Negro cuestionó el aumento de penas como respuesta al delito y llamó a revisar las políticas de seguridad

Crear delitos y aumentar penas no alcanza para resolver los problemas sociales que alimentan la criminalidad. Ese fue uno de los planteos que realizó este jueves el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una actividad en la Universidad Católica del Uruguay (UCU), en la que cuestionó la persistencia de respuestas tradicionales frente a la inseguridad y puso el mercado de drogas como ejemplo de sus limitaciones.

La actividad se enmarcó en el lanzamiento de la licenciatura y la maestría de Criminalidad. Se trata de las primeras en el país, siendo la primera dirigida por Victoria Pasquet y la segunda por Diego Sanjurjo.

Allí, el ministro sostuvo que tanto la demanda como la oferta de drogas "crecen a escala mundial" y que aparecen nuevas sustancias de forma permanente. Planteó que ese mercado "no se combate a los balazos" y que las intervenciones deben apuntar a "controlarlo para evitar que genere problemas de seguridad". También cuestionó los discursos que proponen una guerra como respuesta a esa dinámica.

Negro participó junto a Beatriz Larrieu, ministra del Tribunal de Apelaciones Penal, del conversatorio sobre los desafíos del Estado frente al crimen. La actividad fue moderada por el vicerrector de Programas Académicos de la UCU, Mario Spangenberg

Negro comparó la situación actual con la de 1995 y señaló que entonces Uruguay tenía unos 3.000 presos y ya discutía sobre hacinamiento carcelario. Su cuestionamiento apuntó a que las "soluciones tradicionales" siguen ocupando el centro de la discusión pese a los resultados obtenidos.

El ministro también advirtió sobre los límites de esperar que una reforma penal resuelva problemas sociales. "La creación de un delito o el aumento de una sanción puede dejar fuera de consideración otras respuestas con efectos más amplios", dijo e hizo referencia a que cuando interviene el sistema penal, el daño ya ocurrió.

La necesidad de incorporar conocimiento especializado a las respuestas frente al delito atravesó la presentación de las nuevas carreras. Tanto Victoria Pasquet como Diego Sanjurjo plantearon que Uruguay atravesó reformas, aprobó leyes y destinó más recursos a la seguridad bajo gobiernos de distintos partidos, sin que el tema perdiera su lugar central entre las preocupaciones del país.

Pasquet aseguró que esto no se debe a "falta de voluntad", sino que puso el énfasis en la necesidad de sumar herramientas para comprender el delito y evaluar las intervenciones. En Uruguay, señalaron, las funciones de un criminólogo son asumidas en ocasiones por profesionales de otras disciplinas.

La propuesta académica combina sociología, derecho, psicología y ciencias políticas con estadística, programación y análisis de datos. Incluye el estudio del cibercrimen y las nuevas formas de lavado de activos, además de instancias prácticas con instituciones y problemas reales.

Las dos preguntas que orientan esa formación son por qué delinquen las personas y qué se puede hacer al respecto, aseguró Sanjurjo y subrayó que el objetivo no es únicamente estudiar cómo funciona el delito, sino "formar profesionales capaces de contribuir a respuestas más efectivas".