“Operación política” y “prejuicios planteados”: diputados definen día de interpelación a Mahía por caso Danza

Redacción El País
Las críticas de la oposición al presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, resultaron en dos interpelaciones. La primera será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustembeg, el próximo lunes. La segunda será al de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el 16 de diciembre —tal como se definió hoy— por un informe —que se aprobó por mayoría, sin apoyo del Partido Nacional— en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La oposición dice que Danza violó el artículo 200 de la Constitución al desempeñarse como médico en el sector privado al mismo tiempo que lideraba el prestador público. Situación que el jerarca mantuvo hasta hace una semana y pocos días. Además, cuestiona la carga horaria que le implicaban estos trabajos sumado a que es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Desde el oficialismo se sostuvo durante semanas de discusión que no había incompatibilidad, y que se iba a esperar al informe de la Jutep. Finalmente, el directorio de la Junta, que lo integran la presidenta, Ana Ferraris, el vicepresidente, Alfredo Asti (ambos en representación del oficialismo), y el director nacionalista, Luis Calabria, se reunió el 6 de noviembre. Ese día se definió “que no existe incompatibilidad” pero sin el voto del representante de la oposición, quien presentó su propio informe crítico a Danza.

El diputado blanco Pablo Abdala, quien será el miembro interpelante en el llamado a sala a Mahía, acusó que hubo una “operación política” con el informe que se publicó en la Jutep. A su entender, hubo un “proceso de simulación” donde se ha “querido transmitir” que el organismo “actuó con imparcialidad” cuando “se sabe que no fue así” porque hubo un “criterio netamente político y subjetivo”.

En el informe del directorio, continuó el legislador, “se hace una serie de argumentaciones que son claramente de tinte político con un barniz jurídico”. “Es de toda evidencia que los directores del gobierno en la Jutep han sido funcionales. Se buscó apañar a un funcionario que ha quedado severamente cuestionado en cuanto a su propia honestidad funcional y personal, y apuntalar una construcción política de que Danza no viola la constitución, cuando notoriamente sí lo hace”, añadió.

Por otra parte, la diputada del Frente Amplio Ana Olivera indicó que en la votación de la interpelación hubo “prejuicios planteados” y “argumentaciones muy cargadas de adjetivos” al decir que “hubo una intencionalidad político partidaria” en el informe de la Jutep. A lo que sumó: “Los dictámenes de la Jutep a veces gustan y a veces no gustan pero lo que no puedo es, de alguna manera, plantear o cuestionar la honorabilidad de los miembros que argumentaron en esas 52 páginas”.