Fernández Albín denuncia "tortura psicológica" en la cárcel; Interior defiende que se aseguran sus derechos

Luis Fernando Fernández Albín, extraditado desde Argentina por su presunta vinculación con un cargamento de 2.000 kilos de cocaína, lavado de activos y contrabando, presentó a través de sus abogados un habeas corpus. En el recurso, aseguró estar sufriendo un aislamiento prolongado de forma "innecesaria", así como tortura psicológica y amenazas por parte de funcionarios policiales. Desde el Ministerio del Interior dijeron a El País que se encuentra recluido en base a un análisis de su perfil de riesgo y que sus derechos están "asegurados". Investigan droga escondida en una pasta de dientes que lo tenía como destinatario.

El documento fue presentado por la defensa de Fernández Albín el lunes, solicitando que se levante la feria judicial que comenzó a fines de la semana pasada. En el recurso de habeas corpus —utilizado para reclamar por las condiciones de reclusión— relató que todavía se encuentra en el Centro de Diagnóstico y Derivación, en la Cárcel Central, donde se estudia el perfil de los presos para enviarlos al centro penitenciario adecuado.

"Se denuncia la vulneración de derechos constitucionales derivados de la dignidad humana (integridad, seguridad, salud, vida y familia), configurando una situación de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención", dice el escrito al que accedió El País.

El primero de los puntos es que se "estiró su diagnóstico de forma innecesaria". "Carece de fundamento lógico y criminológico, dado que el Sr. Fernández Albín no es un recluso primario ni desconocido para el sistema", aseguran sus abogados, quienes remarcan que el narco tiene un historial de 16 años en el sistema penitenciario y que si bien fue sancionado, estas "no fueron faltas graves ni por problemas de relacionamiento".

Con respecto a esto, en una audiencia desarrollada este martes, los representantes legales del Ministerio del Interior respondieron que existe una resolución del 26 de diciembre que contempla que delincuentes con determinadas características puedan ser recluidos donde actualmente se encuentra Fernández Albín. Su defensa entiende que no aplicaría para este caso y que todavía no se encuentra vigente.

Otro de los puntos señalados por los abogados es el "aislamiento material y comunicacional", asegurando que no se le permite tener visitas de familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementen una "alimentación insuficiente e inadecuada".

Desde la cartera dijeron a El País que se realizó un análisis del perfil de riesgo del delincuente, por lo que se encuentra recluido según sus características y "asegurando sus derechos humanos".

"Se determinó un perfil de alto riesgo en base a los delitos imputados y su trayectoria delictiva", señalaron y agregaron que "también se tiene en cuenta el rol por el cual se lo investiga" y que "no se trata de un delincuente más".

Según pudo saber El País con fuentes del caso, el 24 de diciembre una persona llegó al Centro de Derivación con un paquete que dijo querer entregar a Fernández Albín. Este tenía un pomo de pasta de dientes, que en su interior contenía marihuana. Esta investigación se encuentra actualmente a cargo de Fiscalía.

Desde el ministerio aseguraron que su alimentación "es la misma que reciben los reclusos del lugar donde está" y que además sus abogados pudieron visitarlo "al menos tres veces".

Por último, Fernández Albín denuncia haber sido objeto de amenazas por parte de funcionarios policiales, quienes, según su versión, le manifestaron que ante cualquier reacción procederían a atentar contra su integridad. En el habeas corpus se asegura que esto significa una "intimidación ilegítima y tortura psicológica".

Con el habeas corpus fueron presentados correos electrónicos pidiendo el traslado de Fernández Albín a un centro penitenciario donde se le asegure la convivencia con pares, se solicitó su declaración ante un juez y pidieron la historia clínica de ASSE actualizada.

Para la audiencia desarrollada este martes fueron citados los representantes legales del INR para comparecer ante el juez de Crimen Organizado de 1^er Turno, Fernando Islas. Allí presentaron informes que respaldan las decisiones tomadas.

La resolución del juez se pospuso para el próximo lunes, ya que se determinó la realización de pericias a Fernández Albín, quien manifestó sufrir problemas de salud producto del aislamiento.

El análisis de celulares de personas detenidas por el cargamento de 2.000 kilos de cocaína incautados en Punta Espinillofue clave para llegar a Fernández Albín. Allí se habrían encontrado, entre otros elementos, audios enviados por él, aunque hasta el momento no se ha incautado el dispositivo desde el que se mandaron estos mensajes, de los cuales él no reconoce ser el remitente, por lo que será necesaria una pericia que lo confirme.

Además del delito de narcotráfico, Fernández Albín es investigado por presunto lavado de activos y por contrabando. En el primer caso, para los investigadores existieron múltiples "gastos injustificados", entre ellos en inmuebles, mientras que el delito de contrabando se remonta a cuando todavía se encontraba en libertad viviendo en Uruguay, debido a que se le encontró una camioneta de origen brasileño durante un allanamiento.

La llegada al país del delincuente de 38 años requirió la colaboración de múltiples dependencias del Ministerio del Interior, que trabajaron desde las 04:00 de la madrugada del 18 de diciembre. Su traslado estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. En el área cercana al juzgado penal ubicado en la calle Juan Carlos Gómez, se montó un fuerte operativo policial con personal equipado con armas largas. Dentro del juzgado, una decena de custodios controlaban cualquier movimiento.

Finalmente se lo imputó por narcotráfico, lavado de activos y contrabando con la medida de prisión preventiva por un período de 120 días.