Confirman imputación con prisión a dueños de whiskerías que también son investigados en Perú por trata de niños

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó la imputación con prisión preventiva de tres personas vinculadas al manejo de whiskerías en las que se explotaba sexualmente a las trabajadoras y se comercializaba droga. Dos de ellos (la pareja dueña de los locales) están siendo investigados en Perú por trata de niños. En los allanamientos se encontraron cuatro menores oriundos de ese país.

Una operación internacional comandada por Interpol permitió desarticular redes de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo. En total, fueron casi 60 las personas rescatadas y que están siendo contenidas por la Unidad de Víctimas de Fiscalía.

La información recabada por los investigadores permitió llegar a que en dos whiskerías registradas ante la Intendencia de Montevideo se explotaba sexualmente a mujeres. Se trata de los locales nocturnos conocidos como “Reinas de la noche” y “Gitanas”. Este último había sido clausurado por la comuna recientemente, aunque igual seguía funcionando.

Si bien inicialmente hubo nueve detenidos, tres personas fueron dejadas en libertad por falta de indicios. Por otra parte, un hombre (dueño de los locales) fue imputado por proxenetismo y suministro de estupefacientes, mismos delitos que una de las encargadas. La pareja del hombre (también dueña) fue imputada únicamente por proxenetismo. A pedido de Fiscalía, los tres fueron a prisión preventiva. La jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, entendió que esta es la única medida que garantiza la seguridad de las víctimas y elimina el riesgo de fuga.

Otras tres mujeres, también encargadas de los locales, fueron imputadas por proxenetismo y suministro de estupefacientes, aunque se consideró que en su caso no era necesaria la prisión. Esperan por el desarrollo del caso en arresto domiciliario.

Según manifestó Fiscalía durante la formalización, la pareja dueña de los locales solía viajar a Perú, lo que dejaron de hacer porque están siendo investigados por trata de niños en ese país. Durante los allanamientos realizados para esta operación fueron encontrados cuatro menores oriundos de ese país.

La defensa de la pareja manifestó que esto obedece a la “intención de adoptarlos” y que son hijos biológicos que uno de ellos tuvo a través de una “subrogación de vientre”.

La resolución de la jueza fue apelada por la defensa de los tres imputados con prisión preventiva. Los abogados de la pareja aseguraron que no se reunieron los requisitos para formalizar la investigación contra la mujer. Según su argumentación, ella “se limitaba a administrar whiskerías con las habilitaciones correspondientes, desconociendo la forma de trabajo interna”.

Por su parte, la abogada de la encargada aseguró que se la diferenció del resto de mujeres con su mismo rol (que esperan en domiciliaria) cuando ella era “una más”. “No está claro si tenía un rol de dirección sobre las trabajadoras”, señaló su defensora.

En los tres casos, los abogados se manifestaron en contra de la medida cautelar impuesta, basándose en el principio de inocencia y asegurando que no existen los riesgos alegados por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6to Turno y aceptados por la jueza en primera instancia.

Finalmente, el Tribunal Apelaciones Penal de 1er Turno entendió que la resolución de la magistrada fue la pertinente. “Acierta la Sra. Jueza cuando contextualiza el hecho para fundar la existencia de los riesgos”, sentenciaron haciendo referencia a la prisión preventiva.

“Se deduce sin esfuerzo alguno la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la seguridad de las víctimas, ambos en general muy vinculados entre sí porque son estas quienes pueden aportar prueba en el proceso”, aseguraron en la sentencia a la que accedió El País.

Tras varios años de desarrollo, la investigación permitió llegar a evidencias para determinar que los imputados están vinculados a una red de trata de personas y explotación sexual, según dijeron fuentes del caso a El País.

Dentro de la pareja dueña de los locales, la mujer era quien figuraba como titular ante la IMM y trabajaba como la administradora. Se encargaba de llevar los registros y era quien hacía las transferencias de dinero. Las trabajadoras la señalaban como “la de recursos humanos”.

Tanto ella como su esposo definían los porcentajes a retener a las trabajadoras (un 50%), según consta en la sentencia. El hombre era quien visitaba diariamente a los locales para controlar su funcionamiento e impartía directivas. También era el encargado de sancionar a las trabajadoras en caso de incumplimientos a las reglas que se les imponían.

Entre las condiciones se encontraba no salir del local durante el turno, así como exigencias en cuanto a la vestimenta y multas. Se les llegó a cobrar por concepto de limpieza, aunque las encargadas de limpiar eran ellas mismas. En los locales funcionaba barra con venta de alcohol, quedando por cada copa vendida el 50% para la trabajadora y la otra mitad para la whiskería.

En una oportunidad, el dueño de los locales persiguió a una de las trabajadoras que se había ido con un cliente. También amenazó a otra con darle un “cuetazo” (disparo) y devolverla “en una caja de zapatos”. Los elementos obtenidos por los investigadores surgieron, entre otras actuaciones, por interceptaciones telefónicas realizadas desde 2022.

Las mujeres eran reclutadas a través de una guía móvil, redes sociales o por medio de las propias encargadas. La pareja era la que decidía cuáles eran aceptadas realizando una entrevista o solicitando una foto.