volver a trabajar en uno de los talleres que trabajaba”. En poco tiempo, se volvió en el narco más buscado de la región.
Los nexos que Marset tenía en Uruguay
Hoy, hablar de Marset en Uruguay vuelve inevitable referirse a las capturas de Luis Alberto “Betito” Suárez y de Luis Fernando Fernández Albín. Hace varios meses que las autoridades policiales los indican como los encargados de la logística en el territorio nacional. Aunque esa fuera la información apuntada, este viernes, tras la captura de Marset, el Ministerio del Interior lo volvió oficial.
“A nivel interno la inteligencia policial ya había logrado la detención de sus principales responsables tenientes, para decirlo de alguna forma, como son Fernández Albín y Betito Suárez”, dijo el ministro Negro.
Pero a lo largo de su historia, Marset tuvo a otros compañeros que lo ayudaron a operar en nuestro territorio. Uno de ellos fue el propio Pablo Invernizzi, quien fue encarcelado junto a él, producto de la Operación Halcón. En 2022, en una operación muy similar a la mencionada -pero a la que Marset no estaba relacionado-, Invernizzi intentó ingresar al país 85 kilogramos de cocaína. A los pocos días de ser detenido, se suicidó en la cárcel.
Otro de los hombres que estuvo asociado a él fue Rodrigo “Loly” Fontana. Él cobró especial relevancia en 2018, cuando la Policía de Rivera puso la mira en él en el marco de la Operación “La niña”, pero nunca se lo logró detener. Tras años de investigación, se lo pudo capturar en Brasil y fue extraditado a Uruguay. Las autoridades estiman que participó, junto a Marset, del planeamiento del atentado a la Brigada Antidrogas y la amenaza a Ferrero.
En 2024 ya había salido en libertad y fue asesinado a disparos en una calle en Santana Do Livramento. Quienes las autoridades señalaban como el asesino, se suicidó mediante incendio. Pese a eso, la Fiscalía de Rivera logró la condena de otras tres personas por colaborar con el crimen.
En Uruguay, está tras las rejas Sebastián Alberti Rossi, cuñado de Marset. Se entregó tras haberse fugado de la cárcel de Juan Soler donde estaba preso por una tentativa de homicidio. Estuvo cerca de dos años prófugo. La Policía de Bolivia aseguró en ese momento que Alberti Rossi era parte del “organigrama central” de la organización. E indicaron que su presunción era que había permanecido en territorio boliviano con una identificación falsa.
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