Negro aguarda por informe de impacto de Barrios Sin Violencia como “elemento de juicio” para definir si continúa

El programa Barrios Sin Violencia, del Ministerio del Interior, comenzó en abril de 2024 como un plan piloto inspirado en ejemplos de varios países con el objetivo de prevenir homicidios en los barrios más delicados de la capital, a través de los denominados “interruptores”. Con la asunción del gobierno de Yamandú Orsi, el programa sigue en pie, pero su futuro aún es incierto a la espera de una evaluación de impacto que está pendiente desde el año pasado.

En diálogo con El País, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera, Víctor Abal, explicó que el objetivo del programa es “interrumpir la violencia retaliativa, no del conflicto entre bandas criminales, sino el conflicto retaliativo que hace más a conflictos interpersonales o de grupalidades pequeñas, pero que no están en disputa a cuotas de mercado o territorio”.

En ese sentido, sostuvo que la evaluación de impacto refiere a una dinámica de “monitoreo” de Interior sobre los resultados que tenga el programa, la cual será “este año seguro”. El jerarca enfatizó que en la actual administración se concibe “la evidencia como un componente fundamental” y se refirió a la continuidad del programa.

“Eso ya dependerá del ministro y de las definiciones que él valore, no de la definición del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Cuando se hace una evaluación de impacto, es para tener un elemento de juicio significativo a la hora de entender si tenemos una evidencia para continuar, para corregir, para transformar”, puntualizó Abal.

Asimismo, destacó como un “hito relevante la firma de un convenio con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para implementar este mecanismo de agentes “interruptores” en centros de salud, con el fin de “prevenir episodios de represalia y nuevos hechos violentos vinculados a personas heridas que ingresan a centros asistenciales”, según describió Interior en su momento.

El jerarca señaló que se incorpora un equipo en el Hospital Pasteur y el Hospital del Cerro, “para trabajar justamente con las víctimas que llegan de violencia armada, tanto de arma de fuego como de arma blanca, que responden obviamente a los perfiles de riesgo que tiene el diseño del programa”.

Fuentes de Interior también señalaron a El País que ha habido cierta demora en concretar la evaluación; esta se realiza a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos han tardado más de lo previsto en arribar.

Es en base a este análisis que el gobierno medirá cuál fue la incidencia del plan en la prevención de episodios violentos hasta la fecha. De hecho, la oposición planteó dudas al respecto en la última comparecencia del Ministerio del Interior en el Parlamento, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a mediados de mes.

El diputado blanco Pablo Abdala criticó que el ministro Carlos Negro “siempre responde” que “es un tema que se está evaluando”, sobre la consulta de qué sucederá con el programa, la cual fue planteada nuevamente.

En respuesta, Abal dijo que el mismo fue “heredado” y aun así fue llevado adelante con “un esfuerzo institucional y mucha paciencia”.

“El programa sigue teniendo como objeto principal la interrupción de la violencia retaliativa, es decir, no consiste en mediar o gestionar conflictos que hacen a la violencia por disputa de cuotas de mercados, principalmente. Atiende a la violencia retaliativa, reitero, y a la violencia comunitaria, principalmente. Por tanto, mientras el programa esté en la gobernanza, en la Dirección de Convivencia -recordemos que el programa antes estaba huérfano institucionalmente; creo que funcionaba en Secretaría, pero no tenía una gobernanza política-, haremos el esfuerzo para que sus objetivos se cumplan”, aseguró el jerarca.

Por otro lado, el programa ha recibido críticas públicamente por parte de expertos y analistas debido a su presunta falta de resultados. La socióloga Luciana Scaraffuni aseguró hace unos días en el canal Yunta que este modelo en Uruguay “fue aplicado de una forma bastante mediocre, sin ningún propósito por detrás”.

“En los lugares donde se aplicó, como Colombia, tenía determinadas políticas de trabajo, de integrar de vuelta a esas personas a la vida en sociedad sin estigmas, sin marginaciones. Acá pusieron tres personas a buchonear y no pasó nada más. No hay ningún dato ni ninguna evidencia empírica que muestre que eso sirvió para algo”, aseveró.

Otro fue el abogado Rodrigo Rey hace unos meses, cuando dijo en el streaming Dopamina que este tipo de programas internacionalmente “están siendo desinstalados y desfinanciados porque quedó demostrado que los interruptores de violencia no funcionan”.

“Creer que se pueden interrumpir conflictos como si fueran vecinales, cuando son por intereses económicos subyacentes, y mediar antes de que empiece una guerra de bandas ha demostrado que falló”, afirmó.

Los “interruptores” son equipo de personas pertenecientes a organizaciones civiles —varios de los cuales tienen antecedentes penales— que se dedican a mediar conflictos en territorio para evitar escaladas de violencia, así como derivar personas a distintos servicios de atención y realizar actividades comunitarias. Asimismo, desde su aplicación en 2024 se ha señalado en más de una ocasión que se trata de una iniciativa independiente de la Policía; el rol del ministerio es únicamente financiar y coordinar el proyecto.

En paralelo, el gobierno de Orsi inauguró su plan Más Barrio. Este comenzó a fines de abril en Cerro Norte, uno de los barrios más inseguros de Montevideo, y tiene entre sus objetivos disminuir los niveles de violencia y mejorar la convivencia barrial.

Por entonces, Negro manifestó que constató “evaluación muy positiva por la recepción de los vecinos”, quienes le habrían manifestado su “predisposición de que el plan se afinque y pueda atender todas las carencias”.

“En general hay una buena percepción de cómo ha cambiado el barrio, las cifras así lo dicen, hemos pasado en 2024 de 14 homicidios en la zona a que tengamos uno en todo el año. Eso se percibe por los vecinos que están más cerca de la realidad”, remarcó el ministro.

Sin embargo, Abal acotó que ambos planes “son cosas bien distintas, no comparables”. “Más Barrio es un programa integral que tiene que ver con política de vivienda, con política de seguridad, con el desembarque del Estado en su conjunto. Es otro enfoque a un programa de interrupción de la violencia retaliativa en específico”

La idea de las autoridades es implementar el Más Barrio en 21 zonas del país, pero se comenzará con cinco este año: además de Cerro Norte, está San Antonio en Maldonado, Cofrisa-Talca en Las Piedras y las ciudades de Durazno y Rivera.