Luego de que varias autoridades de gobierno advirtieran que se dejará sin efecto mediante decreto la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) emitida a fines de mayo, sobre aplicar un timbre de $170 por cada documento emitido en el área de la salud privada -con algunas exoneraciones- a partir del próximo 1 de agosto, tanto directores de la Caja como agremiaciones de afiliados pidieron reuniones con el Poder Ejecutivo.
Finalmente, y a pesar de que hasta el momento el gobierno no mostró apertura a negociar la medida, el directorio de la paraestatal tendrá una reunión con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el próximo martes 4 de agosto en Torre Ejecutiva.
El presidente de la CJPPU, Andrés Pérez, dijo a El País que plantearán al jerarca estar “dispuestos a posponer” los timbres médicos para el primer día de setiembre u octubre, “como muestra de buena voluntad de diálogo”.
Eso sería en función de que el gobierno abra -con el aval de todo el directorio de la Caja, incluso los representantes del Ejecutivo- “una mesa de diálogo con finalidad de buscar los dineros necesarios para darle la viabilidad a la Caja”, explicó.
Agregó que las soluciones a discutir pueden ser lo ya propuesto o “algún mecanismo de subsidio por el cual el dinero que nosotros pensamos recaudar, en vez de ser de los timbres sea de otro origen”.
En caso de que la respuesta de Presidencia sea favorable a la negociación, se fijará una sesión extraordinaria para el mismo 4 de agosto a las 16 horas para efectivizar la postergación de los timbres de $170.
La postura del Ejecutivo
El objetivo de la caja es obtener recursos adicionales frente a una situación financiera deficitaria que arrastra desde hace al menos una década, y que requirió de una “ley de salvataje” (20.410) el año pasado. A fines de mayo el directorio culminó un trabajo de varios meses junto al Ejecutivo para buscar soluciones, pero su resultado no los contentó.
La resolución inicial de la CJPPU de aplicar un nuevo timbre para los usuarios de los servicios de salud al amparo de su ley de estructura orgánica (17.738) generó varios rechazos en su momento, incluído el de la Federación Uruguaya de Salud (FUS) que consideró que "el impacto económico directo lo sufrirían especialmente los usuarios de los sectores socioeconómicos más vulnerables".
En ese sentido, el sindicato mantuvo una reunión a mediados del presente mes con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, que les trasladó la postura del gobierno de “dejar sin efecto” la aplicación de un nuevo timbre en la salud privada.
"Se respalda en que desde esa secretaría de Estado no se identifican dificultades financieras en la CJPPU que justifiquen una medida de esta naturaleza ni que pongan en riesgo su continuidad institucional", detalló la FUS en un comunicado.
La anulación de la iniciativa mediante decreto también fue expresada con anterioridad por el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, y por el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.
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