“Es como volver a emigrar”: uruguayos deportados de EE.UU. reclaman por la falta de empleo y ayuda estatal

La idea de investigar y escribir sobre un tema a veces puede nacer de la forma más impensada. Como un correo electrónico anónimo que llega a mi computadora un viernes unos minutos después de las diez de la noche. Lo firma “una persona uruguaya retornada”, quien cuenta que su situación “personal y migratoria”, muy compleja, le impide exponer públicamente su identidad. Tiene miedo. Entonces pregunta: “¿Qué está haciendo realmente Uruguay por los uruguayos que son deportados o regresan al país después de haber construido durante años su vida en Estados Unidos? ¿Existe una diferencia entre la asistencia que reciben determinadas poblaciones migrantes y la respuesta que reciben los propios uruguayos cuando retornan en extrema vulnerabilidad?”.

Unos días después, me enteraría que esta “persona uruguaya retornada” —digamos que se llama Marcos, pisa los 45 años de edad y vivió casi la mitad de su vida en el oeste de Estados Unidos— es, en efecto, uno de los tantos uruguayos que debieron volver en forma repentina al país en medio de la embestida de la administración de Donald Trump contra la inmigración, dejando su familia rota —una parte acá, otra parte allá— y al que encima se le está haciendo demasiado cuesta arriba volver a tener una vida normal y un empleo estable acá en Uruguay.

En marzo pasado y en esta misma sección, El País informó que durante todo 2025 se registraron unas 100 deportaciones de uruguayos desde Estados Unidos, según los datos oficiales manejados entonces por Cancillería, una cifra que cuadriplicaba el promedio de los años anteriores (entre 19 y 51 casos anuales desde 2019). El incremento, suponían entonces en Cancillería, estaría incidido por el fortalecimiento de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las cifras no incluían a los retornados voluntarios, en muchos casos por temor a los controles migratorios cada vez más frecuentes. Se calculan en miles los uruguayos que aún viven indocumentados en Estados Unidos, muchos desde hace décadas.

Cancillería no ha sistematizado cifras nuevas de deportaciones pero una fuente del ministerio indica que “no hay cambios sustanciales” y que se viene dando la “tendencia habitual” de los meses anteriores.

Foto: El País.

Marcos tuvo que volver hace dos años. Se trató de una “deportación voluntaria”, acordada para evitar pasar por el largo proceso de cárcel con el mismo desenlace: regreso al país. Hoy vive con su esposa en Punta del Este. Sus dos hijos, uno de 15 y otro casi 18, nacidos allá, regresaron con ellos al país pero no se adaptaron. “Les cambió el mundo de golpe, perdieron amigos, no podían trabajar. Uno estuvo con una depresión tremenda, al final se volvieron. Hoy viven por su cuenta, ayudados por varios parientes”, cuenta Marcos.

Dice a quien quiera escuchar que se los acusó de “algo de lo que no teníamos nada que ver”, que fue “un garrón”. No quiere dar demasiados detalles pero luego cuenta que un día estaba en la calle y le sonó en su celular el timbre de su casa, de esos que tienen cámara con una aplicación que se puede ver a distancia: “Era la policía y yo pensé que era una broma… pero me tiraron la puerta abajo, me rompieron todo”, recuerda.

Los agentes de migración lo acusaron de un delito que no tiene que ver con su situación legal en Estados Unidos —tenía todos los documentos— pero luego, cuando ellos ya estaban en Uruguay, se comprobaría que la acusación era infundada.

Aquellas fueron las peores horas de su vida. Pagó abogados, pasajes muy caros para volver de apuro y ya en Uruguay se encontró con una situación en la cual la ayuda oficial era casi cero: “El gobierno no hace nada por las personas que llegamos”, reclama.

En Estados Unidos Marcos estaba en el mundo de los negocios. Cuando volvió, trabajaba remoto y entonces pudo mantener su empleo, pero en octubre pasado lo perdió. “Después de eso he conseguido trabajos free lance puntuales. Acá apliqué a todos lados, hasta a barracas o taxis: en algunos lados me dijeron que estaba sobrecalificado, en otros que tenía demasiada edad porque acá con 45 años ya casi sos viejo”, dice. Hoy está sin empleo.

Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Agobiado, Marcos fue a Cancillería a pedir ayuda. ¿Hay soporte a compatriotas?, preguntó. Lo conectaron con la Oficina del Retorno y Bienvenida, pero no hubo demasiada suerte, más allá de algunos beneficios puntuales que ofrecen a todos los que vuelven a Uruguay. “Me he comunicado, les he mandado mensajes por WhatsApp, por correo y no logré demasiado”, dice.

Esta oficina ofrece a todos los retornados afiliación gratuita a la salud pública por un año, un chip de Antel con una precarga de 500 pesos y otras bonificaciones en instalaciones de telefonía fija e internet, preferencia en los cupos de los cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), descuentos en pólizas del Banco de Seguros, la posibilidad de acceder a una garantía de alquiler respaldada por el Ministerio de Vivienda y, lo más valorado, la exoneración del pago de impuestos para traer pertenencias (muebles y artículos del hogar, herramientas de trabajo, un auto). Los uruguayos que se vuelven suelen compartir el contenedor porque el alquiler es caro y así aprovechan el espacio.

Pero, como veremos, estos beneficios son considerados escasos por muchos uruguayos deportados y retornados. El reclamo de mayor apoyo a los que vuelven se repetirá en casi todos los testimonios recabados por El País para esta investigación.

Los representantes de la Oficina del Retorno y Bienvenida, en tanto, rechazaron una entrevista con El País.

Lo que quería Marcos era trabajo. “Yo no digo que nos den ayuda económica, pero sí que colaboren en la inserción laboral, más si uno tiene conocimientos y estudios”, explica. Él aún espera por la revalidación de su título, vinculado a la administración, y eso que empezó el trámite hace dos años en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). “Llamo casi todas las semanas para saber qué pasó. Me dicen que no llame más... estoy en lista de espera”.

“Llegás y estás solo. Es como que volvés a emigrar, lo único que al lugar donde naciste”. La que habla es Andrea dos Santos (48 años), quien junto a su familia decidió volver porque estaban indocumentados y se hartaron del miedo permanente a que los agarraran los agentes del ICE. “Tenés miedo de ir a un hospital o de hacer las compras. Yo no manejaba el auto para no meterme en problemas”, cuenta.

Ella, igual que Marcos, también vivió mucho tiempo en Estados Unidos —22 años, primero en Nueva Jersey, luego en Miami—, a donde llegó con su esposo y su hijo de siete meses. Allá nacería su hija, la única estadounidense de la familia. Él trabajaba en un taller de autos; ella hizo de todo: cuidó niños, trabajó en un jardín de infantes, en una fábrica, en limpiezas, en McDonald’s y fue camarera de eventos. Hasta participó en campañas políticas del Partido Republicano.

Les iba muy bien pero no tenía papeles. Sí su hijo quien, mediante el programa DACA aprobado en la administración Obama para los menores que llegaron al país sin documentos, podía trabajar legalmente.

Volvieron hace un año a Uruguay y, con los ahorros, compraron una casa en Marindia.

Pero todo fue más complejo de lo que pensaba. “Vivimos 22 años como indocumentados pero la pasamos bien. Nunca nos faltó nada, nos dábamos nuestros gustos, pudimos ahorrar. Y en un año que acabo de cumplir el 24 de julio me ha dado depresión y no me adapto porque mi propio país no me da las oportunidades”, dice. Andrea atiende un puesto de comestibles y productos de limpieza en una feria en Pinamar y Salinas y hasta esta semana trabajó cuidando a un adulto mayor (pero él fue llevado a una casa de salud y perdió el empleo). Está haciendo un curso de acompañante terapéutico y, aunque no le gusta mucho, sospecha que en el área de cuidados y enfermería puede encontrar empleo.

“Si yo estoy segura que consigo un trabajo, no te digo que gane millonadas, sino que me dé para vivir, estaría más conforme, más tranquila”, admite. Su marido consiguió empleo como mecánico, el hijo trabaja en el Costa Urbana Shopping.

El 11 de abril envió un correo al Ministerio de Relaciones Exteriores y relató: “Por favor, necesito ayuda, somos una familia de cuatro uruguayos autodeportados llegados hace siete meses, nos está costando demasiado encontrar trabajo con referencias laborales de otro país (…) Estamos desesperados y perdidos en nuestro país”. La respuesta, cuatro días después: “Lamentamos mucho la situación que atraviesa su familia. Este ministerio asiste a los uruguayos que se encuentran fuera del país; cuando se encuentran en el país debe contactar al Ministerio de Desarrollo Social”.

Andrea tiene un discurso parecido al de Marcos. “Nosotros no queremos ayuda económica, no queremos ir al Mides, lo que queremos es trabajo, nada más. No queremos que nos mantenga nadie”, dice y lamenta que en redes sociales ha notado un “sentimiento” contra los uruguayos que vuelven.

—¿Entonces fue un error volver?

—Creo que no. Cambiamos la vida económica y el estar más estable por ser libres. Eso es lo único que tenemos acá: puedo salir a la calle sin que la policía me lleve presa.

A Carlos lo capturaron en la vía pública, como en tantas redadas, y fue directo a la cárcel. La historia la cuenta su mujer, Estefanía, pero con la condición de que no se publiquen los nombres reales. Ellos habían llegado a Nueva Jersey con sus tres hijos hace no tanto, en 2021. Entraron con una visa y se quedaron a vivir. Ella trabajó cocinando en restaurantes y hoteles, él en un reparto de pan.

“El día que le pasó lo que le pasó, en febrero, él venía de trabajar: agarró su camioneta y cuando iba rumbo a casa se cruzó con una patrulla y la patrulla le empezó a chequear la matrícula”, relata. “Antes de llegar lo interceptaron dos vehículos, lo detuvieron… Cuando me llamaron, él ya había firmado la (deportación) voluntaria. No quiso juez, no quiso abogado; él estaba muy informado, no iba a perder dos o tres meses encerrado ahí adentro”.

Estuvo preso unos 20 días en la cárcel de Newark, en Nueva Jersey, específica para inmigrantes y donde se han reportado malos tratos, hasta que voló a Montevideo el 3 de marzo.

Estefanía se iba a quedar con los hijos allá un tiempo más pero luego adelantó el regreso a Montevideo con el más chico, de nueve años, porque se dio cuenta que Carlos no tenía ayuda y estaba “muy bajoneado”.

Foto: El País.

Les prestaron una casa en Flor de Maroñas, la arreglaron, la pusieron a punto pero no vivieron ahí ni 10 días. “Había unas balaceras impresionantes a media cuadra de la casa y nosotros no estamos acostumbrados, menos nuestro hijo”, dice Estefanía. “Nos fuimos a la casa de mi madre en Villa Española y entregamos esa casa”.

Estefanía consiguió trabajo rápido en una rotisería pero salía muy tarde y se sentía insegura. Carlos la iba a buscar a la parada después de la medianoche. Ahora se pasó a casas de familia. Él está desempleado, y eso que llamó a muchos amigos y conocidos.

Estos primeros meses no han sido buenos, está claro. “Yo lloré cinco años por Uruguay y a la semana de haber llegado ya me di cuenta cómo estaba Uruguay. Yo solita saqué mis conclusiones de que en estos cinco años Uruguay había empeorado”, confiesa.

—Nos trajimos ahorros pero te puedo asegurar que en estos meses, sin gastar en extras, ya no tenemos casi nada. Mis hijos grandes, de 26 y 19 años, se quedaron los dos allá y el mejor consejo que les doy es que no se vengan; que hagan los papeles allá, porque acá está dificilísimo.

—¿Ustedes quieren volver?

—Obvio. En cuanto podamos, volvemos a Estados Unidos. La calidad de vida que uno tiene allá es incomparable. Ya habíamos hecho nuestra vida.

—¿Pueden volver legalmente?

—Si nuestros hijos nos piden, sí. Pero van a pasar unos años antes.

TESTIMONIO

Apoyo a los retornados "es un circo, una mentira", dice Ignacio

Aunque nació en Uruguay, Facundo Frascolla es más bien estadounidense. Su padre, el melense Ignacio Frascolla, emigró en 2001, y al año y medio volaron su esposa y sus tres hijos. Uno de ellos es Facundo (28 años): llegó a Nueva Jersey cuando tenía apenas tres años de edad.

Facundo no tenía ni un recuerdo de Uruguay cuando debió volver en forma forzada el 19 de marzo pasado: se convirtió en un extranjero en su país.

La historia la relata Ignacio (59) un rato después de salir de su trabajo en el rubro de la construcción. Igual que su hijo, se dedica a poner vidrios en grandes edificios.

Dice que en diciembre pasado Facundo tenía dos convocatorias “a la corte”, una para casarse con Alyssa, su pareja estadounidense, y otra para pagar una multa de tránsito. Pero no fue a ninguna de las dos porque no había renovado su permiso de trabajo (él tenía DACA y la administración Trump había frenado las renovaciones de este programa), por lo que “estaba totalmente ilegal”.

Su hija, Luna, nació el 28 de diciembre. A mediados de enero la dejó con los abuelos y se fue un fin de semana con Alyssa a esquiar a la montaña. “En algún momento un policía lo paró porque chequeó la matrícula y vio que tenía algún problema, que era que no había pagado la multa de tránsito”, relata Ignacio, “lo agarraron y lo llevaron detenido”. Entonces saltó que estaba sin permiso y terminó casi tres meses en la cárcel —“comiendo mal, durmiendo muy poco, con mucho frío”— hasta la deportación.

Ignacio voló a Uruguay a ayudar a su hijo, para quien este era un país extraño. Y vio de primera mano en qué consistía el programa de Cancillería de apoyo a los retornados. “Una mentira de todos los gobiernos. Ponelo así: un circo, no sirve para nada, una falta de respeto”, dice. Y sigue: “La salud es gratis en Uruguay, ¿entonces para qué dicen que te dan un año de afiliación a ASSE? Y la garantía del Ministerio de Vivienda para alquilar... nadie la quiere”.

Facundo, de todos modos, consiguió trabajo en Punta del Este en el mismo rubro que trabajaba en Nueva Jersey. Y su esposa trabaja en forma remota.

—¿Y qué te dice Facundo?

—Él está viviendo bastante bien. Pero si le iba mal, terminaba en la calle durmiendo en un colchón, ¿no?

Diego Presa también vivía en Nueva Jersey y cayó en una redada del ICE el año pasado. Según contó en una entrevista con El Observador, estuvo encarcelado dos meses.

Hoy vive en Las Piedras con su esposa Patricia y su hija Morena. Pero las cosas no han sido tan complicadas para él. En enero logró instalar una empresa de construcción en containers, DM General Construction, donde realiza proyectos a elección de cada cliente. Eso sí, dice que al Estado no le debe nada: “No recibí ni un mensaje después de lo que pasé. El que me dio una mano, que me brindó trabajo, fue mi amigo Marcelo, que también tenía una empresa de containers. Pero no lloro, no llego a ningún lado”.

Y, sugiere, “lo mínimo que debería hacer el gobierno es un plan de emergencia” para lo que vuelven.

Foto: Darwin Borrelli.

En eso mismo está pensando Marcos, el uruguayo del correo electrónico al inicio de este artículo. Unas horas después de la entrevista, escribe:

—Me faltó decirte esto... Uruguay tiene mecanismos de retorno para compatriotas que regresan del exterior, pero me pregunto si esos mecanismos realmente contemplan la situación de una persona que no decidió regresar, sino que fue deportada. Una persona deportada puede regresar sin vivienda, sin empleo, sin ingresos, sin redes ni familiares cercanos, con pertenencias que no pudo traer y con enormes dificultades para reconstruir su vida desde cero. Quizás se podría generar un fondo para los deportados.

Pasan unos días y Marcos vuelve a escribir, esta vez por WhatsApp:

—Como vos ya conocés parte de nuestra historia quería contarte que lamentablemente la situación se nos ha puesto realmente difícil (…) Nuestros recursos se fueron agotando. Llegamos a un punto en el que incluso cubrir cosas básicas como alimentación y vivienda se está haciendo muy complicado. No te escribo esperando que vos tengas que solucionar nuestra situación ni necesariamente para pedirte una donación. Quizás sepas de alguna persona, empresa, organización o contacto que pueda darnos una mano, ya sea con una oportunidad laboral, alguna asistencia temporal o incluso ayudándonos a darle visibilidad a nuestra historia.