"Se resquebrajó un código": desarrolladores alertan por el impacto de los cortes de hormigón en las obras

Tras semanas de restricciones al hormigón, constructoras y desarrolladores buscan recuperar el ritmo de trabajo y aseguran que los conflictos en el rubro dan una "mala" imagen a los inversores.

Producción de hormigón.
Producción de hormigón.
Foto: Sociedad de Arquitectos del Uruguay

La falta de hormigón que se registró durante las últimas semanas en el sector de la construcción, en medio de las tensiones por la negociación del nuevo convenio colectivo entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales, tuvo consecuencias sobre el ritmo de las obras, los plazos de entrega, los costos y la organización de las empresas.

Días atrás, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Alfredo Kaplan, señaló a El País que la falta de hormigón estuvo directamente vinculada a las medidas adoptadas por el Sunca para ejercer presión en procura de cerrar el convenio colectivo, afectando varias obras alrededor de Uruguay y sobre todo en el este, donde se está desarrollando el proyecto del San Rafael por parte de Cipriani y la constructora Criba, proyecto que ya llevó a más de 200 empleados a seguro de paro durante los últimos días. En diálogo con El País, diferentes referentes del rubro confirmaron el alcance que tuvo la falta de hormigón en las obras y cómo debieron reorganizarse de cara a los próximos meses luego de la firma del convenio colectivo.

Para Fabián Kopel, director de la desarrolladora Kopel Sánchez, el impacto de las restricciones sobre el hormigón fue más amplio que las aproximadamente 20 obras que inicialmente se manejaron dentro del sector.

Según explicó, las medidas fueron cambiando a medida que avanzaba el conflicto. En una primera etapa existían limitaciones vinculadas al bombeo del hormigón, aunque todavía era posible recibir el material y utilizar mecanismos alternativos para colocarlo. Posteriormente, sostuvo, las restricciones se intensificaron hasta impedir directamente la llegada de los camiones a las obras.

Esa situación generó dificultades particularmente importantes en proyectos que se encontraban ejecutando la estructura de los edificios, debido a que el avance del resto de los trabajos depende de completar previamente cada nivel.

“Algunas obras no pudieron avanzar, algunas obras avanzaron muy a media máquina, tratando de evitar mandar gente al seguro de desempleo, pero siendo muy ineficientes y, finalmente, generando sobrecostos”, explicó Kopel.

El empresario puso como ejemplo uno de sus proyectos, que se encontraba trabajando en un noveno piso cuando comenzaron las dificultades. Al no poder completar la losa correspondiente, los equipos que venían ejecutando posteriormente los muros pudieron continuar durante cierto tiempo, pero terminaron alcanzando el nivel hasta el cual permitía avanzar la estructura.

Fabián Kopel
Fabián Kopel, cofundador y director de Kopel Sánchez.
Leonardo Mainé

El efecto, sostuvo, fue acumulativo. Las obras funcionan a partir de una secuencia en la que distintas tareas y equipos ingresan a medida que otras etapas se terminan, por lo que una interrupción prolongada en la estructura termina reduciendo progresivamente las alternativas disponibles para mantener la actividad.

Kopel estimó que las medidas vinculadas al conflicto se extendieron durante aproximadamente un mes, aunque aclaró que su intensidad fue variando durante ese período.

A los costos adicionales y a la pérdida de productividad se sumó la presión sobre los calendarios de entrega, particularmente en aquellos desarrollos inmobiliarios que habían asumido compromisos para los próximos meses.

El problema adquiere una dimensión adicional en proyectos ubicados en zonas balnearias donde existen períodos durante el verano en los que las obras no pueden continuar normalmente. Kopel mencionó específicamente los desarrollos de viviendas en lugares como José Ignacio, donde los cronogramas se organizan teniendo en cuenta esas restricciones.

“Esas (obras) llegan justo. Si no se puede llenar una losa, marcharon, quedan afuera. Y hay gente que se pierde la temporada, queda la empresa constructora dando la cara”, sostuvo.

Kopel también planteó que este tipo de situaciones puede incidir sobre la percepción que tienen los inversores extranjeros del funcionamiento del mercado uruguayo.

Montevideo, mercado inmobiliario.
Montevideo, mercado inmobiliario. Foto: Archivo El País.

“Mala, mala, mala”, respondió al ser consultado sobre la imagen que dejan hacia el exterior los episodios de conflictividad que terminan afectando el cumplimiento de los cronogramas de las obras.

Marcelo Guillermo, director de la desarrolladora Tanco, también cuestionó la forma en que se aplicaron las medidas vinculadas al hormigón durante el último conflicto. Según explicó, históricamente existía una suerte de entendimiento sobre cómo instrumentar esas acciones para evitar que una interrupción sorprendiera a una empresa con un camión ya cargado, provocando pérdidas innecesarias.

“Era un código que se respetaba. Avisar y no hacer paro en la planta y no perjudicar económicamente con un camión cargado. Creo que en este conflicto se resquebrajó eso”, señaló.

Al igual que Kopel, sostuvo que el impacto fue especialmente fuerte sobre las obras que se encontraban en las primeras etapas de construcción, donde el hormigón constituye uno de los principales insumos y condiciona prácticamente toda la secuencia posterior de trabajos.

Trabajadores de la industria de la construcción.
Trabajadores de la industria de la construcción.
Foto: Canva.

En sus propios proyectos, Guillermo intentó reorganizar la operativa para mantener al menos parte de la actividad durante los días en que no podía acceder normalmente al material. A modo de ejemplo, una de las obras de la empresa tenía pendiente la ejecución de un tanque de agua ubicado en la parte superior del edificio. Los trabajos previos estaban terminados, pero la falta del hormigón necesario impidió completar esa etapa hasta esta semana, según el director de Tanco.

“Eso te saca ritmo, te enlentece los tiempos y de pronto te baja la onda y la fuerza de la obra”, agregó.

Para Guillermo, el efecto debe observarse como una cadena que comienza en la obra, pero no termina necesariamente en la constructora o en la desarrolladora.

Los retrasos también alcanzan a quien adquirió una unidad y realizó su inversión sobre la base de un calendario determinado.

Con el convenio ya acordado y nuevamente normalizado el suministro, Guillermo se mostró optimista respecto de los próximos meses y señaló que existe un volumen importante de proyectos de vivienda en ejecución.

El objetivo inmediato de las empresas, afirmó, será recuperar el ritmo operativo luego de las semanas de interrupciones y reorganización de tareas.

“Hay que volver a agarrar fuerza, hay que meterle y hay que tratar de achicar esa pérdida de tiempo optimizando las tareas”, concluyó.

Un "mal hábito" que se hizo costumbre

Marcos Taranto, presidente de la constructora Stiler, centró sus cuestionamientos en la utilización del suministro de hormigón como instrumento durante los períodos de negociación colectiva.

El empresario recordó que la construcción uruguaya tiene una extensa historia de negociación entre los sindicatos y las cámaras empresariales y destacó que el sector ha atravesado durante décadas distintas instancias de discusión salarial y laboral.

Sin embargo, señaló que dentro de esos procesos se instaló una práctica que, a su juicio, debería dejar de utilizarse.

“Hay un hábito, un mal hábito que se ha tomado costumbre durante las épocas de negociación, que es cortar los hormigones, lo cual es realmente algo que está fuera de los lineamientos aceptados para la industria”, afirmó.

Taranto diferenció ese tipo de medidas del derecho de los trabajadores a realizar huelgas y llevar adelante acciones sindicales en defensa de sus reivindicaciones.

“Es legítimo el derecho de huelga, son legítimas las reivindicaciones de los trabajadores representados por el Sunca, independientemente de la magnitud de la coincidencia o de la magnitud de la discrepancia”, sostuvo.

Para el presidente de Stiler, Uruguay debería establecer límites más claros sobre los instrumentos utilizados durante los conflictos laborales, particularmente porque el país compite por atraer capital extranjero.

Una vez superado el conflicto, Taranto destacó algunos componentes del nuevo convenio colectivo, aunque reconoció que su contenido fue polémico dentro del sector empresarial.

Uno de los principales puntos es la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas sin una disminución equivalente de la remuneración, algo que, según afirmó, implicará un encarecimiento del costo de la mano de obra.

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