Mañana, una interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, tendrá en la mira el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Su dictamen, favorable al presidente de ASSE, Álvaro Danza, cuestionado por poseer múltiples empleos en el sector privado e infringir incluso disposiciones constitucionales, no va en línea con la opinión jurídica de la misma repartición. Esto ha llevado a poner en duda la conveniencia de integrar con representantes políticos un organismo que debe velar por prevenir y combatir la corrupción.
Mientras esto se dirime en el Parlamento y la arena política, la Jutep también lidera un proyecto propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales para crear un Observatorio de Corrupción que debería estar en funcionamiento a fines de la actual gestión de gobierno.
El próximo 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y, en el ranking de Transparencia Internacional, el país siempre ha estado bien posicionado. En la última medición ocupó el lugar 13 entre 180 países. Este es un logro alcanzado por méritos propios y por contraste, dado que la región tiene altos índices de corrupción.
Uruguay tiene una legislación robusta para combatir la corrupción, pero no siempre se cumple. Un ejemplo: al día de hoy hay 2.430 funcionarios declarados omisos por la Jutep en su obligación de presentar declaración jurada de bienes e ingresos, según lo dispuesto por la Ley Nº 17.060. Las elecciones departamentales fueron el pasado 11 de mayo, y aún hay 16 candidatos que no han cumplido con la declaración de sus bienes e ingresos.
Por otra parte, en el catálogo de datos abiertos hay más de 300 datasets vinculados a transparencia, pero solo hay 68 organizaciones publicando información, lo que impide cumplir con la ley vigente y con estándares internacionales.
El Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2025-2029) ya puso en marcha una serie de medidas para prevenir la corrupción. Y una de esas iniciativas, tal vez la más ambiciosa, es la creación de un Observatorio de Corrupción.
Según el documento, la intención es “monitorear, investigar, evaluar, sensibilizar y visibilizar el fenómeno de la corrupción en Uruguay, mediante la generación y centralización de información confiable y accesible”.
El observatorio buscará producir evidencia útil para el diseño de políticas públicas, fomentar el control de la ciudadanía y fortalecer las capacidades institucionales de prevención. Según el documento que sustenta su creación, “el problema es multicausal y responde, entre otras causas, a la ausencia de una herramienta especializada que centralice, procese y analice información de forma continua y técnica de la Administración Pública sobre la prevención y combate de la corrupción, a la escasa producción de conocimiento aplicado sobre corrupción en Uruguay, la debilidad de mecanismos de articulación interinstitucional, la falta de un enfoque preventivo y educativo sostenido en el tiempo, entre otros”.
El observatorio realizará un monitoreo del comportamiento y la evolución de los delitos de corrupción, generando indicadores que permitan detectar patrones, riesgos y áreas críticas. Además, producirá evidencia técnica que sirva de insumo para orientar decisiones informadas en el diseño, evaluación y mejora de políticas públicas, y medirá el impacto social de la corrupción, incluyendo niveles de victimización, percepción ciudadana y efectos sobre la confianza institucional.
Se sostiene que “contribuirá a la transparencia mediante la centralización, análisis y publicación de datos e información clave sobre el fenómeno de la corrupción en Uruguay. Al sistematizar indicadores, estadísticas, investigaciones y reportes sobre riesgos, denuncias, sanciones, percepciones y marcos normativos, permitirá que tanto la ciudadanía como los actores públicos y privados tengan acceso a datos en formatos abiertos y comprensibles, a información confiable y actualizada, y a su vez generará conocimiento con perspectiva de género, territorial y generacional”. Se estima que este observatorio actuará como un mecanismo de control social indirecto, potenciando la vigilancia ciudadana y el escrutinio público sobre la actuación de las entidades del Estado.
Una lupa sobre los partidos políticos
La Ley 18.485, de mayo de 2009, obliga a los partidos políticos a presentar las rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos de financiamiento de campañas ante la Corte Electoral, y las publica en su sitio web. Sin embargo, el objetivo de dar a conocer de manera sencilla esta información se cumple a medias, dado que la publicación se hace de forma individual, en base a cada rendición, y no se encuentra en un formato de datos abiertos procesables.
La Corte Electoral trabaja para llegar a marzo de 2027 con un nuevo sistema. El objetivo es compilar toda la información existente y publicarla en formato de datos abiertos, para que cualquier persona acceda a ella en un formato procesable. Asimismo, se plantea complementar esta publicación con un visualizador de rendiciones de cuentas.
También se proyecta crear e implementar una unidad técnica de análisis de declaraciones juradas, que tendrá como función procesar y evaluar la información presentada, detectar inconsistencias, generar alertas tempranas y producir insumos útiles para la toma de decisiones, el control institucional y la rendición de cuentas.
La Corte sostiene que “las normas legales referidas al financiamiento de partidos fomentan la transparencia (...) con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia. La información debe encontrarse de manera fácil y ordenada. Si bien la información proporcionada por los partidos se encuentra disponible, nos proponemos establecer un formato de datos unificados y procesables”.
Opacidad
Otra línea de acción será prevenir la corrupción es la apertura de datos públicos con la implementación de la guía propuesta por el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir y prevenir la corrupción, impulsado por la OEA.
Este proyecto, impulsado por Agesic, sostiene que “la corrupción y la opacidad en la gestión pública tienen un componente fundamental que es la falta de transparencia y el acceso efectivo a la información pública”. Esto redunda en la eventual pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, la ineficiencia en el gasto público, los obstáculos para la participación ciudadana y la impunidad y la desigualdad social.
Se ha identificado que no existen mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía de forma sistemática y clara; además, falta información unificada, ya que los datos clave están dispersos, en diferentes formatos, en algunos casos tienen costo y existen dificultades para ser compartidos entre las instituciones públicas.
Uruguay ha suscrito una serie de compromisos internacionales para mejorar su transparencia de gestión, pero los cumple parcialmente.
Agesic liderará un proyecto para establecer y consensuar un plan de publicación de datos en formatos abiertos, lo que implica dotar de las capacidades técnicas necesarias y mejorar los procesos de gestión de datos en las instituciones públicas involucradas.
“Se aspira a disponer de datos públicos que sean accesibles y reutilizables por diversos actores sociales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y organismos gubernamentales. Esta disponibilidad de información permitirá fomentar el análisis, el monitoreo de la ciudadanía y la prevención de prácticas corruptas, contribuyendo así a una gestión pública más abierta, eficiente y responsable”, se sostiene.
“Este proyecto contribuye a reducir los márgenes de opacidad en la gestión pública, al tiempo que fortalece la confianza social en las instituciones democráticas. El uso estratégico de datos abiertos permite identificar riesgos, monitorear procesos y prevenir prácticas corruptas, consolidando así un ecosistema de gobernanza más íntegro, participativo y responsable”, afirma el plan.
Mejorar sistemas para recibir denuncias
La Jutep, la Dirección General Impositiva y la Auditoría Interna de la Nación trabajan juntas para consolidar los mecanismos institucionales destinados a la prevención, detección y abordaje de actos de corrupción e irregularidades, mediante la mejora de los canales de denuncia ya existentes y la creación de nuevos sistemas más seguros y accesibles para la ciudadanía.
Se han detectado deficiencias en los procesos de tramitación y seguimiento de las denuncias en el ámbito público, porque no existen procedimientos definidos que permitan una gestión eficaz, eficiente y transparente en el tratamiento, seguimiento y capacidad de respuesta de los casos reportados a través de los canales de denuncia actuales.
Las tres reparticiones mencionadas promueven el establecimiento de una red entre los organismos públicos que permita una adecuada coordinación entre los subsistemas, asegurando un correcto procesamiento y seguimiento de las denuncias recibidas.
El proyecto se propone definir el ámbito de aplicación y los conceptos aplicables a través de la reglamentación correspondiente, regular los procesos de tramitación, proteger al denunciante, generar indicadores estadísticos sobre la gestión de las denuncias y disponibilizarlos como datos abiertos.
El objetivo es brindar respuestas claras y oportunas a quienes presentan denuncias, así como a la sociedad en su conjunto, mediante la publicación de los dictámenes correspondientes.
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