Las pulseadas de la Rendición de Cuentas: mayorías en disputa, debate por “asistencialismo” y cifras “inciertas”

La Rendición de Cuentas presentada a fines de junio en el Parlamento supone uno de los grandes hitos de este 2026 para el gobierno liderado por Yamandú Orsi.

Tras haber sorteado con éxito la aprobación del Presupuesto en su primer año, en un contexto sin mayorías en la Cámara de Representantes, la primera revisión presupuestal trae nuevos desafíos para el oficialismo, con una oposición más combativa, un mayor desgaste ante la opinión pública —y su propio electorado—, y la reedición de algunas discusiones profundas en un área que algunos en el gobierno asumían que generaban ciertos consensos.

El primer flanco abierto es la incertidumbre planteada respecto a si el oficialismo contará o no con los dos votos extra que precisa en la Cámara de Representantes, ya no solo para cada artículo en particular, sino incluso para el paso previo: la aprobación general de la Rendición de Cuentas.

Los partidos que integran la Coalición Republicana (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) anunciaron el jueves pasado que no validarán el proyecto del gobierno, por entender que la gestión se ha caracterizado “por la falta de un rumbo definido, la inacción, los muy pobres resultados y un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”.

Desde el bloque opositor mostraron disposición a acompañar o negociar iniciativas particulares, pero entienden que el voto “general” de la rendición implica hacer un balance sobre lo actuado en el año anterior. “La votación en general es sobre la gestión que pasó. Y la gestión que pasó es francamente mala”, resumió el senador blanco Javier García al encabezar la conferencia de prensa conjunta de la coalición el jueves pasado.

Además de cuestionar los resultados del gobierno, blancos, colorados e independientes argumentan que faltó disposición del oficialismo a asumir “errores” o a incorporar planteos de la oposición a la planificación presupuestal.

El problema es que para habilitar la discusión particular del articulado, primero debe aprobarse el proyecto en general.

La principal hipótesis es que el Frente Amplio negociará los dos votos que le faltan con Cabildo Abierto, partido que le habilitó las mayorías necesarias para aprobar los puntos neurálgicos de la ley de Presupuesto (principalmente, el aumento de impuestos), y que ahora vuelve a mostrar disposición a dar su apoyo a las iniciativas del gobierno.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, calificó de “incoherente” la postura de sus exsocios de gobierno, mientras que el diputado Álvaro Perrone dijo que “si no hay Rendición de Cuentas, lo va a pagar la gente más humilde”. Entrevistado por El País, Perrone remarcó su interés por buscar puntos de acuerdo con el gobierno en áreas como seguridad, vivienda y pobreza infantil.

Foto: Darwin Borrelli/El País

El anuncio de la postura opositora en los últimos días crispó los ánimos en el Parlamento, pero desde ambos bloques también subrayan que el tratamiento del proyecto recién comienza. En el Frente Amplio —cuyos referentes salieron duramente al cruce de la oposición y los acusaron de “negarles a los niños un plato de comida”— hay quienes consideran que todavía es posible buscar también el apoyo de algunos diputados blancos y colorados, especialmente del interior del país.

En la conferencia de prensa, al igual que en los días posteriores, algunos integrantes de la Coalición Republicana deslizaron la posibilidad de que el rechazo a la Rendición de Cuentas podría cambiar en caso de que el oficialismo se dispusiera a dialogar y rever algunos puntos claves del proyecto. El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo dijo que “obtener los votos es responsabilidad del gobierno” y que “puede cambiar esta rendición, eventualmente”, mientras que el senador colorado Andrés Ojeda cerró la conferencia diciendo que “si no están dispuestos a cambiar, estos votos no los van a tener”.

La postura predominante es que es difícil que se den esos eventuales cambios exigidos por la oposición —que tampoco quedaron explicitados— como para torcer el rechazo, aunque la decisión de comunicar el rechazo a la Rendición de Cuentas también generó algunas resistencias puertas adentro, que el Frente Amplio intentará explotar.

En el plano de las iniciativas legislativas contenidas en la Rendición de Cuentas, la más relevante es la reforma al sistema de transferencias monetarias, para lo cual se destina el gasto adicional de 31 millones de dólares.

El proyecto prevé crear la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que englobaría en una sola prestación lo que hoy se paga a través de distintas prestaciones —como la Asignación Familiar, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza o Bienvenido Bebé— y estaría acompañada además por un aumento en los montos, aunque esto último se prevé implementar gradualmente a partir del año que viene para los nacidos a partir de 2025.

Si bien existe un acuerdo entre todos los partidos en la necesidad de reforzar los apoyos económicos para las familias más pobres —al punto de que gobiernos de distinto signo no solo las han mantenido sino que las han profundizado—, las primeras horas de discusión del proyecto evidenciaron que hay algunos puntos en los que está lejos de existir un consenso.

La principal de esas diferencias no está tanto en la unificación del sistema ni el aumento de los montos, sino en el componente de las reglas que rigen la obtención de las prestaciones, desde la exigencia o no de una contraprestación hasta la existencia o no de limitaciones al consumo de los beneficiarios.

Una de las interrogantes es hasta qué punto esas posiciones encontradas van a condicionar el éxito de la aprobación de la reforma.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Durante el Diálogo Social, del cual surgieron las recomendaciones, la representación de Cabildo Abierto —único partido de oposición que participó— marcó su discrepancia con la eliminación de las condicionalidades, al menos en su totalidad. El documento final apunta que la delegada cabildante planteó “la inconveniencia de renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones, ya que podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”.

Entrevistado por El País, Perrone dijo que “habrá que negociarlo” porque “la gente lo necesita”.

El proyecto del gobierno no elimina “todo tipo de condicionamiento”, ya que penaliza con la suspensión del 20% de la prestación a quienes no concurran de forma asidua a instituciones de enseñanza y a controles de asistencia médica, pero mantiene el 80% de forma no condicionada.

Actualmente, la única prestación condicionada es la Asignación Familiar, que es además la de mayor alcance. La antigua Asignación Familiar (que es contributiva y apunta a trabajadores formales que no superan un umbral de ingresos) abarca a unos 50.000 beneficiarios, mientras que la Asignación Familiar del Plan de Equidad (no contributiva, para hogares vulnerables con menores de edad, embarazadas o personas con discapacidad) alcanza a algo más de 405.000 beneficiarios, según las últimas cifras oficiales.

En esos casos, los beneficiarios deben estar inscriptos y concurrir asiduamente a institutos de educación formal o no formal, públicos o privados, a excepción de las personas con discapacidad. Y deben tener la cantidad de controles médicos correspondientes a su edad, realizados en salud pública o en el sistema privado de salud.

El resto de las transferencias a los hogares con menores, que en una gran mayoría de esos casos operan como un complemento de la asignación familiar, no se exige contraprestación.

Eso aplica para la Tarjeta Uruguay Social (TUS), destinada a los 60.000 hogares en condiciones de extrema pobreza (de los cuales la mitad más pobre recibe un monto duplicado), así como para otros complementos que se transfieren a esa misma tarjeta, como Bienvenido Bebé (creado en 2019 para hogares de pobreza crítica con hijos de entre 0 y 1 año) y el Bono Crianza (creado en 2022, durante el gobierno anterior, para hogares vulnerables con niños de entre 0 y 3 años).

Según las cifras presentadas por el Mides en el Diálogo Social en 2025, la TUS registraba un total de 88.947 titulares, el complemento Bienvenido Bebé llegaba a unos 5.652 beneficiarios, mientras que el Bono Crianza alcanzaba los 31.543.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, defendió en el Parlamento la flexibilización de las condicionalidades señalando, entre otros argumentos, que la administración anterior incorporó prestaciones no condicionadas.

Desde el gobierno afirman que distintos estudios muestran “poca evidencia” de que la condicionalidad en la transferencia sea efectiva para retener a los menores en el sistema educativo y apuntan que las suspensiones suelen estar concentradas en los hogares más vulnerables, incluso con muchos casos que ni siquiera tienen conocimiento de las condiciones. Según uno de los estudios citados por el gobierno, la diferencia en el porcentaje de suspensiones entre los más pobres y los hogares de pobreza menos crítica se acentuó a lo largo de los años.

Del otro lado, varios dirigentes de la oposición expresaron su rechazo a que se entregue dinero de los contribuyentes "sin pedir nada a cambio", reeditando así un debate que ha acompañado a la política de transferencias desde su origen, pero que había quedado algo minimizado en los últimos años, más allá de episodios puntuales como la decisión del Mides en 2021 de limitar los productos de consumo con la Tarjeta Uruguay Social.

En alusión a la flexibilización de la exigencia de permanecer en el sistema educativo, el ministro de Economía Gabriel Oddone reconoció ante el Parlamento que “el tema de la condicionalidad” encierra no solo debates economicistas sino también filosóficos, y que incluso “hay un riesgo” de “caer en un asistencialismo neto” en ciertos casos, pero que desde su óptica la alternativa es peor.

“¿Hay un riesgo de caer en un asistencialismo neto? Hay un riesgo de caer en eso; es algo que tenemos que reconocer. Pero la cuestión es que no hacer nada o no tener una alternativa es algo mucho peor”, planteó ante los legisladores.

"La condicionalidad puede encerrar un hecho y es que las personas que no pueden asistir son las que están en el último tramo de acceso. El peor error que puedo cometer acá es que por querer hacer algo, que es incentivar la concurrencia, yo termine descremando el mercado, termine generando que los que finalmente asisten, concurren y yo estoy en condiciones de captar son aquellos de ese universo de población vulnerable que no capta al último extremo de la cola", agregó el ministro, y sostuvo que "la idea es invitar al Parlamento a tirarnos al agua conjuntamente y someternos a las críticas y evaluaciones”.

Oddone dijo que en el gobierno creen que existe "consenso a nivel nacional" respecto a la necesidad de priorizar la inversión en infancia y que "en todo caso las diferencias que tenemos o que podemos tener son sobre cómo lo instrumentamos, cómo controlamos, cuánto gastamos y si somos eficientes".

Otros focos de debate en este tema pasan por el nivel de impacto en la pobreza infantil, así como la sostenibilidad fiscal —y política— del nuevo sistema. Desde el gobierno señalan que el aumento de las transferencias es reducir 25% la pobreza monetaria entre los menores de 0 a 3 años, aunque las autoridades reconocieron ante el Parlamento que ese objetivo se cumpliría recién cuando estén todos los menores de edad (de 0 a 18 años) incluidos en el nuevo régimen.

Eso se relaciona con otra de las interrogantes: el tiempo que llevaría incorporar a todos los menores de edad en el nuevo sistema con aumento de prestaciones. El proyecto del gobierno prevé la inclusión, comenzando en 2027, de los nacidos a partir de 2025. En el primer año eso incluiría a los menores de 0 a 2 años, incorporando de a una generación más hasta el año 2029. Los 31 millones de dólares de gasto adicional financian solo esas generaciones, por lo que el ingreso de nuevas cohortes dependerá de Rendiciones de Cuentas subsiguientes. “Hoy un 75 % de los niños y las niñas de entre 0 y 3 años en situación de pobreza viven con otros menores, generalmente hermanos, que tienen entre 4 y 17 años”, explicó Arim en comisión.

Si se incorporaran solo nacidos luego de 2025, recién para el año 2042 se completaría el universo de 0 a 18 años cubiertos bajo el nuevo régimen. Distintas autoridades del Ejecutivo plantearon el deseo de acelerar el proceso, incluyendo en otros contextos a generaciones nacidas antes de 2025. El “escenario de mínima”, según señalan dirigentes del gobierno, es asegurar el ingreso de una generación por año, aunque para eso también se requerirá buscar recursos más adelante.

“Lo que juega a favor es la tendencia demográfica”, explicó a El País el director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández. Lo que observan en el Ejecutivo es que las generaciones salientes (cercanas a la mayoría de edad) son más numerosas que las entrantes, y que eso “aliviana” el costo hacia adelante, aunque no hay por el momento una estimación oficial de cuál sería el costo fiscal de extender el nuevo régimen a todas las generaciones.

En caso de prosperar el proyecto del gobierno, en 2027 ingresarían al nuevo sistema unos 54.000 niños, que viven en hogares que suman unas 200.000 personas. Para 2029 la expectativa es abarcar a unos 90.000 menores.

Al analizar los números que sustentan la Rendición de Cuentas, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un órgano independiente creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, alertó sobre algunas cuestiones "inciertas" que rodean a los supuestos detrás del proyecto, y planteó que que el financiamiento adicional "proviene de la reducción del gasto tributario y revisiones al alza del rendimiento de la recaudación cuya justificación no se detalla, no introduciéndose modificaciones tributarias”.

Aunque el órgano valoró la asignación presupuestal como “cautelosa” en sus montos, también alertó que “constituye un compromiso permanente que no se encuentra acompañado por fuentes permanentes equivalentes de financiamiento explícitas”. El CFA considera que los aumentos del gasto deberían financiarse mediante reducciones permanentes de otras partidas o incrementos permanentes de ingresos “debidamente comprobados”.