Uruguay busca mejor estrategia para resistir presión de EE.UU. sobre deportados: observa postura de Argentina

Son varios los "escenarios" futuros que proyectan en el gobierno de Yamandú Orsi y en la Cancillería de Mario Lubetkin relacionados con la presión que viene ejerciendo desde hace un año la administración de Donald Trump a Uruguay —y a tantos otros países del tercer mundo— para que sean recibidos ciudadanos indocumentados —cubanos, sobre todo—, expulsados de Estados Unidos como consecuencia de una agresiva política antiinmigratoria.

Los jerarcas de gobierno, puntualmente el canciller, han mostrado incomodidad con todo este asunto, en especial a partir de que se hizo público, días atrás, a través de un informe publicado por The New York Times, el interés norteamericano para que Uruguay se sume a la larga lista de 35 países que accedieron a recibir indocumentados, lo que generó varias reacciones críticas de referentes del Frente Amplio. Actores como Fernando Pereira o el senador Daniel Caggiani fueron enfáticos en remarcar que la coalición de izquierda —con sectores que desde hace tiempo arrastran "malestar" con el rumbo de la política exterior de este gobierno (ver recuadro)— no aceptará de ningún modo la llegada de un grupo de personas que sean traídas a la fuerza a Uruguay, y que en definitiva eso implique avalar o legitimar una política de Washington que a las claras es violatoria de los derechos humanos.

Esto no ha ocurrido todavía —Lubetkin ya declaró varias veces que "no ha habido avances sustanciales en el diálogo" con los norteamericanos—, y así fue destacado este fin de semana por Pereira, luego de que el partido de gobierno reuniera en la Huella de Seregni al Plenario Nacional, como consignó La Diaria. "Uruguay no ha traído ninguno", dijo Pereira sobre futuros eventuales deportados, y agregó que eso quería decir que el gobierno evitó que eso sucediera, aunque no implicaba que no llegaran inmigrantes.

"Hay que trazar una línea —dijo, no obstante—: no puede entrar a Uruguay nadie" obligado a hacerlo.

En las últimas horas, Lubetkin dejó en claro que en las conversaciones mantenidas con Washington —reflejadas además en un documento de entendimiento entregado a Cancillería por la contraparte—, hay dos criterios que Uruguay busca hacer pesar en la elección de los deportados a recibir, para el caso de llegar a un acuerdo: que sean uruguayos detenidos —estos, dijo el ministro, tendrían "prioridad"— y que pueda atenderse la situación de cubanos residentes en Uruguay, quienes "expresaron el deseo de juntarse con sus parientes detenidos por problemas de documentación" en tierras norteamericanas.

Pero lo cierto es que la evaluación que hace el gobierno y la Cancillería de las experiencias de los 35 países que firmaron un acuerdo de deportación es "muy mala", y que no hay forma garantista de saber si las personas que se acepta recibir lo hacen "con su voluntad o no", pues las coacciones que sufren los deportados no son públicas.

"Pueden enviarte 100 tipos encadenados, deshidratados... Los suben al avión y punto. Y pueden decirte que son cubanos y terminan siendo uzbecos", sintetizó el panorama una fuente del Ejecutivo a El País. Esa misma es la situación de una innumerable cantidad de detenidos en Estados Unidos que, como recientemente narró El País de Madrid, pueden terminar de un momento para otro, luego de semanas de encarcelamiento, en Bangui —la capital de la República Centroafricana—, como les ocurrió a un hondureño y dos cubanos.

La Cancillería, a su vez, viene manteniendo reuniones con representantes de Naciones Unidas especializadas en migración y refugiados para interiorizarse sobre el tema, con el firme propósito de evitar que Uruguay pague "un precio terrible" en el futuro.

Solo hay dos "escenarios cómodos", reconocen en el gobierno: los formulados por Lubetkin —uruguayos y cubanos que busquen la reunificación familiar—. Todo lo demás es un gran "signo de interrogación" cuya respuesta se desconoce, pero se repudia a priori: que además de engrilletados y en situaciones inhumanas, lleguen personas con antecedentes penales, o de un número superior al acordado y haya que buscar de apuro una zona donde albergarlos.

Además de mirar la experiencia de otros países, algo sobre lo cual Lubetkin tuvo la oportunidad de conversar en su viaje a Colombia el viernes pasado —para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella—, Uruguay también observa la situación de aquellos gobiernos que están en diálogo y no han concretado nada. O que, incluso, como es el caso de Argentina —cuyo gobierno de Javier Milei no para de dar muestras de cercanía y proximidad ideológica con la administración de Trump—, hoy están "lejos" de cerrar el trato con la Casa Blanca, debido a los términos propuestos por Estados Unidos, pese a que, al igual que aquí, se hiciera público el avance del diálogo entre las partes.