Ministerio del Interior declaró reservados por 15 años datos sobre cobro de compensaciones en Policía de Canelones

El Ministerio del Interior declaró reservada por un plazo de 15 años la información sobre el cobro de una compensación en la Jefatura de Policía de Canelones, en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr), a la que accedió El País.

El sindicato pidió datos referentes al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), un sistema de patrullaje especial por el cual efectivos pueden acceder voluntariamente a una suerte de incentivo salarial extra, pero en una dinámica con mayores requisitos operativos y disposición de horario.

Cantidad de cupos asignados, cantidad de efectivos —tanto oficiales como subalternos— que perciben la compensación, qué tareas desempeñan, así como en qué horario y zona, fueron las solicitudes que planteó el pedido.

En la respuesta —firmada por el director general de Secretaría, Gerardo Siri—, el ministerio argumentó que, si bien, “desde el punto de vista formal, no existen objeciones que formular”, la información requerida “podría vulnerar la seguridad pública”.

“Su divulgación está directamente relacionada con la efectividad de la tarea de los servicios puestos a cargo del Ministerio del Interior relativa a estrategia y planificación de las actividades vinculadas a los procedimientos policiales de combate a la delincuencia, por lo cual se entiende que dicha información debe ser clasificada como reservada por el plazo máximo legal establecido de 15 años”, sostiene Interior.

Desde el gremio señalaron a El País que la solicitud estuvo motivada por sospechas de que en Canelones hay más agentes que perciben la compensación de los que deberían; indicaron que la cifra por compensación se ubica en el entorno de los $ 20.000 por mes.

La contestación de la cartera fue cotejada con una de la propia Guardia Republicana que data de agosto de 2025, cuando se pidió la misma información a ese cuerpo de seguridad, con la única diferencia de que no se incluyó el horario de desempeño de las tareas.

En esa ocasión, Interior accedió al pedido, tras la “prueba de daño” hacia la “seguridad nacional”. No obstante, el único dato que se brindó es que el cupo asignado para la Republicana era de 425, de los cuales 265 eran presupuestados y el resto “comisiones entrantes”.

En Unipolgr, entienden que la respuesta de Interior sobre la jefatura policial canaria “llama especialmente la atención”, ya que se trata de un precinto sobre el cual ya han denunciado “posibles irregularidades”. En ese sentido, critican una “falta de transparencia” en la decisión de reservar información vinculada al PADO.

La actual gestión encabezada por el ministro Carlos Negro ha declarado reservada por 15 años la información solicitada en otros pedidos de acceso que se hicieron públicos, y que han generado polémica y críticas principalmente por parte de la oposición al gobierno frenteamplista.

El caso más notorio fue en julio de 2025, tras el partido clásico entre Peñarol y Nacional por la final del Torneo Intermedio, donde un hincha resultó herido por una bengala náutica. En una solicitud sobre el operativo realizada por Telemundo, se hicieron preguntas que referían a las áreas que fueron revisadas, el horario en el que se realizaron los rastrillajes, los elementos que se buscaban en el operativo, la cantidad de efectivos que participaron del procedimiento y las tareas de inteligencia previas.

En la respuesta, también firmada por Siri, y en un comunicado posterior divulgado por la cartera, se argumentó que divulgar ese tipo de información podría comprometer operativos posteriores.

Por entonces, el jerarca señaló a El País que “en el documento que se podía suministrar se establecen las pautas de seguridad y todo el mecanismo que hace al operativo de seguridad de un partido de fútbol”. La razón aducida para no entregar al menos una fracción de los datos fue que se trataba de un documento “concreto” y “único”.

Otro caso fue en junio del año pasado, con respecto al programa Barrios Sin Violencia, que comenzó en abril de 2024 como un plan piloto inspirado en ejemplos de varios países con el objetivo de prevenir homicidios en los barrios más delicados de Montevideo, a través de los denominados “interruptores”. Cuando El Observador realizó un pedido de acceso a la información sobre el mismo, la cartera aseguró inicialmente que no existía ningún tipo de evaluación del programa. Sin embargo, tras la reiteración del pedido, reconoció su existencia aunque declaró los documentos como reservados, también por 15 años.