Por concepto de "ayuda económica" la IMM pagó a funcionarios montos de $ 100 mil y hasta $ 480 mil en 2024

Si uno ingresa al sitio web de la Intendencia de Montevideo (IMM), se dirige a la sección de las resoluciones y escribe en el buscador "ayuda económica" verá cómo, a lo largo del tiempo, la comuna ha brindado frecuentemente esa prestación a sus funcionarios. El motor de búsqueda de la IMM arroja, por lo pronto, 1.495 resoluciones como resultado, con lo que hay que scrollear varios segundos hasta llegar al último documento digital, que es de principios de este siglo.

En todos los casos, las ayudas económicas brindadas a los funcionarios están amparadas en el artículo 235 del Texto Ordenado de Beneficios Funcionales (Tobefu), que establece que la administración puede otorgar este beneficio cuando se requieren "tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, adquisición de prótesis(,) etc.(,) que se tramiten por intermedio de la Comisión Administradora del Seguro de Salud". Para que eso se efectué, aclara el artículo 241.1, "el funcionario deberá presentar el comprobante de haber realizado el gasto en la Unidad (de) Beneficios Funcionales del Servicio de Liquidación de Haberes".

Ahora bien, estas y otras partidas especiales que reciben, año a año, los trabajadores de la IMM, en un contexto en el que las finanzas de la comuna atraviesan uno de sus peores momentos, es uno de los aspectos de la gestión municipal más cuestionados por la oposición, que también ha puesto la lupa no solamente en algunas autorizaciones recientes de ayudas económicas que llaman la atención, sino también por la falta de respuestas de la IMM que permita conocer si se controlan debidamente estas autorizaciones (ver recuadro).

Es que, para empezar, las resoluciones no incluyen los motivos de las solicitudes de los trabajadores —que pueden ser tan amplios como la significación del "etcétera" del artículo 235—, ni aun cuando la autorización es, como ocurrió desde el 27 de mayo de 2024, para que un funcionario del Servicio de Conservación del Palacio reciba $ 80.263 por mes durante un semestre —lo que totalizó un pago de $ 480 mil, sin reembolso.

Como estas, similares —aunque ninguna tan alta, y hay muchas habilitaciones por montos de menos de $ 10 mil— hay varias durante el 2024, año en que, por este concepto, la IMM destinó un total de $ 5 millones.

Hay resoluciones para solo un funcionario que alcanzan los $ 100 mil, $ 200 mil, $ 300 mil y, como se vio, más de $ 400 mil. Y en más de un caso se trata de funcionarios que, además de cobrar su sueldo, también reciben otras partidas especiales, como se detallará a continuación en algunos ejemplos.

La forma de lo pagos varía: son frecuentes las cuotas mensuales, como con el funcionario del Servicio de Conservación del Palacio, pero también se resuelve otorgar dos consecutivas, como recibió un hombre que se desempeña en la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, que contó con la ayuda de unos $ 400 mil —y que, como varios otros, recibió además otras partidas vinculadas a su tarea en los últimos años.

Las ayudas económicas no siempre son una excepción, al menos si uno se fija en algunos nombres que se han repetido en los últimos años.

Uno de ellos es el de la exdirectiva de Adeom Vanessa Gallinares, quien entre 2022 y 2023 recibió de forma consecutiva tres de estas partidas, por un total de $ 132 mil.

También es el caso de una ingeniera que se desempeña en el departamento de Ingeniería y Obras, quien recibió la ayuda económica en 2021 —en pagos mensuales— por $ 135.600, en 2023 por $ 220.766 y, el año pasado, por $ 100.080.

En este caso, y de acuerdo a información que se desprende de un informe del Tribual de Cuentas de la República (TCR) que está en poder de la bancada nacionalista —y que solicitó en su momento el senador Martín Lema—, la funcionaria partía de un sueldo base de $ 142.390, más varias otras partidas.

Similar es la situación de un funcionario que trabaja en el Servicio de Tesorería, quien en 2024 recibió una ayuda económica por $ 302.500 pero que, de acuerdo a la información del TCR, ese mismo año también se benefició de una partida de "recaudador" del 30 % ($ 161.614); otra partida de complemento por trabajar fuera de hora ($ 179.397); una compensación especial por su función ($ 192.441); una de "ensobre de tesorería" ($ 134.625); y una última por quebranto de caja ($ 241.703). Todo lo cual suma $ 909.780 en un año, sin contar la ayuda económica.

También ocurrió algo parecido con una inspectora de tránsito que en 2022 recibió ayudas económicas por $ 156.819, y en ese mismo año, percibió, además, $ 198.151 por su participación en los ingresos por patentes, $ 343.486 por su participación en lo recaudado por infracciones de tránsito y $ 210.226 por otras compensaciones especiales. Todo eso totaliza $ 751.836, a lo que debe sumarse los $ 156.819 que recibió de ayuda económica meses atrás.

Algunas de estas resoluciones fueron adjuntadas en dos pedidos de informes que el edil nacionalista Gonzalo Gómez formuló a la IMM el año pasado —uno en agosto y otro en octubre— para conocer detalles sobre todas estas situaciones, y que incluyen a funcionarios "que cobraron ayudas económicas a pocos meses de jubilarse", además de los casos "en donde se pagaron cifras exorbitantes", y muchas veces "extrañamente redondas", cuando además "los funcionarios en cuestión ya recibían compensaciones especiales y otras partidas también abultadas".

Sin embargo, la respuesta de la IMM no fue de recibo para el nacionalista, porque la contestación se limitó a afirmar o negar las preguntas formuladas —como, por ejemplo, si los solicitantes reunían las condiciones necesarias y, más importante, si presentaron comprobante del gasto— pero sin respaldo documental. Porque, según alegó la IMM en su respuesta, eso implicaría vulnerar información reservada sobre los funcionarios involucrados.

"A nosotros no nos interesan las personas involucradas, sino los mecanismos que se usan para dar esa ayuda. No pretendemos perseguir funcionarios —agregó—, sino analizar si hay una posible desviación".

No contar con "facturas" de las boletas que los trabajadores deben presentar ante la administración produce "la suspicacia de si en verdad hubo un control exhaustivo a la hora de dar estas partidas, que en un 90% no son devueltas", dijo Gómez, que agregó: "Nos urge la necesidad de averiguar si esta plata que se utiliza a estos fines es la adecuada".