Búsqueda de petróleo: pesqueros piden frenar exploración sísmica y alertan por caída de capturas de calamar

La Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) solicitaron al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Ambiente; Industria, Energía y Minería (MIEM); y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que suspendan la nueva etapa de prospección sísmica prevista para noviembre, en el marco de la búsqueda de hidrocarburos en las costas uruguayas.

El pedido se refiere a la segunda temporada de la campaña de exploración sísmica 3DUR26, prevista en los bloques offshore OFF-1 y OFF-4 de Ancap. La prospección sísmica utiliza ondas sonoras que se propagan bajo el agua y permiten estudiar las características del fondo y del subsuelo marino para evaluar si hay posibles yacimientos de petróleo y gas. Esta operativa está a cargo de CGG Services US Inc. (Viridien), en el marco de un acuerdo multicliente con Ancap.

La primera etapa de prospección ya se realizó y ahora el pedido de las gremiales es suspender la segunda fase, hasta que se realice una evaluación científica, técnica, económica y ambiental independiente de la primera etapa.

Las gremiales fundamentan su pedido en datos de informes de la empresa Viridien presentados ante el Ministerio de Ambiente y divulgados por las cámaras en un comunicado. Según esa información, durante la primera temporada se registraron unos 159.000 disparos sísmicos, a un ritmo de aproximadamente uno cada ocho segundos durante el período efectivo de adquisición de datos.

De acuerdo con los datos difundidos por las cámaras, la adquisición sísmica comprendió 2.653,520 kilómetros de recorrido, con intervalos de 16,667 metros entre activaciones de las fuentes acústicas. Las gremiales también señalaron que se completó el 53,9% del área principal originalmente planificada. Según su comunicado, Viridien atribuyó las interrupciones de la operativa principalmente a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas.

“Los propios informes de la empresa Viridien muestran que no se trató de una intervención acotada ni se alcanzaron los resultados originalmente esperados”, señalaron las gremiales en un comunicado y agregaron: “Antes de volver a hacer ruido bajo el mar, el Estado debería explicar qué ocurrió, evaluar sus efectos y evitar que la pesca uruguaya, la biodiversidad de nuestras aguas y la sociedad en su conjunto vuelvan a asumir los costos y las consecuencias de esta actividad”.

Las cámaras también plantearon su preocupación por la evolución de las capturas de la flota uruguaya durante marzo y abril de 2026. Según las cifras que divulgaron en base a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, los desembarques combinados de merluza y calamar cayeron cerca de 39% frente a los mismos meses de 2025, mientras que los de calamar disminuyeron aproximadamente 85%.

En el caso de la merluza, las gremiales indicaron que los desembarques totales aumentaron, aunque advirtieron que esas cifras incluyen capturas en la Zona Común de Pesca y en aguas internacionales. Según datos preliminares del sector citados por las cámaras, al excluir las capturas realizadas en aguas internacionales, la captura promedio de merluza por buque dentro de la Zona Común de Pesca cayó cerca de 30%.

A partir de esos datos, las gremiales plantearon la necesidad de investigar si se produjeron cambios en la distribución de las especies. En su comunicado, señalaron que la menor disponibilidad de calamar para la flota uruguaya contrasta con capturas elevadas más al sur, en particular por parte de la flota argentina. También mencionaron la posibilidad de que la menor disponibilidad de calamar haya llevado a un mayor esfuerzo pesquero sobre la merluza.

Foto: Rurales El País.

Las cámaras aclararon que los datos presentados no demuestran una relación causal entre la prospección sísmica y la evolución de las capturas. Sin embargo, señalaron que la coincidencia temporal y las diferencias observadas justifican una investigación independiente sobre los posibles efectos de la actividad en la distribución de las especies y en la actividad pesquera.

Solicitud al Ejecutivo

Además de suspender la nueva temporada de prospección sísmica prevista para noviembre, las cámaras solicitaron al Poder Ejecutivo, realizar una evaluación científica, técnica y económica independiente, con participación efectiva de la Dinara, instituciones académicas y el sector pesquero.

Entre las medidas que solicitan, las gremiales incluyen la publicación de las coordenadas exactas de los disparos, las rutas de navegación, los horarios de funcionamiento de las fuentes acústicas y el esfuerzo acústico total. También reclaman un análisis de las capturas, los desembarques, el esfuerzo pesquero y los desplazamientos de la flota por especie, buque y área, con una comparación respecto de varios años anteriores y una diferenciación entre la Zona Común de Pesca y las aguas internacionales.

Además, proponen implementar un programa de monitoreo independiente antes, durante y después de futuras operaciones, revisar los mecanismos de compensación ante eventuales perjuicios económicos y precisar el alcance de la próxima etapa, incluida el área restante, la duración total y la cantidad adicional de disparos.

“Cualquier futura etapa debería estar acompañada por un programa independiente de monitoreo diseñado para producir información comparable antes, durante y después de las operaciones”, defendieron las cámaras.

Además, pidieron “revisar el funcionamiento del mecanismo de compensación frente a los posibles perjuicios económicos ocasionados a una actividad productiva preexistente” e informar el alcance efectivo de una nueva etapa.

Recursos y trabajo

“La pesca depende de recursos naturales renovables que deben ser administrados sobre la base de información científica. Las alteraciones en su distribución o disponibilidad no solamente afectan el trabajo de la flota pesquera: también repercuten sobre las plantas industriales, los servicios asociados, el empleo, la producción de alimentos y las exportaciones”, defendieron las cámaras del sector pesquero.

Por otra parte, se refirieron a la Ley 19.175 que declara de interés general la conservación, investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que los contienen, e incorpora el criterio de precaución dentro de la política pesquera. “Para CIPU y CAPU, reanudar una intervención de esta magnitud sin evaluar previamente sus resultados resultaría difícil de conciliar con esos principios”, indicaron.

“Las cámaras no plantean una oposición genérica a la investigación ni al desarrollo de nuevas actividades en el mar. Reclaman que cualquier intervención sea compatible con la protección de nuestra biodiversidad, la sustentabilidad del sector pesquero, el empleo, la producción de alimentos y las exportaciones del país”, concluyeron en el comunicado.