Caso del descuento de US$ 25.000 por camioneta del presidente Orsi golpea su principal capital político

A las preocupaciones que habían generado las encuestas -que mostraron una caída en la aprobación del gobierno y un aumento de la desaprobación, incluso entre votantes frenteamplistas-, así como al “error de comunicación” en torno a la inversión destinada a la reforma de la Biblioteca Nacional, se sumó en la última semana un nuevo golpe político que apuntó, en este caso, directamente al presidente de la República.

Según reconocieron dirigentes del Frente Amplio y fuentes del ámbito parlamentario, el principal problema del descuento de miles de dólares obtenido por Yamandú Orsi en la compra de una camioneta de alta gama es que afecta el mayor capital político del presidente: su imagen de dirigente honesto, “campechano”, transparente, dispuesto a dar explicaciones y asumir errores. “Generó desazón y golpeó anímicamente”, se señaló a El País, aunque se admitió que este último hecho político -como señal- impactó en el oficialismo sobre todo por la acumulación de pequeños episodios o errores que, si bien se consideran de escasa magnitud, fueron en buena medida auto- infligidos y que, además, vuelven a exponer problemas de comunicación del gobierno.

Luego de que, a partir de un extenso informe publicado por Qué Pasa sobre las declaraciones juradas de los dirigentes políticos, Radio Carve denunció las inconsistencias en la declaración jurada presentada en 2025 por el presidente, que no justificaba a partir de sus ingresos económicos y ahorros el haber adquirido una camioneta cero kilómetro valuada en febrero de ese año -una semana antes de asumir como primer mandatario- en US$ 79.800.

El vehículo en cuestión, adquirido en Oliva Automotores, es una Hyundai modelo Santa Fe (híbrida), con la que el primer mandatario optó para que sea su medio de transporte durante su presidencia, pero la polémica se desató fuertemente cuando desde Torre Ejecutiva se compartió a la radio que había marcado la discordancia la factura de la compra: según dicho documento, Orsi obtuvo un descuento de US$ 25.000 por parte de la empresa y pagó por una camioneta valuada en casi US$ 80.000 la suma de US$ 54.000 (a precio de costo, se informó).

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Sin embargo, frente a la insistencia de El País -y de otros medios-, desde Torre Ejecutiva se evidenció incomodidad al momento de brindar mayor información sobre los detalles de la compra. Por ejemplo, no se precisó en cuánto fue tomada la otra camioneta Hyundai que tenía Orsi desde 2020 -valuada en US$ 29.000- ni cuánto dinero efectivamente desembolsó el presidente para adquirir el nuevo vehículo.

De parte de los principales dirigentes del oficialismo y también de la oposición -con excepciones como las del senador Sebastián Da Silva y el diputado Felipe Schipani-, sin embargo, primó por sobre todas las cosas silencio, “prudencia y cautela” frente a la figura del presidente y la ausencia de una ilegalidad notoria que haya quedado de manifiesto en la operación comercial, confió a El País un diputado del Partido Nacional.

De todas maneras, la falta de reacción de referentes del Ejecutivo o del Legislativo frente al episodio terminó generando una bola de nieve que fue creciendo con el correr de los días, al punto de convertirse en un “problema” de gobierno e incluso llegar a la Jutep para ser analizado como un asunto ético en la conducta política, aunque no se viole ninguna norma.

Foto: archivo El País

Frente a los cuestionamientos por una presunta violación al Código de Ética de la Función Pública, en un contexto en el que el expuesto y criticado -particularmente en la base militante del Frente Amplio- era el propio Orsi, el primer dirigente de primera línea del oficialismo en salir en su defensa fue el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. “Respecto a la compra del ciudadano Yamandú Orsi de un vehículo y el precio que pagó, los descuentos que se aplicaron, eso es un tema que debe responder y lo ha hecho. No soy la persona adecuada para hacerlo porque es un negocio en el que no participé”, respondió Díaz en Canal 12. A la consulta sobre lo que establece la ley en los artículos 9, 13 y 34, que prohíbe aceptar dinero, obsequios, gratificación dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, directa o indirectamente, para sí o para terceros a los funcionarios públicos por los actos específicos de su función, Díaz respondió: “Voy a hacer de abogado del diablo. Quienes mencionan ese punto concreto están cometiendo dos errores. Se trata de funcionarios públicos y cuando Yamandú hace esa compra no lo era. Es un dato de la realidad. Tú me preguntas la cuestión legal y te contestó la cuestión legal. La cuestión ética es otra cosa”, deslizó.

“Lo segundo es que lo que está prohibido es recibir un obsequio por ejercicios de actos de la función. En este caso no hay ninguna demostración de que Orsi haya realizado ningún acto en el ejercicio de su función por el que se le haya hecho ese obsequio”, refirió Díaz sobre el descuento de -por lo que se sabe- al menos US$ 25.000.

Foto. Ignacio Sánchez

No obstante, según sondeos hechos por El País, a nivel parlamentario el hecho político hizo mella y preocupa especialmente la eventual erosión que pudo haber generado en la figura de Orsi ante la opinión pública.

Un dirigente frentista marcó como un problema incluso la “tendencia a pararse desde cierto pedestal moral de la izquierda con respecto a la derecha”, considerando banderas discursivas que se levantan como las de austeridad, igualdad o transparencia en la gestión pública. Varios dirigentes asumieron que hubo un impacto negativo en gente con una sensibilidad “más de izquierda” y que con una buena salida se hubiera podido desactivar rápidamente.

En diálogo con El País, el director de la consultora Factum, aseguró que “es probable que afecte a los sectores más informados”. “Sin dudas los sectores más militantes de la oposición verán una afectación más grande. Pero también dentro de los sectores más informados del Frente Amplio seguramente no caiga bien la situación”, añadió. Aunque advirtió que ese impacto “no necesariamente signifique un cuestionamiento público o un descenso en la imagen del presidente”.

“Este hecho tiene dos características que hay que atender y ver cómo evolucionan en el tiempo. Es un evento tangible para la mayoría de las personas, no es la discusión sobre una inversión millonaria en dólares, es un auto y eso es tangible para la mayoría de las personas. Segundo, que si esto no afecta en forma directa, no significa que no se pueda acumular con el paso del tiempo en conjunto con otros hechos que pudieran suceder en términos personales, de gobierno o políticos”, afirmó.

Por su parte, Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, bajó el tono sobre las repercusiones reales que el hecho puede tener en la opinión pública. “Es muy díficil hacer una medición cuando recién explotó. Mi nariz me dice que hoy es un tema intenso en lo que llamo ‘opinión publicada’ (microclima entre políticos y medios que se retroalimenta), pero no tanto en el ciudadano medio que me parece no se enganchó tanto como la ‘opinión publicada’”, dijo Zuasnabar en La Fórmula.