LOS MATICES ENTRE LOS SOCIOS DE LA COALICIÓN

El costo del combustible tiene que bajar, en eso hay acuerdo en la coalición. El problema es cómo hacerlo. Los blancos apuestan a desmonopolizar Ancap y permitir la libre importación de refinados, de manera que la competencia permita bajar el costo.

El punto estaba en el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou pero no fue incluido en el acuerdo previo al balotaje, “Compromiso por el país”, aprobado por todos los socios de la coalición en respaldo de la candidatura de Lacalle Pou.

En aquel momento colorados, independientes y Cabildo marcaron sus diferencias con la iniciativa y la propuesta no llegó a ser acordada.

Sin embargo, la iniciativa volvió al tapete con la presentación del borrador de la ley de urgente consideración (también conocida como LUC). Ayer el senador colorado Adrián Peña propuso que el tema se trate en una ley aparte.

Desde el lado de los nacionalistas le respondió Sebastián Da Silva, productor agropecuario y hoy suplente del senador Javier García, quien será ministro de Defensa desde el 1° de marzo. “Si lo sacan de la LUC, lo volveremos a presentar. La gente que produce en el Uruguay no puede seguir siendo rehén de resabios estatistas de 1931. No llegamos al gobierno para hacer la plancha o resignarnos. La pelea la vamos a dar y veremos qué dice la gente”, escribió Da Silva en Twitter.

Desde el momento en que el presidente electo presentó el borrador de la ley de urgente consideración, el pasado 22 de enero, se planteó la intención de que los socios de la coalición, los sindicatos, las cámaras empresariales y el resto del sistema político plantearan cambios en el texto.

El Partido Colorado, socio principal de la coalición, puso a trabajar a sus elencos técnicos y políticos a doble turno para cumplir con los plazos propuestos por el presidente electo. El senador Peña aseguró que se dispuso de 1.000 horas de trabajo en la tarea.

En este sentido, los colorados impulsan una serie de cambios al borrador de la ley de urgencia, que incluye modificaciones en seguridad pública, inclusión financiera, agencias públicas, vivienda y producción. Además, plantean incorporar proyectos concretos e iniciativas que fueron presentadas en otras legislaturas que no recibieron el apoyo suficiente por parte de la monolítica mayoría del Frente Amplio.

El País accedió a parte del material, un “mamotreto” de cientos de páginas que llegó a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y el futuro prosecretario, Rodrigo Ferrés.

En materia de seguridad pública los colorados proponen bajar la pena del delito de resistencia al arresto. Plantean que se pase de tres años de penitenciaría a un máximo de 24 meses de prisión, lo que lo hace excarcelable.

Por otro lado, son contrarios a la eliminación del principio de oportunidad, con lo que se suman a los planteos de operadores judiciales. Con respecto al proceso abreviado, pretenden llevarlo a delitos cuya pena mínima no supere los cuatro años de penitenciaría, lo que permitiría incluir el hurto.

En cuanto a la incorporación de nuevos artículos, apuntan a que la Fiscalía General de la Nación se transforme en órgano colegiado. Pasaría a ser conducido por tres miembros y las principales competencias permanecerían en el fiscal de Corte. La conducción del organismo se completaría con fiscales letrados con sede en Montevideo designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse durante el período de gobierno. La idea fue planteada semanas atrás de manera personal por el diputado y exfiscal Gustavo Zubía al presidente electo.

Los colorados también proponen la creación del instituto de la libertad a prueba, el que sustituye la libertad vigilada derogada por la ley de urgencia.

Fuera de los temas de seguridad, una de las modificaciones más significativas tiene que ver con la derogación de la llamada inclusión financiera. Al respecto proponen ponerle un tope a las transacciones libres.

De esa forma, el artículo 183 del borrador, “Libre elección del medio de pago”, quedaría redactado de la siguiente forma: “Los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares, salvo toda operación o negocio jurídico sobre bienes inmuebles por un monto superior a 850.000 unidades indexadas, podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones que las contenidas en la Ley 19.574, de 20 de diciembre de 2017”.

Medido en dólares, el tope sería de unos 96.000 al cambio de ayer. No hay acuerdo entre los colorados con el monto. Esta modificación permitiría controlar el lavado de activos y al mismo tiempo se cumpliría con el objetivo del proyecto, según las fuentes consultadas.

Proponen crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas pero fuera del ámbito de la Presidencia, “por razones de orden constitucional”. Entienden que debería funcionar dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Piden lo mismo con la Agencia de Compras Estatales, que debería ir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por otro lado, los colorados pretenden que se tome el 50% de lo recaudado por concepto de remate de los bienes incautados a los narcotraficantes para la financiación de los medicamentos de alto costo.

Cabildo Abierto y PI también presentaron su plan de ajustes

Cabildo Abierto y el Partido Independiente también reunieron a sus equipos técnicos y presentaron sus modificaciones al borrador de la ley de urgente consideración. Desde el Partido Independiente se consignó que no se hicieron agregados. No obstante, a los técnicos y políticos del PI les preocupa el capítulo de seguridad pública “en su totalidad”, con particular énfasis en el aumento de penas previsto. También se proponen trabajar sobre el tema de la “inclusión financiera”.

En ese sentido, se disponen a proponer la flexibilización de la norma aunque evitando afectar algunos aspectos donde “ya no se puede dar marcha atrás”. En términos conceptuales, una fuente partidaria consignó que se busca “volver a acordar en base al documento firmado Compromiso con el país”.

Por su parte, el equipo técnico de Cabildo Abierto y sus parlamentarios se dividieron en comisiones de trabajo para responder con celeridad al documento. No obstante, las distintas fuentes consultadas prefirieron cumplir con el compromiso de “no divulgar” los contenidos de la respuesta para evitar “discusiones” por los medios de comunicación. A pesar de ello, se pudo saber que habrá cambios en materia de seguridad pública, vivienda, salud y titularidad de los establecimientos agropecuarios, entre otros asuntos.

Uno de los temas más trabajados por los partidos políticos es el de la reforma de la seguridad social. El borrador propone la creación de un grupo de notables que contarían con un plazo de dos años para presentar un proyecto de ley sobre el tema. Sin embargo, la mayor parte de los socios de la coalición son partidarios de reducir los plazos.

Los colorados piden que se sumen al debate los partidos políticos y grupos sociales relevantes. Además, para “avanzar rápido” creen que se debería actuar mediante decreto. También quieren que el proyecto de ley llegue al Parlamento antes de fin de año.