A cuatro meses de la formalización por privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia a la dueña y la encargada del residencial Cayetano en el barrio La Unión, la Justicia amplió este martes la imputación de ambas.
Ahora se las señala también como responsables de siete fallecimientos de adultos mayores y se les atribuyen reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual, informó la Fiscalía General de la Nación.
Según la investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 15º Turno, ambas tuvieron a más de 20 personas mayores en condición de hacinamiento y abandono. Las muertes se generaron por “deshidratación, higiene deficitaria, falta de alimentación, lesiones y otras omisiones graves en su cuidado”.
Con los nuevos delitos imputados, también se extendió el plazo de las medidas cautelares de prisión preventiva hasta el 4 de mayo de 2027.
El horror en el residencial clandestino
La Policía intervino el residencial irregular ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, en Montevideo, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en aparentes malas condiciones de salud.
El allanamiento comenzó sobre las 22:00 horas de este viernes, luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio que provenían del interior de la casa.
Desde una ventana del inmueble, dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda a los gritos a los transeúntes, manifestando que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas dentro del lugar y que necesitaban agua.
Con autorización de una vecina, los funcionarios policiales lograron ingresar al predio a través de la azotea lindera. Allí, localizaron a varias personas mayores distribuidas en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.
El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.
La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular. Asimismo, la mujer admitió que había excedido la capacidad máxima de alojamiento permitida.
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