La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió este jueves al informe de Jurídica de Presidencia de la República que contradice los argumentos dados en las últimas horas por la cartera que dirige en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
El dictamen de Torre Ejecutiva —al que accedió El País— coincide en que debe restablecerse la inhabilitación original de cinco años, pero rechaza de plano que para ello sea necesario invocar “hechos nuevos”, al tiempo que tilda de “arbitraria” la resolución ministerial de octubre de 2025 que había rebajado la pena a tres años.
Consultada por El País durante una rueda de prensa, la ministra dijo que no realiza "evaluaciones" de los informes jurídicos. En ese sentido, señaló que este tipo de documentos de diferentes carteras "a veces pueden tener diferencias".
"Esto surgió con un informe que comenzó con mi iniciativa y del equipo jurídico del MSP, también después Presidencia tuvo su informe jurídico, y creo que a mí no me corresponde opinar", señaló.
Indicó que sobre lo que sí opina es que se firmó "en conjunto" con el presidente Yamandú Orsi la "ratificación de los cinco años con la evaluación de la Unidad Académica de Anestesiología". Añadió que el proceso "sigue en curso" en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde Miralles presentó un proceso "que la jueza ha puesto a disposición".
El director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez, también participó en la rueda de prensa y reconoció que "hay hechos nuevos". "La importancia acá es que en el informe jurídico del MSP los hechos nuevos pesan, y en el informe de Presidencia los hechos nuevos no pesan tanto y no se ven en la misma magnitud", indicó.
Resaltó que "no hay dos informes jurídicos", sino que hay alrededor de diez, "en especial en estas materias donde no hay un marco sancionatorio claro".
"Es muy probable que hayan informes jurídicos que digan una cosa y la otra, esos informes asesoraron la resolución final, que fue la que fue", referenció Márquez.
En esa línea, Lustemberg volvió a intervenir y subrayó que han tenido varios informes jurídicos "en un proceso que ha sido muy complejo". Consultada sobre si se arrepiente de haberle reducido la sanción a Miralles a tres años, la ministra respondió: "Yo no me arrepiento, fue una decisión tomada con los elementos que tenía en ese momento desde el punto de vista jurídico y técnico, estuvimos de acuerdo con la Comisión Honoraria de la gravedad de los hechos".
Acotó que se había llegado a ese acuerdo "por razones que estaban fundamentadas en el informe jurídico sobre la cantidad de los años", y que siempre se basó "en la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología".
"Ante los hechos, y el recurso de amparo elevado ante el Poder Ejecutivo, nosotros sí entendíamos que había hechos nuevos, nosotros tomamos esta decisión", concluyo.
Qué dice el informe de Jurídica de Presidencia
El documento, fechado el 5 de noviembre de 2026 y elevado al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con las firmas de Mariana Errazquin y Gonzalo Chiribao, marca una discrepancia jurídica con el informe que había sido elaborado unos días antes por el hoy exdirector de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto —quien renunció a su cargo este jueves, como informó previamente El País.
En su informe del 28 de octubre, Esposto había sostenido que la rebaja dispuesta en su momento por la ministra Cristina Lustemberg —que, como informó El País este miércoles,será interpelada en la Cámara de Representantes por el Partido Nacional— estuvo “ajustada a derecho”, pero que la posterior condena penal por homicidio culposo en proceso abreviado (dictada en diciembre de 2025) constituía un elemento novedoso que obligaba a rectificar el acto .
La Asesoría Jurídica de Presidencia, no obstante, descartó esa interpretación. Aunque señala que comparte la conclusión de elevar nuevamente la sanción a cinco años, aclara de forma expresa que “no se tiene el honor de acompañar el fundamento jurídico que motiva la misma”.
Los supuestos elementos nuevos en la investigación es lo que venía aduciendo la títular del MSP en las últimas horas para justificar la marcha atrás. Lo hacía citando el último informe de Esposto, fechado el 28 de octubre: este señalaba que la condena de la médica por homicidio culposo, dictada en diciembre de 2025 tras un proceso abreviado, constituía un elemento novedoso que justificaba revisar la decisión de la ministra de reducir el período de inhabilitación.
Sin embargo, para los asesores de Presidencia, las graves fallas médicas ya estaban plenamente probadas en el expediente administrativo antes de la condena penal, por lo que nunca se debió haber rebajado la sanción, un acto que incluso llevó a la renuncia de 11 de 13 de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que había determinado la penalización original.
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