El presidente Yamandú Orsi firmó decreto para dejar sin efecto el cobro de un nuevo timbre en la salud privada

Prácticamente al límite del plazo para que comenzara a regir, el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó actuando en Consejo de Ministros un decreto para que queden sin efectos los timbres profesionales por $ 170 que se pretendían cobrar desde la Caja de Profesionales Universitarios por cada acto médico.

En el documento, al que accedió El País, se resolvió: “A los efectos de lo previsto en el presente decreto, no revisten el carácter de documentos otorgados por profesionales las anotaciones, registros evoluciones, indicaciones, interconsultas y demás actuaciones profesionales que se incorporen a cualquier instrumento documental, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia y no sean expedidas como documentos independientes”.

Y añade: “En particular, no revestirá el carácter de documentos otorgados las actuaciones que se incorporen a la historia clínica o cualquier instrumento destinado a consignar el proceso asistencial de una persona”. La decisión del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que votó la creación de un nuevo timbre médico el 28 de mayo por la intervención de un profesional en historia clínica de un paciente, generó un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

El directorio, que asumió en febrero, resolvió cobrar timbres por "los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones sociales". Aunque posteriormente las autoridades de la paraestatal matizaron el alcance de la medida, la redacción original —amparados en la ley 17.738— establecía que cada vez que un profesional de la salud realizara una anotación en la historia clínica de un paciente debía abonarse un timbre de $ 170. En tanto, el gobierno argumentó en el decreto que “corresponde precisar el alcance del concepto documento otorgado por profesional y su aplicación del artículo 71 de la normativa anteriormente mencionada".

El cobro del timbre fue aprobado en su momento por unanimidad en el directorio de la paraestatal, pero luego los directores representantes del Poder Ejecutivo que habían apoyado la medida en su primera sesión plantearon mandatados por el gobierno que se diera marcha atrás. Desde la Cjppu, por su parte, se argumentó que el nuevo gravamen estaba amparado por la ley de estructura orgánica de la Caja (17.738) y se trataría de una medida necesaria a la luz de la situación financiera deficitaria que arrastra el sistema de seguridad social de los profesionales.

Inmediatamente la iniciativa generó el rechazo de autoridades y trabajadores del sector de la salud. En particular, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) consideró que "el impacto económico directo lo sufrirían especialmente los usuarios de los sectores socioeconómicos más vulnerables".

Al mismo tiempo, varios jerarcas de gobierno —el primero fue el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico— comunicaron que se anularía la resolución desde Presidencia y con el apoyo de los ministerios correspondientes. El presidente de la Cjppu, Andrés Pérez, dijo este miércoles a El País que mantendrán una reunión sobre este tema con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el próximo martes 4 de agosto en Torre Ejecutiva.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.