Gobierno impulsa proyecto de ley sobre trabajo carcelario para equiparar “derechos” y potenciar pago “simbólico”

El gobierno impulsa un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para regular el trabajo penitenciario por parte de personas privadas de libertad, entendido como un “derecho humano” y una “herramienta de intervención basada en evidencia”.

La elaboración del texto está a cargo de los diputados frenteamplistas Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu. Tal como adelantó la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, en entrevista con El País, el objetivo es encarar un tipo de labor con “unas condiciones que son particulares y no son asimilables a ningún contexto extramuros”.

“En términos porcentuales, las personas que estudian, trabajan o ambas cosas son aproximadamente el 53%”, indicó la jerarca en esa ocasión, y se refirió a la retribución que otorga el organismo, el denominado peculio, que representa medio Salario Mínimo Nacional (SMN): “Es sumamente simbólico, sin leyes sociales ni nada asociado al trabajo como derecho”.

El proyecto, a cuyo borrador accedió El País, establece que, “sin perjuicio de los derechos limitados por los efectos de la sentencia que dispuso la medida o pena, la condición jurídica de la persona que trabaja es idéntica a la de las personas que no tienen sujeción penal en lo relativo a sus derechos laborales individuales y el ejercicio de derechos colectivos”.

Actualmente, la normativa vigente está estipulada en el decreto N° 14.470, del año 1975. Otro cambio que prevé el proyecto es que el trabajo sea voluntario, mientras que en el decreto se afirma que es obligatorio. Además, elimina la referencia del SMN con respecto al peculio, no especificando su valor mínimo como en el decreto.

Sin embargo, indica cuatro modalidades con distinta remuneración para aquellos presos que trabajen. En particular, se mantiene el concepto del peculio, pero se introduce el de “trabajo remunerado”, definido como “la relación entre la persona sujeta a penas o medidas privativas de libertad y los empleadores” con una remuneración que “no podrá ser inferior al Salario Mínimo Nacional vigente”.

La diputada Barrera señaló a El País que esta distinción se da según qué organismo sea el empleador, pues si se trata del INR, aplica el peculio, pero en caso contrario —una empresa privada— funcionan las condiciones del trabajo remunerado.

“Tienen las obligaciones para cumplir concretas a los puestos de trabajo, los derechos también. Esto va a hacer que, en el momento en que recuperen la libertad, las empresas con las que estuvieron trabajando condiciones para poder tomarlos y ellos una antigüedad. Es una regularización para las personas que trabajan con empresas, por ejemplo en polos industriales”, sostuvo.

Otro artículo del proyecto dispone que el INR “podrá realizar contrataciones directas de bienes, servicios y todo otro insumo que resulte necesario para el cumplimiento de los acuerdos”, y que “las empresas y emprendimientos que operen quedarán habilitados como proveedores del Estado”.

La iniciativa de los legisladores del MPP aún no fue presentada formalmente ya que está a estudio de la bancada del Frente Amplio (FA). Además, aclaró que se confeccionó “en coordinación con el INR” y está siendo pulida “hace meses”.

En diálogo con El País, la subdirectora técnica del INR, Leticia Carzoglio, explicó que existen seis tipos de actividades laborales, con variedad en su grado de complejidad, para privados de libertad. La primera refiere a las más simples, como la fajina (trabajo agrícola) y la entrega de alimentos o paquetes, que “no requieren gran entrenamiento de habilidades laborales previas”. Además, otros “acceden a puestos laborales de empresas instaladas en unidades penitenciarias”.

Asimismo, están las correspondientes a “personas que tienen algún oficio o que adquieren en las formaciones que se ofrecen”, tal como ser “electricista, carpintero, sanitario, etc”. De manera similar, están aquellos que, bajo determinados requisitos, pueden realizar tareas en predios rurales, como ganadería, agricultura, quesería o lechería.

También hay quienes, según “sus características y las de su delito”, pueden desempeñarse en actividades a través de convenios con otras instituciones públicas o privadas; “la construcción es el caso más clásico”.

De resto, algunos privados de libertad incluso “desarrollan sus emprendimientos en las unidades; un ejemplo claro es la Unidad 6 (Punta de Rieles) dónde existen diversos proyectos productivos”, dijo la jerarca.

Carzoglio enfatizó que es menester “ampliar la base de la oferta”, debido al aumento sostenido de la población penitenciaria, que hoy en día está en el entorno de los casi 16.700 y sube anualmente de a mil. “De las más de 5.000 personas que realizaban actividades laborales intramuros, solo existían 850 peculios disponibles, lo que evidencia el abismo entre el mandato normativo y la realidad institucional”, señala también el proyecto en su exposición de motivos.

En base al último informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario, puntualiza además que el 86% de las personas “que accedieron a alguna plaza laboral no recibió ninguna remuneración”; “el 11 % recibieron un peculio, o en su mayoría medio, y solo el 3% recibió un salario”, añade.

“No está vinculado porque hace como cinco o seis meses que lo venimos trabajando, es de mucho antes”, respondió Barrera consultada sobre el proyecto venía a propósito del acuerdo entre el FA y Cabildo Abierto (CA) en el tratamiento de la Rendición de Cuentas en Diputados. “Bienvenido sea el estar todos de acuerdo, porque es mucho mejor que la gente trabaje y se dignifique”, agregó.

Parte de lo acordado entre ambos partidos aludía a impulsar el trabajo en cárceles, un tópico al que el exsenador Guido Manini Ríos le ha puesto especial foco en los últimos años.

En su momento, la propuesta del líder cabildante para cuando se reunió a principios de agosto con el presidente de la República, Yamandú Orsi, era: “Asignar recursos al INR para la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios, pago del peculio y otras inversiones necesarias para avanzar hacia el objetivo de hacer trabajar a todos las personas privadas de libertad condenadas”.

Según dijo Manini Ríos por entonces, la respuesta del mandatario fue aparentemente positiva y se asignaría un monto anual inicial de $ 20 millones al organismo presidido por Juanche.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado en marzo por el Ministerio del Interior, el gobierno entiende que este tipo de políticas “mejora la inserción social y laboral y contribuye a reducir la reincidencia mediante el sostenimiento de trayectorias formativas y de empleabilidad”.

No obstante, reconoce que “estos programas pueden mejorar el capital humano y algunos resultados posliberación, pero la reducción de la reincidencia no es automática ni garantizada”.