Esta jornada puede marcar el rumbo del conflicto que afecta a la industria de la construcción, cuando en una reunión bipartita el sector empresarial responda a los planteos del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.
Las gestiones entre las partes se extienden desde hace unos 120 días, aunque sin acuerdo, lo que ha derivado en medidas sindicales.
El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a El País que la plataforma del sindicato se organiza en tres ejes principales. El primero refiere al salario, donde la expectativa de los trabajadores es superar lo que plantea la pauta del gobierno, que prevé una escala diferenciada de aumentos semestrales.
“En este sentido hemos sido muy claros de que pretendemos ir a una fórmula que refleje el crecimiento del salario real”, señaló Ferreira.
En concreto, el Sunca aspira a una escala salarial unificada y ajustes anuales.
El segundo punto está vinculado a la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida de salario. El tercero apunta a la mejora de las políticas de empleo y democratización del ingreso en la industria, la atención a la primera infancia y al impulso a las libertades sindicales para delegados de seguridad en función de “alta accidentabilidad en el mundo del trabajo”, detalló Ferreira.
En su opinión, el Sunca ha hecho “los máximos esfuerzos al ubicar una plataforma” que consideran “justa y que es probable aplicar en la construcción”, ya que no están “en una industria en crisis, sino que es pujante”, evaluó.
Desde el sector empresarial se ha manifestado que la actividad se encuentra en un “bache”, según afirmó recientemente a El País el presidente de la Cámara de la Construcción (CCU), Alejandro Ruibal. Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu) y director de Kaplan Desarrollos Inmobiliarios, Alfredo Kaplan, dijo que la situación no configura un “frenazo” generalizado, aunque indicó que existe una mayor cautela a la hora de generar nuevos proyectos.
Frente a ello, el presidente del Sunca sostuvo que la construcción mantiene un nivel de empleo directo que supera largamente la media histórica de ocupación y que su impacto alcanza más de 250.000 personas entre trabajadores directos e indirectos.
Por otra parte, Ferreira afirmó que los envíos a seguro de paro realizados por algunas empresas constituyen medidas de “represión sindical” en el marco de la negociación. “Esto lo hemos denunciado ante el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo porque el sector empresarial está actuando en contra de lo que dice la ley”, sostuvo.
El País consultó tanto a la CCU como a la Appcu, pero ambas gremiales declinaron hacer comentarios.
Mientras aguarda la respuesta del sector empresarial, el Sunca mantiene su plan de movilización con asambleas no coordinadas y paros departamentales. De no haber acuerdo, no descartan “ninguna medida”, señaló el presidente del gremio. “Lo mejor que le puede pasar a la industria es tener un convenio que establezca reglas claras para todos, empresarios y trabajadores”, concluyó.
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