Juanche: Uruguay tiene un sistema carcelario “sobresaturado y mal clasificado”

Uruguay, el país con más presos per cápita de Sudamérica, enfrenta un serio problema carcelario directamente relacionado con la seguridad pública, La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, se refirió en entrevista con El País a la actual gestión del organismo, su inminente descentralización del Ministerio del Interior, los grandes líderes narco y problemas como la separación de perfiles y el hacinamiento.

-Hay cerca de 16.000 presos y año a año aumenta de a mil. ¿Hay alguna previsión de que la cifra pueda estabilizarse?

-Son al día de hoy 16.653. La tendencia al crecimiento es sostenida y no hay ninguna señal que indique que eso va a variar. Podría variar si se modificara la legislación penal y procesal penal, pero por ahora no hay ningún movimiento al respecto.

-¿La unidad de primarios con penas breves en qué etapa está?

-Es una prioridad. Sobre todo porque, tomando en cuenta que el efecto de contagio criminógeno en la cárcel es importante, es una medida muy razonable. La separación es la fase cero, para empezar a ordenar el trabajo, pero lo importante allí es llegar con programas de tratamiento penitenciario, justamente para intervenir sobre esos riesgos criminógenos. Es empezar por las personas que no tienen experiencia o tienen experiencia muy reducida en el sistema penitenciario, justamente antes que se contagien y fortalezcan esos riesgos.

Foto: Estefanía Leal

-Es parte de las otras dos nuevas unidades de Santiago Vázquez.

-Estamos viendo si inauguramos primero la de ofensores de género o la de personas primarias con penas breves. Todavía la decisión no está tomada, pero mi postura personal es que deberíamos inaugurar primero la de primarios. Son 460 cupos y no solamente podríamos desagotar sectores de personas primarias en unidades como el complejo carcelario Santiago Vázquez, en Canelones, en la unidad 1 o la 6 de Punta de Rieles, sino que podríamos comenzar a derivar las personas que ingresan por primera vez, que todavía no están privadas de libertad. Evitamos que ingresen a otros establecimientos ya con personas reincidentes, pues no siempre es posible clasificar y separar personas primarias de personas reincidentes. Para mí tiene todo el sentido. Son 1.460 plazas en total.

-Aparte están los traslados a la nueva cárcel de mujeres, que ya terminaron, con cerca de 800 personas.

-Son 856 plazas, que todavía no están completas, están muy cerca. Estamos también estudiando la posibilidad de una ampliación, porque el contrato de participación público-privada prevé esa posibilidad. En las celdas de tres hay lugar como para colocar más camas, entonces eso aumenta la capacidad. En términos relativos, la población femenina crece más que la de los varones proporcionalmente. Entonces, no vamos a esperar a que esté la unidad superpoblada para empezar el proceso.

-¿Se trasladaron madres con hijos?

-No, las madres con hijos están en una unidad aparte todavía, en el viejo predio también de Colón, en un edificio separado. Estamos trabajando justamente junto con el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior para construir una nueva unidad para madres con hijos. Se está previendo en qué terrenos, porque no en cualquier lugar se puede construir una cárcel. Hay que ver criterios de ordenamiento territorial y de urbanismo, además de consultas a la comunidad también, para que la unidad no tenga rechazo y no haya problemas con vecinos y vecinas. Estamos buscando un barrio que tenga un enclave importante de articulación con servicios, porque los niños y niñas salen durante todo el día a hacer sus actividades fuera de la unidad. A priori va a ser con una capacidad no mucho mayor a la que tiene actualmente la unidad de madres con hijos, que son 50 plazas. Estamos pensando en unas 60 plazas.

Foto: Ministerio del Interior

-¿En qué está el proyecto de construcción de dos cárceles de máxima seguridad?

-Estamos en este momento en la fase de diseño de la primera de las unidades, con una capacidad para 50 personas, que también va a ser en modalidad de participación público-privada, a través de la ampliación del contrato del actual Complejo Libertad, pero separada, es una unidad independiente, alejada también geográficamente del Complejo y del antiguo Penal de Libertad y de la Chacra de Libertad, pero en esa misma localidad. Es una cárcel en realidad de alto riesgo. Diferenciamos ese concepto de máxima seguridad de alto riesgo porque es una cárcel que está destinada a personas que son procesadas o condenadas por delitos del crimen organizado, por juzgados del crimen organizado, que reviste en especial riesgo para la seguridad pública y además son unidades que en su régimen de reclusión siguen los estándares de los regímenes de alto riesgo.

-¿Se trasladarán presos de la unidad 25, el área de máxima seguridad de Santiago Vázquez, para esa nueva cárcel?

-Sí. La unidad 25 va a ser como una especie de paso intermedio, de hecho, ya tiene un sector de alto riesgo que nosotros redefinimos. La unidad tiene 48 cupos y uno de esos sectores, que es para 12 personas, ya tiene dispuesto el régimen de reclusión de alto riesgo. Estos regímenes recomiendan no concentrar a todos los liderazgos, ni a todas las personas con ese perfil, porque tienen altas capacidades de liderazgo, de ejercer violencia y de organización. Se busca la dispersión, por lo que es importante tener más de un lugar. Son regímenes revisables, no son perpetuos, es decir, la persona pasa por ahí un tiempo y conforme va teniendo acceso a actividades y a programas, se evalúa si realmente su riesgo desciende o se atenúa y puede moverse hacia otros lugares.

-A la hora de encarar la gestión, ¿es más urgente diferenciar perfiles que reducir el hacinamiento?

-Son dos caras de la misma moneda. En la medida que nosotros no tenemos a la población adecuadamente clasificada, no podemos saber dónde tenemos que concentrar las estrategias de gestión. En la medida que tenés un sistema sobresaturado y mal clasificado, que mezcla personas primarias con personas reincidentes y riesgo bajo de reincidencia con riesgo alto de reincidencia, no podés focalizar las intervenciones ni dar respuestas adecuadas. La intervención tiene que ser más intensiva sobre los riesgos altos y los riesgos medios o moderados. A las personas con riesgo bajo no hay por qué dirigir programas específicamente relacionados con los riesgos criminológicos. Basta con que accedan a educación, a trabajo, deporte, porque son personas que se relacionan muy puntualmente con el delito, con alguna circunstancia particular de su vida, pero no son personas con pensamiento procriminal.

Foto: Estefanía Leal

-No pasó, pero en el caso de que Sebastián Marset hubiese tenido una causa abierta en Uruguay y se hubiese pedido su extradición, ¿el sistema uruguayo está preparado para recibir ese tipo de perfil de delincuentes?

-Nos estamos preparando. Tenemos personas en el Uruguay que tienen niveles de organización, liderazgo y capacidad de cometer violencia muy elevado. No son Marset, pero algunos ya son de público conocimiento. Esas personas que están vinculadas a los clanes locales, pero también correlacionados con las redes de narcotráfico o de crimen organizado transnacional, están en este régimen (de alto riesgo). ¿Tenemos todo lo necesario? No, nos estamos preparando para eso. Con esta unidad nueva vamos a tener un sistema mucho más sofisticado, pero estamos reforzando la tecnología y la vigilancia. En la unidad 25 vamos a agregar escáneres, cámaras e inhibidores de señal. En el sector de alto riesgo del complejo Libertad, el nuevo complejo que se está inaugurando, tenemos la mejor tecnología de punta adecuada en ese sector, donde por el momento hay dos personas alojadas.

-Esas dos personas son...

-Luis Fernando Fernández Albín y Ricardo Cáceres Correa.

-Parte del acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas incluyó impulsar más el trabajo carcelario con su respectiva remuneración. ¿Esto hoy en día cómo es?

-En términos porcentuales, las personas que estudian, trabajan o ambas cosas son aproximadamente el 53%. El trabajo está definido en el decreto ley 14.470 como un derecho y una obligación de la persona privada de libertad. Pero es un derecho. Quiere decir que si nosotros vamos a imponer un trabajo, tenemos que retribuirlo. Hay que pagar. ¿Cómo paga el INR? A través de lo que se llama el peculio, que es medio Salario Mínimo Nacional, es sumamente simbólico, y por supuesto que ahí no hay ni leyes sociales ni nada asociado al trabajo como derecho. Por eso nosotros estamos trabajando también con algunos diputados en una ley de trabajo penitenciario. Para poder decir que el trabajo sea obligatorio, tenemos que ser conscientes de que hay que retribuirlo.

Foto: Ministerio del Interior.

-¿Qué características tiene ese proyecto?

-Básicamente lo que hace es avanzar en otro de los temas pendientes en el Uruguay, que es el estatuto particular que tiene que tener el trabajo penitenciario. Porque es cierto que tiene que ser trabajo, pero tiene unas condiciones que son particulares y no son asimilables a ningún contexto extramuros. Hay que pensar cómo se retribuyen las prestaciones, cómo las personas se toman las licencias, todas esas cuestiones que para cualquier trabajador tienen que estar presentes, pero que en el contexto de encierro son particulares.

-¿Hubo habido sumarios o investigaciones administrativas a funcionarios que han colaborado en el ingreso de celulares o droga a cárceles?

-Cuando se incautan sustancias o bienes que tienen circulación prohibida en las unidades penitenciarias, se avisa a la Fiscalía, y se trabaja conjuntamente con la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. Inicia con un informe de urgencia, acerca de qué pasó, cómo pasó, cuándo. Si la información de urgencia ve que puede haber presuntos actos delictivos se toman medidas cautelares, que pueden ser desde las más drásticas, como separar a la persona del cargo sin el sueldo durante cierto tiempo, o sacar a la persona del lugar, redistribuirla o asignarle otra función. Todo eso mientras la investigación sucede y se llega a causa. Hubo el pasado fin de semana, en Santiago Vázquez, una de las incautaciones más numerosas del último tiempo. No estaba dentro de la cárcel, sino en el perímetro del predio.

Foto: Archivo El País.

Sobre la descentralización del INR, más allá de críticas de la oposición sobre la gobernanza, es una idea que todos los partidos políticos impulsaron. ¿En qué mejoras del sistema carcelario se va a traducir? Porque en principio se va a aprobar.

-Sí, va a salir. Principalmente cumple con uno de los requisitos fundamentales de todo sistema penitenciario moderno, que es tener un gobierno civil. Desde la salida de la dictadura hasta el día de hoy, ha tenido solamente tres instancias en que ha estado gobernado por civiles. El resto ha sido siempre por policías. Lo dice toda la evidencia y todos los sistemas modernos así lo son. La rehabilitación para la reinserción social es una función especializada de otros profesionales y de otras agencias del Estado, y no de la Policía. La policía previene, reprime e investiga el delito. Otra razón de fondo es la autonomía técnica y presupuestal de una institución hipercompleja con más de 4.000 funcionarios. Hasta ahora funciona como una unidad ejecutora del inciso más grande que tiene el Estado, o uno de los más grandes, que es el Ministerio del Interior, y que disputa recursos con todas las unidades ejecutoras.