En el FA, destacan decisión de Orsi de subsanar error del MSP por sanción a Miralles y hay respaldo a Lustemberg

La decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de revocar la resolución de la ministra Cristina Lustemberg que en octubre de 2025 redujo la inhabilitación para ejercer la medicina a la anestesista Inés Miralles, sacudió el escenario político este martes. Tras conocerse la resolución, la oposición volvió a reclamar la renuncia de la jerarca por su actuación en este caso.

Desde filas frenteamplistas, la reacción fue paradójica: hubo respaldo a la ministra, pero también —y principalmente— a la resolución presidencial, firmada en conjunto por ambos jerarcas luego de que, según explicó el propio Orsi, una revisión de Jurídica de Presidencia llevara a reconsiderar la decisión inicial y a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaborara un nuevo informe jurídico.

Mientras tanto, el Partido Nacional confirmó que promoverá una interpelación a la secretaria de Estado (la segunda después de la realizada por la polémica en torno al presidente de ASSE, Andrés Danza). Los blancos, en particular los diputados José Luis Satdjian, Federico Casaretto y Amin Niffouri, han sido quienes más cuestionamientos han planteado a Lustemberg por la decisión de reducir de cinco a tres años la sanción impuesta a la anestesista.

Tras el cambio de postura del gobierno, los legisladores nacionalistas insistieron en reclamar que la secretaria de Estado dé un paso al costado o sea removida por Orsi. El primer mandatario la ratificó en el cargo este miércoles.

En rueda de prensa realizada este martes en Artigas, Lustemberg justificó la decisión de restablecer la sanción original y sostuvo: “Es un caso doloroso para una familia que perdió a su hija y otra que también tiene su sufrimiento. Fue una situación trágica. Ayer, con el presidente, tomamos en conjunto la decisión de ratificar la sanción inicial, ante hechos que aparecieron después de que firmé la reducción de los años de inhabilitación. Nunca dudé de la gravedad de los hechos; lo que se modificó fue la extensión de la sanción. Por ahora no me planteo la renuncia y la decisión siempre la tiene el presidente”.

Sin embargo, las críticas de la oposición apuntan, de todas formas, a la demora —a la relevancia de la cronología de los hechos— con la que se adoptó la decisión.

El último informe jurídico elevado por el MSP, que resultó determinante para que Orsi resolviera revocar la reducción de la sanción, señala como elemento nuevo y excluyente la condena —y las pericias realizadas durante el proceso judicial— a Miralles, en diciembre de 2025, por el delito de homicidio culposo, tras someterse a un proceso abreviado. La reducción de la sanción por parte de Lustemberg había ocurrido unos meses antes, en octubre.

De todas formas, en el Frente Amplio destacan “la decisión que tomó el presidente de revocar la resolución ministerial que redujo la sanción”.

Algunos de los consultados respaldan, además, el análisis que había realizado originalmente la Comisión de Salud Pública en diciembre de 2024, más allá de los argumentos jurídicos que esgrimió el ministerio para justificar la reducción del período de inhabilitación.

Consultado por El País, el diputado Luis Gallo —médico de profesión e integrante de la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes— destacó la “sensibilidad del presidente de la República”.

“Ante el recurso presentado por la madre de Soledad Barrera se generaron seguramente nuevos elementos. Y creo que cuando Orsi fue abordado por el padre de la médica fallecida en Treinta y Tres también sensibilizó. El presidente tomó una decisión muy acertada al revocar la decisión de la ministra”, apuntó Gallo, aunque consideró que la posibilidad de que haya una interpelación es “oportunismo político” de la oposición.

“Esta semana ya van tres ministros a los que les pidieron la renuncia: a Sandra Lazo, a Juan Castillo y ahora a Cristina Lustemberg”, agregó y respaldó.

No obstante, la sensación entre parlamentarios del FA es que la decisión de la Comisión Honoraria de Salud Pública debió ser respaldada desde un principio y que se demoró demasiado tiempo en subsanar el error. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo todavía tramita un recurso de nulidad contra toda la sanción que presentó la anestesista.

Desde la cartera, por su parte, señalaron que recién este año accedieron a la información proveniente de la Justicia Penal —la condena se dictó en diciembre de 2025— y que este tipo de procedimientos jurídicos y administrativos requieren tiempo.

En la misma línea, la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky dijo a El País, ante los reclamos de la oposición, que “es la cantinela que también pide la renuncia de Castillo” y que “el gobierno no es PedidosYa”.