Residenciales critican costo de habilitación de Bomberos y exigen una subvención estatal para revertir situación

El incendio que se generó en un residencial de Santa Lucía (Canelones) días atrás, sin habilitación de Bomberos, que se cobró la vida de un hombre de 63 años, reavivó un debate sobre el estado de los hogares, en varios casos precarios, donde residen miles de adultos mayores de todo el país.

En Uruguay, hay unos 1.300 residenciales, donde viven alrededor de 19.000 adultos mayores, según cifras oficiales. Pero lo que también marcan estos datos es que solo un 20% de estos hogares —menos de 300— están habilitados.

Estas cifras, que generaron un escándalo hace un año cuando ocurrió la peor tragedia en estos centros en la historia de Uruguay tras la muerte de 10 ancianos en un incendio en un residencial de Treinta y Tres, volvieron a estar sobre la mesa con este caso en Santa Lucía.

Hay versiones diferentes por parte de los involucrados sobre por qué hoy centenares de residenciales no están habilitados. Lo que está claro es que hay unos 1.000 centros abiertos que hoy no cuentan con un permiso estatal para funcionar.

La habilitación de los residenciales o establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem) involucran a los ministerios de Salud Pública (MSP), de Desarrollo Social (Mides) y a la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), dependiente de la cartera de Interior.

La normativa marca que la habilitación consta de tres etapas: contar un certificado de registro ante el MSP, un certificado social emitido por el Mides y la constancia de habilitación final, otorgado por Salud Pública. Esto último implica una autorización de Bomberos.

El permiso de Bomberos es visto desde el lado de los residenciales como el nudo que impide que estos centros, que muchas veces son casas precarias reacondicionadas, cuenten con la habilitación estatal para funcionar.

Desde las asociaciones Integra y Aderama, que nuclean a 110 y 270 residenciales, respectivamente, indicaron a El País que cumplir con el equipamiento que exige Bomberos implica una inversión de unos US$ 5.000 o más.

Bomberos, en tanto, calculó que el “costo máximo” de la habilitación oscila entre los US$ 1.500 y US$ 2.300. Esto excluyendo los honorarios del técnico, según un informe del Instituto de Derechos Humanos, de noviembre pasado, sobre la tragedia en Treinta y Tres.

El permiso de Bomberos implica contratar técnicos y la instalación de extintores, luces de emergencia, cartelería, sensores de humo y un comando central. Y pagar un curso de capacitación, que solo brinda Bomberos, que tiene un costo de unos $ 2.000 por persona.

Bomberos dejó de concentrar el proceso del permiso desde 2016. La habilitación la pasó a otorgar un técnico registrado ante la DNB, que luego Bomberos audita. El trámite suele incluir la contratación de un gestor, un arquitecto y un electricista certificado.

Integrantes de Integra y Aderama coincidieron a El País que el principal obstáculo de los residenciales que no están habilitados es la falta de dinero. Esto en función de que muchos de esos centros cobran cuotas mensuales inferiores a los costos que implica la habilitación.

“Hay gente que puede pagar $ 15.000 o $ 20.000 por mes, y en un residencial habilitado necesitas cobrar, por lo menos, $ 45.000 o $ 50.000 por mes”, dijo a El País el directivo de Integra, Sabino Montenegro, respecto a los costos de mantenimiento y permisos.

“No es que se resuelva no regularizar. Es que hay que invertir mucha plata, y si no dan los números, ¿cómo se puede afrontar los gastos mínimos de funcionamiento?”, indicó, en tanto, Bettina Giordano, integrante de Aderama, a El País.

“Mucha gente por desconocimiento, falta de información y demás no sabe que en la normativa están previstas ciertas facilidades que le pueden permitir cumplir con las exigencias”, remarcó el vocero de Bomberos, Sebastián López, tras ser consultado por El País.

“Algunos ni siquiera inician los trámites de autorización, porque entienden que son sumamente caros”, remarcó López, en referencia a que se brinda el plazo de un año para instalar el equipamiento de detección y alarma de humo. “No es que tenés que pagar los US$ 2.500 en un momento”, dijo.

En tanto, los residenciales plantean una subvención estatal. “Tenemos que ir a un Fonasa de residenciales para que el Estado se haga cargo de las personas que no tienen dinero para pagar. Entre los que ganan de $ 20.000 de jubilación y $ 50.000, que vale un residencial habilitado, esos $ 30.000 de diferencia los tiene que pagar el Estado”, señaló Montenegro.

Otro aspecto que plantean los involucrados es el impacto de una fiscalización a ese millar de residenciales sin habilitación. “No podés ir a cerrar un residencial donde hay 20 o 30 personas si no sabés donde llevarlas”, graficó Montenegro, en línea con los consultados.

López planteó que si bien está prevista la aplicación de multas de hasta 200 UR ($ 366.000), la idea de Bomberos “no es enseñar desde la sanción, sino en la importancia que tiene cumplir con las exigencias de la normativa, y comprender la responsabilidad que cada actor en prevenir incendios o estar más protegidos”.

El año pasado hubo 63 muertes de personas en incendios, de las cuales 13 fueron en residenciales y las demás, en su mayoría, en viviendas particulares. Una mesa interinstitucional estatal trabaja para “favorecer la legalidad en los residenciales en particular”, añadió López.