La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) considera que el decreto para dejar sin efecto el cobro de un nuevo timbre en la salud privada es “una exoneración encubierta por vía reglamenta que viola el principio de legalidad”.
El nuevo timbre, propuesto y aprobado por unanimidad por los directores de la Cjppu (es decir, incluso por los miembros del directorio que representan al Poder Ejecutivo) el pasado 28 de mayo, consiste en un gravamen de $ 170 por cada acto médico y estaba prevista su aplicación a partir del 1º. de agosto.
Ante la resistencia de autoridades del gobierno por la iniciativa, la Cjppu estaba dispuesta a diferir o cancelar su aplicación, si el gobierno presentaba otras alternativas de ingreso de recursos para la sostenibilidad de la caja. En este contexto, el gobierno cortó radicalmente la resolución de la entidad sobre este timbre en forma unilateral, por vía reglamentaria.
El presidente de la Cjppu, Andrés Pérez, dijo a El País que la caja considera que dejar sin efecto el nuevo timbre "es una exoneración encubierta por una vía reglamentaria" y considera que "viola el principio de legalidad, por lo cual la caja va a sentarse a estudiarlo y lo va a recurrir”.
“Estas reformas tienen que hacerse por ley, no por decreto”, agregó.
Pérez lamentó que “después de tanto tiempo buscando el diálogo y tratando de buscar una discusión civilizada sobre temas de fondo para la institución, se sigan introduciendo parches, que lo único que llevan es a la discordia cuando necesitan que estemos unidos en busca de soluciones”.
El próximo martes, la Cjppu se reunirá con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sobre otros temas. “Esperamos que (Díaz) realice planteos en nombre del presidente de la República (Yamandú Orsi), porque los problemas para 2028 y 2029 son exactamente los mismos que la Caja tiene desde hace años y suponemos que tendrá mejores soluciones que las que nosotros proponemos, porque al día de hoy no tenemos absolutamente nada”, concluyó.
El comunicado de la Caja a la opinión pública
El País accedió al texto que preparó la Cjppu dirigiéndose a la opinión pública, en el que señala que la resolución del nuevo timbre por parte su directorio, “no se trata de una interpretación extensiva ni de una creación administrativa de un tributo, sino que dispone aplicar una norma preexistente cuya vigencia nunca fue derogada ni declarada inconstitucional”.
“La Caja no está extendiendo el tributo a un supuesto no previsto, sino aplicándolo en los casos no exceptuados por la normativa vigente”, continúa.
“Una eventual exoneración del hecho generador para el ámbito sanitario requerirá una reforma legal —como ha ocurrido en otros incisos del artículo 71, donde leyes posteriores establecieron exoneraciones puntuales— pero no una resolución de la Junta Nacional de Salud (Junasa) ni una manifestación de preocupación del Ministerio de Salud Pública (MSP)”, agrega.
La Cjjpu considera que las objeciones de la Junasa, aun pudiendo ser legítimas en el plano de la política sanitaria, “no logran desvirtuar la legalidad del acto”, en la medida en que no se ha creado un tributo o paratributo nuevo ni se ha efectuado una interpretación excesiva contra el sujeto pasivo”, recalca.
En tal sentido, entiende que la exoneración es competencia exclusiva del legislador y no de la autoridad sanitaria.
Varios jerarcas de gobierno, en especial el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, ya habían comunicado semanas atrás que se anularía la resolución desde Presidencia y con el apoyo de los ministerios correspondientes.