El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informó que en nueve meses de trabajo durante el operativo Ñandubay se realizaron 147.328 controles vehiculares en todo el país y se incautaron 13.522 motos y 163 autos.
Se trata de un operativo de control y fiscalización de vehículos que comenzó a implementarse el 12 de enero. Además de las incautaciones, el comunicado indica que se aplicaron 31.752 multas. Fueron identificadas 168.756 personas y 200 de ellas fueron detenidas por diferentes motivos: en estas operaciones se incautaron seis armas de fuego, marihuana, cocaína y otras drogas.
Los organismos que participan de Ñandubay son la Guardia Republicana, la Policía Caminera y las jefaturas de Policía de todos los departamentos, en colaboración con inspectores de tránsito de las intendencias.
El escrito añade que "la zona metropolitana registró la mayor cantidad de controles". En Canelones se controlaron 28.996 vehículos y se incautaron 4.505 motos, mientras que en Montevideo se controlaron 8.593 vehículos y se incautaron 2.158 motos. Con estas cifras, en el caso de la capital, se incautaron el 25% de los vehículos fiscalizados por diversos incumplimientos.
Qué es el operativo Ñandubay
El 1 de febrero El País informó de este operativo por el cual, en ese entonces, ya se habían incautado 3.000 motos. Alfredo Clavijo, por entonces subdirector de la Policía Nacional y actual jefe de Policía de Montevideo, declaró que este es el paso fundacional de una política de Estado diseñada especialmente para evitar la proliferación de motos en condiciones irregulares.
“Ñandubay es un nombre indicado porque esta es una medida necesaria que vamos a mantener con mucha firmeza. Estamos convencidos de que tiene una variable para mejorar la seguridad y proteger la vida de las personas”, decía con una referencia al árbol nativo, conocido por ser firme y resistente, tanto que su madera suele utilizarse para hacer postes y construcciones rurales.
Muchas motos están en la calle sin haber sido empadronadas, sus conductores no tienen libreta de propiedad ni libreta de conducir y en algunos casos no usan casco ni chaleco reflector; los vehículos no llevan matrícula (o sus conductores la ocultan para evitar multas) y tampoco tienen seguro. Esto implica el incumplimiento de leyes esenciales para ordenar el tránsito. Es un comportamiento que escaló año tras año, hasta constituir “una cultura del incumplimiento”, opinaba Clavijo.
El combate a los vehículos irregulares tiene varios argumentos. Los relevamientos más recientes del ministerio indican que la incidencia de la moto en el delito se agudizó con el paso del tiempo. Según datos de 2024, las motos se utilizan para cometer el 40% de las rapiñas y el 25% de los homicidios en todo el país. Pero si la mira se pone en los homicidios cometidos en el área metropolitana, el uso trepa al 40%.
Otro tema central es su participación cada vez mayor en la siniestralidad vial. Los motociclistas protagonizan casi el 70% de los siniestros y representan al 49% de los fallecidos. Además de todo el desastre que provocan, los accidentes de tránsito consumen decenas de recursos policiales para registrar los hechos, ordenar el tráfico, custodiar y relevar la evidencia de la escena, ocupando así a decenas de funcionarios en esas tareas y no en otras.
Por todo esto, la moto está generando también problemas de convivencia, apunta Clavijo. “Hay comunidades que estaban pidiendo estos operativos. Las motos provocan conflictos a nivel del ruido, de las formas de manejo agresivo, de las picadas; hay algo que culturalmente se estaba modificando en relación a la moto y que nosotros como una fuerza de seguridad y de orden público teníamos que actuar”.
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