ANTEPROYECTO DEL GOBIERNO ELECTO

El 1º de noviembre del año 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Atrás quedaban años de debates e intercambios académicos y políticos. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

La práctica demostró que cuatro nuevos conceptos generaron serios inconvenientes en el proceso de la administración de Justicia:libertad vigilada, suspensión condicional del proceso, principio de oportunidad y el proceso abreviado.

Algunos de estos nuevos institutos permitieron que los imputados quedaran sin cumplir ni un día en prisión y sin antecedentes, según coincidieron diversos operadores judiciales.

Poco tiempo después de su implantación el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se defendía ante el aumento de la inseguridad hablando del “efecto noviembre” y le achacaba al CPP varias responsabilidades. De paso, el gobierno, que tanto había defendido el cambio normativo, marcaba distancia de la innovación.

En el borrador de la ley de urgente consideración, presentado para su debate por el propio presidente electo, Luis Lacalle Pou, se propone derogar la libertad vigilada, la suspensión condicional del proceso, el llamado “principio de oportunidad” y realizar modificaciones en el proceso abreviado.

Los redactores de la iniciativa evaluaron que se trata de instrumentos fijados por el nuevo CPP que “han demostrado que generan impunidad, propician el aumento delictivo, envían una señal equivocada y que la ciudadanía ve con asombro y rechaza por la benignidad con que se trata a quienes delinquen”, según supo El País.

Entienden que este sistema permitió situaciones que bordearon el absurdo y terminaron en escándalos en la opinión pública. Se trata de resoluciones que se asumieron dentro de la legalidad y sin afectar a los operadores que participaron.

La lista de ejemplos es extensa. En San Ramón, (Canelones) un hombre compró objetos robados y por suspensión condicional del proceso, lo condenaron a hacer 100 tortas fritas y donarlas a una institución pública o privada.

Otro tanto ocurrió en Pocitos: un delincuente intentó robar un cajero automático, quedo libre con la medida de no acercarse a 500 metros de la terminal bancaria. También deberá presentarse en la comisaría de su barrio y realizar trabajos comunitarios.

Un sujeto robó un local de la cadena FarmaShop y por suspensión condicional del proceso quedó libre, además se le prohibió concurrir a los locales de FarmaShop por un plazo de seis meses, fue obligado a pedir disculpas y devolver $ 2.411.

Dos delincuentes que asaltaron un banco en Flores y se llevaron más de un millón de dólares, fueron condenados a libertad vigilada desde la hora 23:00 a la hora 7:00 durante un año y 8 meses mediante juicio abreviado. En Malvín, un hombre fue detenido al robar una bicicleta, todo quedó grabado. La Fiscalía lo dejó libre aplicándole el “principio de oportunidad” y quedó sin antecedentes.

Una mujer fue imputada en Paysandú por abigeato en reiteración real de lanares y receptación. Fue condenada a cuatro meses de prisión domiciliaria nocturna y otros cuatro en régimen de libertad vigilada.

Robó tres farmacias en San Carlos y la Justicia lo procesó sin prisión por tres delitos de hurto agravado. Como medida sustitutiva le prohibió acercarse a las farmacias que robó y debiendo presentarse una vez por semana ante la dependencia policial más cercana.