Barrios Sin Violencia es uno de los programas llevados adelante por el Ministerio del Interior para prevenir homicidios. Por tratarse de un plan piloto inspirado en otro que funciona en varios países, se realizó un informe en el que investigadores externos evaluaron la implementación de la iniciativa en Uruguay. En el documento, al que accedió El País, y que había sido declarado reservado durante 15 años por la cartera, se mencionan situaciones vinculadas al crimen organizado que podrían generar sorpresa: la existencia de “casas de tortura” operadas por narcos, o el caso de policías que desalojaban familias para colocar bocas de droga en sus viviendas, son ejemplo de esto.
El informe fue realizado por Emiliano Rojido (quien si bien hoy es asesor del ministerio, en el momento en que realizó el trabajo no estaba vinculado a la cartera) y el investigador español Ignacio Cano. El documento fue entregado a la secretaría, en ese entonces a cargo de Nicolás Martinelli, en enero de este año. Se analizó el desarrollo del plan desde el proceso de capacitación (abril de 2024) hasta fines del año pasado.
Los expertos revisaron el diseño del programa, analizaron su implementación, propusieron indicadores y brindaron insumos para mejorar su aplicación. Si bien no se trata de una evaluación de impacto, está prevista una de esas características para fines de 2025. Esta será la que mida cuál fue la incidencia del plan en la prevención de episodios violentos.
El programa está siendo monitoreado permanentemente por la actual gestión del Ministerio del Interior, que ha tenido presente las recomendaciones del informe y espera presentar novedades en las próximas semanas con el objetivo de mejorar su funcionamiento. Una de ellas es la firma de un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través del cual se buscará fortalecer el vínculo entre los participantes del programa y centros de salud, adelantaron fuentes de la cartera a El País.
Interruptores
Una de las características del programa, que al momento de su lanzamiento fue enfatizada por el entonces asesor de la cartera Diego Sanjurjo -quien continúa en el Ministerio dirigiendo el Área de Estadística y Criminología Aplicada-, es que se trata de una iniciativa independiente de la Policía, llevada adelante por dos organizaciones civiles. El rol de la cartera es únicamente financiar y coordinar el proyecto.
Esto, según los evaluadores, sucede para “evitar la legitimación indirecta que podría otorgar el Estado a personas y grupos presuntamente criminales al establecer una comunicación directa con ellos”. Es que en múltiples instancias, la tarea de los llamados “interruptores de violencia” los lleva a reunirse con referentes de bandas delictivas para intentar frenar una posible escalada.
Los interruptores, en su mayoría, son “miembros de las comunidades intervenidas y poseen un profundo conocimiento del contexto local”, según se explica en el informe. El objetivo es que cuenten con credibilidad y acceso a las redes comunitarias. Un punto que generó resistencia en representantes del Frente Amplio al ser presentada la iniciativa fue que muchos de ellos son personas con antecedentes penales.
Tan solo se presentaron cuatro ong y se elegían dos
Al momento de seleccionar las dos ONG que trabajarían en las zonas seleccionadas, el Ministerio del Interior debió limitarse a las únicas cuatro que se presentaron al llamado. Según el informe, estas cumplieron parcialmente los criterios solicitados. Si bien los académicos destacaron su colaboración con aspectos no requeridos (por ejemplo prestando un refugio), aseguraron que su involucramiento fue “muy limitado” y que existieron tensiones vinculadas a los recursos económicos. “No se apropian de los objetivos del programa”, concluyeron.
Los integrantes del programa recibieron capacitaciones sobre mediación y resolución de conflictos. Referentes de la organización Cure Violence visitaron Uruguay para evaluar la viabilidad del proyecto en el país. En estas visitas se identificaron “problemas graves relacionados con la seguridad”, según consta en el documento. Entre otros, se enumeran tiroteos frecuentes, homicidios, actividades de sicariato y el uso de “cocinas improvisadas” para producir pasta base.
También se hizo mención a “casas de tortura”. Fuentes policiales dijeron a El País que estas son utilizadas por los grupos criminales vinculados al narcotráfico para impartir disciplina a los propios y castigar a deudores o enemigos.
En el transcurso del programa fue detectado, también, un episodio que vinculaba a un grupo de funcionarios policiales asociados a delincuentes. Los agentes estaban involucrados con desalojos forzados de vecinos para la ocupación o venta de drogas en las viviendas de su propiedad.
También se señala en el escrito que el hecho de poder ser percibidos como “polizones” en los barrios, muchas veces pone en jaque a los interruptores ante ciertas situaciones.
Tensiones entre Interior y las ONG por alto perfil mediático
El Ministerio del Interior y Cure Violence tuvieron algunas diferencias al momento de llevar la idea al territorio. Según la evaluación de Rojido y Cano, el estudio realizado por la organización extranjera para determinar la viabilidad del proyecto omitió algunas “condiciones específicas” del país, así como los recursos disponibles, por lo que la cartera debió hacerse cargo de adaptarlo.
Una de las discrepancias fue que Cure Violence propuso que fuera una sola ONG la que actúe en el territorio, mientras que la cartera contrató dos (una por cada zona intervenida). Una de las mayores tensiones surgió a raíz del alto perfil mediático que el ministerio dio al programa. Tanto Cure Violence como los interruptores mostraron su disconformidad. El argumento fue que a raíz de la notoriedad pública se los comenzó a vincular con la Policía, llegando a ser percibidos como “alcahuetes” en las zonas donde operan.
Según señalaron varios de los entrevistados para la evaluación, los interruptores han recibido intimidaciones por parte de criminales para que no interfieran en sus negocios. Si bien la Policía ha mostrado interés en acceder a información del programa con la finalidad de llevar adelante tareas de análisis criminal, esto fue rechazado por las ONG y los equipos técnicos, que priorizan su seguridad personal y la confianza de las comunidades. Esto llevó a que existiera desconfianza desde la Policía.
Para el momento de la evaluación, algunos criterios todavía no estaban unificados. “¿Qué tenemos para ofrecerle a las bandas organizadas? La mediación en estos casos no es suficiente. Dar algo a la otra parte es clave para generar un vínculo y tener su atención y colaboración. Hay quienes están a favor de otorgar beneficios carcelarios, pero esta idea no tiene acogida en el grupo”, dijo uno de los interruptores cuya identidad figura como anónima.
Según surge del informe, la selección de los interruptores no fue sencilla, ya que se llegó a reportar que integrantes de bandas delictivas intentaron infiltrarse.
Barrios Sin Violencia comenzó a aplicarse en abril de 2024 y ya ronda las 300 intervenciones en barrios. Las estrategias utilizadas para interrumpir la transmisión de violencia son la mediación entre partes enfrentadas, la derivación de personas a distintos servicios como forma de apoyo y la realización de actividades comunitarias.
El informe culmina mencionando la innovación, llegada a los barrios y capacitación continua como aspectos positivos, mientras que son vistas como debilidades la rotación continua de interruptores, las diferencias de prioridades y los recursos limitados.
Origen
La iniciativa comenzó a forjarse en 2022, cuando en la mesa interpartidaria de seguridad (de la que participaron todos los partidos con representación parlamentaria) se definió la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP). Allí se plasmó la necesidad de tener un programa de prevención de homicidios. La propuesta final, que en ese entonces tuvo resistencia por parte de los representantes del Frente Amplio, se denominó Barrios Sin Violencia.
Se trata de un plan importado, basado en el modelo establecido por la organización Cure Violence, aplicado ya en países como Estados Unidos y México.
El formato ve a la violencia como una “enfermedad contagiosa”, por lo que intenta intervenir a través de “actores clave” para interrumpir los ciclos de agresiones y las represalias.
La mayor parte del financiamiento de este plan (el 75%) llegó a través del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que el resto fue una inversión de la cartera. En total, representó US$ 2.414.000.
Estiman los riesgos y ofrecen soluciones
Las zonas de intervención no fueron seleccionadas al azar, sino que responden a aquellos barrios en los que en 2022 se registraron la mayor cantidad de homicidios. En el informe, Rojido y Cano destacaron que las bandas criminales no solo cometen asesinatos como parte de la “competencia con otros grupos”, sino que también lo hacen como un mecanismo de disciplina interna.
Las ONG seleccionadas para trabajar en el proyecto fueron Eco-Familia y Vida Nueva. En el primer caso, se definió que operara en la llamada Zona 1, que abarcaba Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias y Villa Española. La otra organización operó en la Zona 2, que comprendía los barrios de Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes y Cerro Norte. La definición de estos barrios fue establecida durante la gestión anterior de la cartera al momento de implementar el programa.
Por el perfil de los trabajadores y del lugar, en la Zona 1 predomina una perspectiva mayormente orientada a la violencia en general con un “enfoque estructural”, mientras que en la Zona 2 se coloca un mayor énfasis en la violencia letal y la resolución de emergencias.
Uno de los aspectos destacados en el documento es que el diálogo con los grupos criminales se vuelve más complejo cuando existe asimetría de poder entre una banda y la otra. Esto se debe a que la de mayor poder sabe que tiene la capacidad de someter a la otra en caso de continuar con el enfrentamiento, explicaron fuentes policiales a El País.
Se detectó que en estos barrios los jóvenes “son particularmente vulnerables debido a la deserción escolar y la falta de oportunidades laborales”, además de la exposición a altos niveles de violencia. “Estos jóvenes son captados por grupos criminales que les ofrecen ingresos rápidos, bienes materiales y reputación”, aseguran en el documento.
La tarea de los interruptores es realizar una evaluación de riesgo cada vez que detectan un conflicto, para luego clasificar la gravedad de la situación y decidir el tipo de intervención necesaria. Esta puede incluir negociar acuerdos, como el pago de deudas, reubicar a personas amenazadas fuera del barrio o facilitar el acceso a servicios públicos para la provisión de asistencia.
La alta rotación de interruptores dificultó un mejor avance del proyecto. Esto se debió a bajos rendimientos, incompatibilidades laborales, problemas de consumo y conductas inadecuadas.
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