INR define terreno para otra unidad destinada a alojar a 60 madres con hijos, aparte de la nueva cárcel de mujeres

Cerca del 90% de los presos en Uruguay son hombres, similar a cómo es en el resto del mundo. De una población neta de casi 17.000 privados de libertad, hay aproximadamente 1.000 mujeres recluidas en unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Y dentro de ese universo femenino, está una de las poblaciones más vulnerables: las madres con hijos chicos que cumplen penas de prisión.

Actualmente, hay 53 mujeres con niños distribuidas en todo el país y 12 embarazadas. En la unidad N° 9 de Colón —destinada especialmente para albergar a estas personas— hay “37 mujeres con 37 niños”, según indicó a El País la directora de Género y Diversidad del INR, Paula Lacaño.

“Hay niños en varias unidades del interior que son mixtas con espacios específicos para alojar a mujeres que conviven con sus hijos e hijas. Tenemos en Salto, en Rivera, en Colonia, en Florida”, describió.

El rango etario de las mujeres es de entre 19 y 39 años, con una maternidad por lo general temprana, que se da en la adolescencia. Normativamente, los niños están habilitados a permanecer con sus madres hasta los cinco años de edad.

La gestión encabezada por Ana Juanche planea construir una nueva cárcel para madres con hijos, con una capacidad de 60 plazas y en un terreno que aún no está definido. Esto fue adelantado a El País por la propia directora del organismo.

“Estamos trabajando justamente junto con el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior para construir una nueva unidad para madres con hijos. Se está previendo en qué terrenos, porque no en cualquier lugar se puede construir una cárcel. Hay que ver criterios de ordenamiento territorial y de urbanismo, además de consultas a la comunidad, para que la unidad no tenga rechazo y no haya problemas con vecinos y vecinas. Estamos buscando un barrio que tenga un enclave importante de articulación con servicios, porque los niños y niñas salen durante todo el día a hacer sus actividades fuera de la unidad”, explicó Juanche por entonces.

En julio se trasladaron más de 800 mujeres desde la unidad N° 5 de Colón —ubicada en el mismo predio que la 9— a la nueva sede en Punta de Rieles, pero no había madres con hijos.

Lacaño, funcionaria del INR desde 2007, aseguró que originalmente la unidad N° 9 se pensó como un espacio “transitorio” a fines de 2010. “Se hicieron reformas y todo para tratar de acondicionarlo, pero no es un edificio pensado de cero, acondicionado como para alojar a esta población”, comentó.

Acotó que se están explorando opciones para la nueva cárcel, por ejemplo sobre si será un “edificio ya hecho o algo de cero”. Además, en línea con lo dicho por Juanche, puntualizó que en este caso “se piensa en espacios que sean lo más integrados a la sociedad” y “más alejados de lo que es la cálcel concebida tradicionalmente”.

La jerarca remarcó que los niños “están conviviendo en un centro penitenciario”, pero se debe poner foco en reducir la afectación de ese impacto, es decir, “tiene que ser lo más parecido a una casa” y “evitar todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica de la privación de libertad”.

Si bien se reconoce que es “bastante difícil de lograr”, algunos estudios señalan que se pueden lograr avances mediante “el uso de las rejas, tender más a cuartos, espacios de juego recreativo, espacio verde”, así como “preservar la privacidad del vínculo madre-hijo” con habitaciones más individuales.

“Cuando ingresa una mujer que está embarazada o la Justicia ordena que ingrese con su hijo o su hija a privación de libertad, nosotros intentamos siempre ver cuál es el contexto de esa mujer y de esa familia. Se trata de ahí de sugerir que se piense en otras medidas que no sean la privación de libertad”, agregó Lacaño, en referencia a que el objetivo es que en estos casos la cárcel sea el “último recurso”.

De hecho, manifestó que “en este año ya se han otorgado varias prisiones domiciliarias”, pero “hay otros casos que, tanto por las características de la mujer o por el delito, no es posible ese cumplimiento fuera de la privación de libertad”.

Buena parte de estas mujeres están recluidas por delitos vinculados a las drogas y el microtráfico; en la unidad N° 9, son el 70%. No obstante, se sabe que “no son mujeres que manejen ni lideren bandas de narcotráfico ni mucho menos, sino que son pequeñas cantidades en contextos muy vulnerables que son utilizadas por esas redes”.

Según la jerarca, “han habido cambios normativos con más punitivismo sobre este delito, entonces, las mujeres han sido más encarceladas”. Esta crítica alude principalmente a lo que se dispuso en la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La norma insignia del gobierno de coalición estableció en uno de sus artículos restablecer una normativa originaria de 1974: pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para quien entregue, venda o facilite el suministro de drogas a un menor de 21 años, o cuando el delito se comete en las inmediaciones o interior de cárceles, entre otros establecimientos, como de enseñanza, sanitarios o culturales. Esta normativa fue superpuesta por una ley de 1998 que no establecía una pena mínima para este tipo de delitos, lo que fue revertido por la LUC. Ahora, el Frente Amplio ha impulsado un proyecto en esta legislatura para anular el artículo.

Ya en el último informe —publicado el año pasado— del comisionado parlamentario penitenciario, por entonces Juan Miguel Petit, se advertía por una suba considerada por él desproporcionada de la población femenina presa y, con ello, de niños.

Desde 2020 fue de un 8% anual en hombres, mientras que en mujeres fue de 18% por año. Concretamente en 2024, el ritmo de crecimiento fue “tres veces mayor”. A principios de junio de 2025 había 1.426 mujeres privadas de libertad, con un promedio de edad de 34 años. El 38% (543) tenía menos de 30 años.

Según el informe, “el encarcelamiento de mujeres en estas condiciones tiene efectos negativos que trascienden la pena impuesta, especialmente cuando afecta a niños y niñas en su primera infancia. Las condiciones de encierro, incluso con mejoras realizadas por INR, siguen siendo adversas”.

Incluso, el comisionado también recomendó “cambios normativos que permitan aplicar penas alternativas con enfoque de género, considerando el interés superior del niño”, así como “evaluar el realojo de mujeres con hijos en sitios de otras características”.

“Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran: la reforma legal para habilitar la prisión domiciliaria asistida, la creación de centros de integración social para mujeres con hijos, y la implementación de dispositivos de medio camino”, sostiene el informe.