El senador colorado Pedro Bordaberry presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley referente a la participación de capital privado en entes autónomos y servicios descentralizados que desarrollen actividades comerciales o industriales. La propuesta del líder del sector Vamos Uruguay establece la incorporación de capital privado hasta un máximo del 40% del capital social mediante la emisión y colocación pública de acciones a través de procedimientos “competitivos y transparentes”. Meses atrás, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, hizo pública su idea de que privados puedan invertir en las empresas públicas.
“Hay consenso con la Presidencia en hacer esto; lo propusimos hace mucho y el secretario de la Presidencia ha dicho que hay que hacerlo. El país no puede quedarse en palabras y declaraciones: hay un proyecto sobre la mesa para discutir, mejorar y avanzar”, señaló el líder colorado en declaraciones a El País.
El articulado dispone que las actividades empresariales podrán transferirse a una sociedad anónima en la que el Estado posea el 60% de la titularidad accionaria, a través del ente respectivo, y una sociedad anónima de capital privado el 40% restante.
Asimismo, se prevé que la integración del directorio de dichas sociedades refleje la proporción accionaria, asignando al Estado el 60% de los integrantes y a los accionistas privados el 40% restante, con idénticos derechos y responsabilidades.
El texto especifica que la representación privada no podrá superar en ningún caso a la del Estado, garantizando la mayoría estatal.
Según supo El País, simultáneamente a su presentación parlamentaria, el proyecto fue remitido directamente por el senador al presidente de la República, Yamandú Orsi; al secretario de la Presidencia; a los ministros de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) y de Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona), y a los coordinadores de bancada del Partido Nacional y del Partido Independiente, con quien el Partido Colorado conforma el bloque de la coalición republicana.
En cuanto al manejo financiero, la iniciativa determina que los fondos obtenidos por la venta de acciones deberán destinarse exclusivamente a inversiones, modernización tecnológica o fortalecimiento patrimonial de la empresa, prohibiendo expresamente su utilización para financiar gasto corriente y aumentos salariales.
La exposición de motivos, a la que accedió El País, fundamenta la propuesta en el artículo 188 de la Constitución de la República, el cual habilita la admisión de capitales privados en los entes autónomos mediante una ley aprobada por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, siempre que el Estado mantenga la mayoría del capital y del gobierno corporativo. Asimismo, Bordaberry recuerda que las disposiciones constitucionales excluyen expresamente a los servicios públicos de agua potable, saneamiento y enseñanza.
En marzo pasado, el secretario de la Presidencia, Sánchez, uno de los principales referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), hizo un video de casi una hora para sus redes sociales en el que detalló su propuesta de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas.
Allí, hizo referencia varias veces a que la idea es fundamentalmente para pequeños ahorristas, personas que hoy están colocando sus ahorros en cuentas bancarias pero que tienen "avidez" de invertir. Se trataba, según mencionó, de una idea que todavía podría tener aspectos a definir, pero aseguró que la intención es buscar alternativas para construir "un proyecto nacional y popular" que sirva para "achicar las brechas económicas y sociales". Y aclaró: "Nunca estaré en el club de los neoliberales".
Bordaberry, en tanto, que ahora pone en negro sobre el blanco el tema, destacó que “están pasando muchas cosas hoy en el mundo —robótica, inteligencia artificial, muchos cambios— y, para enfrentarlos, se requiere más capital y visión de futuro”.
En este sentido, el legislador colorado añadió que “este proyecto busca eso, colocar a las empresas públicas en esa senda, sin distraer recursos que el Estado necesita para otros fines hoy”.
La iniciativa retoma propuestas presentadas en el programa de gobierno de Vamos Uruguay en 2009 y en un aditivo a la Ley de Rendición de Cuentas de 2012 que proponía la venta del 25% del capital de determinadas empresas estatales.
La fundamentación del proyecto menciona como referencia modelos de empresas públicas con participación mixta en otros países, tales como ENEL en Italia, EDF en Francia, Petrobras en Brasil y Equinor en Noruega.
En el aspecto normativo, el artículo 11 del proyecto establece que el precio mínimo de colocación de las acciones no podrá ser inferior a un valor equivalente a ocho veces la participación proporcional en las utilidades del ejercicio anterior, sin perjuicio de los mecanismos de valuación que determine la reglamentación.