La Fiscalía de Flagrancia y Turno de 15° Turno formalizó la investigación a la dueña y la encargada del residencial en La Unión clausurado este sábado por tener a más de 20 personas mayores en condición de hacinamiento y abandono.
Según informó Fiscalía, ambas mujeres fueron imputadas como presuntas autoras de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa y reiterados delitos de omisión de asistencia. Ambas fueron enviadas a prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.
El horror en el residencial clandestino
La Policía intervino el residencial irregular ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, en Montevideo, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en aparentes malas condiciones de salud.
El allanamiento comenzó sobre las 22:00 horas de este viernes, luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio que provenían del interior de la casa.
Desde una ventana del inmueble, dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda a los gritos a los transeúntes, manifestando que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas dentro del lugar y que necesitaban agua.
Con autorización de una vecina, los funcionarios policiales lograron ingresar al predio a través de la azotea lindera. Allí, localizaron a varias personas mayores distribuidas en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.
El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.
La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular. Asimismo, la mujer admitió que había excedido la capacidad máxima de alojamiento permitida.
Intervención del Mides
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) activó este sábado sus protocolos de emergencia luego de que la Policía descubriera un residencial de ancianos clandestino en Montevideo.
La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), Marianela Larzábal, se trasladó al establecimiento para liderar las operaciones en el lugar "con el foco puesto en la protección de los derechos, el cuidado y la atención de las personas que residían en el lugar", destacó en un comunicado la cartera.
Así, se inició un despliegue interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio del Interior para determinar las condiciones del local y evaluar la situación sanitaria de las personas mayores.
Según informaron desde el Mides, un equipo de profesionales se encuentra recibiendo a los familiares de algunos de los internos con el fin de analizar las alternativas disponibles y coordinar los pasos a seguir. Mientras se define una reubicación definitiva, el ministerio dispuso de forma inmediata servicios de alimentación, limpieza y un equipo especializado en cuidados para los ancianos afectados.
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