El gobierno de Argentina denunció este lunes los vuelos realizados sin autorización por una empresa británica entre las islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile, y anunció que presentará una denuncia penal.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que iniciará “procedimientos sancionatorios” por esa operación aérea de la empresa Thales Uk Limited en la ruta aérea señalada. Dichos vuelos habrían sido efectuados con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin la autorización correspondiente de las autoridades argentinas.
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, detalla en un comunicado.
Además, se indicó que el gobierno pedirá un arbitraje con el Reino Unido, previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, para detener la explotación petrolera en las islas Malvinas.
Según el comunicado oficial, la medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto petrolero Sea Lion, así como evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el Presidente Javier Milei en X al compartir el comunicado. Y en el mismo posteo acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
En el comunicado la presidencia sostuvo que aquel país desarrolla un “accionar ilegítimo” en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
En ese marco, afirmó que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.
El gobierno también anunció en el texto que intimó a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.
“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, adelantó.
El texto concluyó: “La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”.
El comunicado completo del gobierno argentino
La Oficina del Presidente informa que, frente al accionar ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado “Sea Lion”, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina.
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones.
A su vez, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.
La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina.
En ese marco, la República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina. De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental.
Por otra parte, la República Argentina manifiesta su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración pronunciada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
Finalmente, se informa que, en función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes.
La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional.
Las Malvinas son argentinas.
La Nación/GDA
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