Jurídica de Presidencia contradice a Lustemberg: no hubo “hechos nuevos” y bajar sanción a anestesista fue “arbitrario”

Un informe de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República contradice los argumentos dados en las últimas horas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera .

El dictamen de Torre Ejecutiva —al que accedió El País— coincide en que debe restablecerse la inhabilitación original de cinco años, pero rechaza de plano que para ello sea necesario invocar “hechos nuevos”, al tiempo que tilda de “arbitraria” la resolución ministerial de octubre de 2025 que había rebajado la pena a tres años.

El documento, fechado el 5 de noviembre de 2026 y elevado al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con las firmas de Mariana Errazquin y Gonzalo Chiribao, marca una discrepancia jurídica con el informe que había sido elaborado unos días antes por el hoy exdirector de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto —quien renunció a su cargo este jueves, como informó previamente El País.

En su informe del 28 de octubre, Esposto había sostenido que la rebaja dispuesta en su momento por la ministra Cristina Lustemberg —que, como informó El País este miércoles, será interpelada en la Cámara de Diputados por el Partido Nacional— estuvo “ajustada a derecho”, pero que la posterior condena penal por homicidio culposo en proceso abreviado (dictada en diciembre de 2025) constituía un elemento novedoso que obligaba a rectificar el acto .

La Asesoría Jurídica de Presidencia, no obstante, descartó esa interpretación. Aunque señala que comparte la conclusión de elevar nuevamente la sanción a cinco años, aclara de forma expresa que “no se tiene el honor de acompañar el fundamento jurídico que motiva la misma”.

Los supuestos elementos nuevos en la investigación es lo que venía aduciendo el MSP en las últimas horas para justificar la marcha atrás.
Sin embargo, para los asesores de Presidencia, las graves fallas médicas ya estaban plenamente probadas en el expediente administrativo antes de la condena penal, por lo que nunca se debió haber rebajado la sanción, un acto que incluso llevó a la renuncia de 11 de 13 de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que había determinado la penalización original.

El informe de Presidencia de la República repasa los cuatro apartamientos a la lex artis (reglas de buena actuación) acreditados por la Comisión de Salud Pública en diciembre de 2024. En primer lugar, Miralles “omitió la valoración de la existencia y severidad del eventual agravio encefálico consecutivo al paro o lo hizo incorrectamente”, interpretando erróneamente señales clínicas “como si se hubiera tratado una anestesia sin complicaciones”, lo que la llevó a extubar en forma apresurada a la paciente .

Luego de esa extubación, y durante un tiempo “inexplicablemente prolongado” estimado en cinco minutos, mantuvo a Barrera en el área de recuperación postanestésica en lugar de trasladarla intubada y ventilada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ya la estaban esperando, debiendo reintubarla tras comprobar el descenso en su nivel de conciencia.

Asimismo, el dictamen recuerda que durante el curso de la anestesia la médica se retiró del block operatorio en dos oportunidades —una para ir al baño y otra para lavarse la cara por una “sensación de embotamiento”— sin dar aviso a viva voz al resto del equipo y “sin dejar controlando el curso de la anestesia del paciente a alguien capacitado”, además de haber omitido realizar el mismo día de la operación el registro de los controles efectuados.

“Estos apartamientos a la lex artis, que culminaron además con la consecuencia gravísima del fallecimiento de la señora Barrera, como viene de decirse no constituirían, a criterio de esta Asesoría Jurídica, hechos nuevos y fueron fundamentos suficientes de la Resolución de la Comisión de Salud Pública”, sentencia el documento de Presidencia.

Esto, como se dijo, contradice la versión dada por la ministra Lustemberg en las últimas horas, en cuanto a que "elementos nuevos" fueron los que determinaron la rebaja de la sanción.

“Es un caso doloroso para una familia que perdió a su hija y para otra familia que también tiene un sufrimiento”, empezó la ministra en un evento este miércoles en Artigas. Y continuó: “El presidente de la República tomó conocimiento del proyecto de resolución que firmamos en conjunto para ratificar, ante hechos que fueron apareciendo después que yo firmé la reducción de los años… Nunca dudé la gravedad de los hechos, solo fue el quantum de la sanción, siempre bajo la valoración de la Unidad Académica de Anestesiología. Al surgir nuevos elementos luego de firmada la resolución en octubre de 2025 (…) lo trabajamos con Jurídica y con Presidencia, y con el presidente decidimos ratificar lo que había dicho la Comisión Honoraria”.

Una rebaja “arbitraria”

Lejos de respaldar la actuación inicial del MSP en octubre de 2025 —cuando el ministerio redujo el castigo alegando principios de proporcionalidad y gradualidad—, el informe de Torre Ejecutiva cuestiona aquella resolución ministerial .

Según los juristas de Presidencia, el MSP desestimó todos los descargos de Miralles, pero aconsejó abatir la sanción sin citar casos análogos previos ni mencionar atenuantes en la conducta de la médica .

“Tampoco se explicita en qué podría haberse apartado de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad la sanción de 5 (cinco) años y de qué forma el nuevo quantum se adecuaría a los referidos principios, resultando, por tanto, arbitrario el nuevo quantum de 3 años”, sostiene el escrito.

El dictamen agrega que la cartera acudió a “fórmulas genéricas, las cuales no son admisibles” según el Decreto 500/991, y concluye que, tanto desde el punto de vista formal como sustancial, “dicha ausencia de motivación afecta la legalidad del acto”.

También se señala, en el mismo sentido, que “la referida Comisión de Salud Pública realizó un correcto análisis del caso, actuando dentro de las potestades” que le correspondían.

Por ello es que se recomienda hacer lugar al recurso presentado por Rosario Barrera (la madre de la pediatra fallecida), revocar la resolución del MSP y confirmar directamente la sanción original de cinco años dispuesta por la Comisión de Salud Pública en 2024, lo que terminó sucediendo esta semana.

La renuncia

El pronunciamiento de Presidencia se conoce tras la dimisión de Martín Espósito a la dirección de Servicios Jurídicos del MSP.

Esposto, funcionario presupuestado de ASSE, había tenido un rol protagónico en las dos instancias del expediente dentro del MSP: en octubre de 2025 firmó el informe que avaló bajar la inhabilitación a tres años por “falta de motivación suficiente” de la pena original, y el pasado 28 de octubre rubricó el documento que pidió dar marcha atrás tras el recurso de la madre de la víctima .

En la breve carta de renuncia dirigida a Lustemberg, difundida este jueves por El País, el funcionario expresó que dejaba el cargo por “razones personales” y que se sentía honrado por haber sido designado en primer lugar.

“Por la presente el comunico formalmente que razones personales me hacen presentar renuncia al cargo que me honró con su designación. Desempeñé el mismo con profesionalidad y con la tranquilidad y certeza de haberlo realizado con lealtad institucional y sobre todo personal. Aprovecho para manifestar el reconocimiento y agradecimiento a todo su equipo de trabajo”, dice la carta a la que accedió El País.

El Partido Nacional propuso la interpelación a la ministra Lustemberg en una fecha aún a definir, instancia a la que se llegará luego de que la fuerza política consiguiera también el apoyo del Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana.