Gobierno de Orsi analiza propuesta de Estados Unidos sobre envío de deportados sudamericanos a Uruguay

Como parte de su campaña antiinmigrante, el gobierno estadounidense de Donald Trump ha deportado a miles de cubanos —así como a ciudadanos de varias otras nacionalidades sudamericanas—, enviando a algunos a México e incluso a países africanos, y a otros de regreso a Cuba.

Ahora, los funcionarios estadounidenses entienden que están cerca de asegurar un nuevo destino —según informó The New York Times—: Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, que ya cuenta con una población relativamente grande de residentes que emigraron de Cuba

El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, lleva meses discutiendo la propuesta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Fuentes de la Cancillería que lidera Mario Lubetkin, sin embargo, señalaron a El País que las "conversaciones" con el país norteamericano se encuentran en curso, y que de "momento no hay nada cerrado". Asimismo, las negociaciones no refieren exclusivamente a ciudadanos de Cuba, sino que también a deportados de otras nacionalidades, y los consultados añadieron que el mismo diálogo —sobre el mismo tema— mantienen varios otros países con la Casa Blanca.

Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes y en parte para ganarse el favor de la administración Trump, declaró, en tanto, un alto funcionario uruguayo.

Pero mientras Estados Unidos busca países dispuestos a acoger a los cubanos, también está empeorando las circunstancias que obligaron a muchos cubanos a huir de su país en primer lugar.

En los últimos meses, la campaña de presión económica del gobierno de Trump ha bloqueado los envíos de petróleo a la isla caribeña, que ya estaba devastada por años de sanciones estadounidenses y el mal gobierno de sus líderes autoritarios.

Rubio afirmó que Estados Unidos tenía muchas preocupaciones sobre Cuba, que se encuentra a 90 millas de Florida, incluyendo "la amenaza de una migración masiva".

"Ese es un riesgo que siempre se corre cuando los países están tan profundamente desestabilizados como Cuba", declaró a los periodistas que viajaban con él en Manila, Filipinas, la semana pasada.

En Uruguay, el gobierno busca regularizar la situación de los migrantes cubanos para que puedan encontrar oportunidades laborales y acceder a servicios sociales. Muchos solicitan asilo inicialmente.

Algunos funcionarios estadounidenses creen que eso podría ayudar a garantizar que los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al tiempo que les permitiría vivir fuera de Cuba, según indicaron los funcionarios.

Un acuerdo escrito con Uruguay podría no mencionar específicamente a los cubanos en el texto, aunque en la práctica serían el objetivo principal de las deportaciones a ese país.

Algunos cubanos residentes en Estados Unidos podrían tener familiares en Uruguay, y ambos gobiernos están analizando la posibilidad de reunir a las familias, según informó un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. Al igual que otros funcionarios entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato para tratar temas delicados relacionados con las negociaciones.

El gobierno cubano a menudo se ha negado a recibir de vuelta a los ciudadanos deportados de Estados Unidos, pero este año accedió a recibir varios vuelos.

En marzo, la administración Trump declaró ante un tribunal federal que había enviado a 6.000 cubanos a México, donde muchos tienen dificultades para encontrar trabajo. También ha enviado migrantes cubanos a África, incluyendo Eswatini, antes conocida como Suazilandia, y Sudán del Sur, devastado por la guerra, donde los migrantes han permanecido en centros de detención.

Esta política forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno de Trump para encontrar naciones dispuestas a acoger a migrantes e inmigrantes deportados de Estados Unidos.

El Departamento de Estado ha sido criticado por enviar a algunos deportados a países lejanos con los que no tienen ninguna conexión o cuyos gobiernos tienen antecedentes de violaciones de los derechos humanos.

Los gobiernos de Sudamérica se han mostrado reacios a aceptar a los deportados. No obstante, Paraguay firmó un acuerdo con el Departamento de Estado el año pasado y ha recibido vuelos de deportados de diversas nacionalidades. Ecuador también firmó un acuerdo el año pasado, y entre los deportados enviados allí se encuentran cubanos.

Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes, ha mantenido durante mucho tiempo una política de inmigración relativamente abierta.

“Tenemos la tradición de acoger a personas que vienen de otros países”, afirmó Carlos Negro, ministro del Interior. Uruguay, añadió, “nació como un país de inmigrantes”. La mayoría de los uruguayos descienden de colonos e inmigrantes españoles e italianos.

Si bien los grupos defensores de los derechos de los migrantes han criticado la política de deportación del presidente Donald Trump, algunos han dicho que, para los cubanos deportados, terminar en Uruguay sería mejor que ser enviados a muchos otros países.

En marzo, Leydis Aguilera, quien emigró a Uruguay desde Cuba hace 16 años, se convirtió en miembro del Parlamento Nacional. Ella ha descrito la cálida bienvenida que recibió en Uruguay y cómo finalmente encontró allí oportunidades de educación y empleo.

Uruguay necesita ampliar su fuerza laboral para compensar su población pequeña y envejecida. La opinión pública sigue siendo mayoritariamente favorable a la inmigración, y las deportaciones son poco frecuentes. Incluso a quienes ingresan sin visa a menudo se les permite permanecer legalmente en el país.

El año pasado, Uruguay recibió a casi 24.000 solicitantes de asilo procedentes de Cuba, según estadísticas de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre las conversaciones con Uruguay. «Implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad absoluta para el Departamento de Estado», declaró en un comunicado. «Como ha afirmado el secretario Rubio, mantenemos nuestro firme compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos».

Durante gran parte de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense acogió a personas procedentes de la Cuba comunista y les ofreció una vía rápida hacia la residencia permanente y la ciudadanía. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 ha obligado a las administraciones demócratas y republicanas a mantener esta política.

Pero desde la administración Clinton, los funcionarios estadounidenses han encontrado maneras de eludir o debilitar los requisitos de la ley para intentar evitar la afluencia de inmigrantes.

Trump ha acelerado ese proceso. Su administración ha bloqueado varias vías para que los cubanos obtengan la residencia permanente y la ciudadanía.

Según María José Espinosa, directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Defensa en las Américas, que analiza datos sobre deportaciones, esto pone en riesgo de deportación a 600.000 cubanos.

Ada Ferrer, profesora de historia en la Universidad de Princeton y autora de un libro sobre la historia de Cuba, dijo: "Hubo un tiempo en que no perseguían a los cubanos debido a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya nadie la respeta".

“Si te presentas a las elecciones con la promesa de deportaciones masivas, vas a intentar llevarlas a cabo”, añadió. “Pero los cubanoamericanos creían que estarían protegidos”.

Con información de The New York Times.