Hoy hay muchos homicidios que se cometen por encargo, siendo este uno de los usos más extendidos entre las bandas”, consideró el ministro del Interior, Carlos Negro. En el marco de una entrevista con El País cuya primera entrega publicada el 14 de diciembre, el jerarca se refirió al fenómeno del sicariato y afirmó que, pese a que algunos lo crean, la cadena perpetua “no incide en la seguridad pública”. Para ilustrarlo, intentó ponerse en la mente de un delincuente razonando: “Voy a matar, ¿cuántos años voy a ir? ¿30 o 40? Ah, si voy 30, mato. Si voy 40, no”.
Pese a que el modus operandi se repite -“clásica moto, pistola, conductor que mata a balazos a otra persona”- el sicariato es muy difícil de probar en la Justicia, dice Negro con conocimiento de causa por su pasado como fiscal de Homicidios. “Hay pocas condenas por sicariato”, reconoce.
Para que al delito de homicidio se le sume el agravante de haberse cometido por “precio o promesa remuneratoria” hay que lograr demostrar varios elementos a los que muy pocas veces se llega. Quién pagó, cuándo, cómo y, a veces, por qué. Las respuestas a esas preguntas rara vez quedan plasmadas por escrito y, a su vez, ningún testigo o imputado está dispuesto a reportar quién ordenó el crimen, dado que generalmente los delincuentes ostentan gran poder dentro de cada comunidad.
Los números
Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial cuentan con datos de cuántas condenas hubo con el agravante de haberse cometido mediante sicariato. Sin embargo, El País consultó a diferentes equipos fiscales quienes coincidieron en que los casos en los que llegaron a demostrar que existió sicariato son mínimos.
Una de las Fiscalías de Homicidios obtuvo dos condenas por sicariato en su historia. Las otras sedes manejan cifras similares.
Pese a que el Estado no posee cifras oficiales en ninguna fuente abierta de información, El País relevó todas las sentencias por este delito en la Base de Jurisprudencia Nacional (donde el Poder Judicial ya publicó más de 100 mil sentencias) desde el año 2000 en adelante. Allí se detectaron 34 casos diferentes de sicariato. En 19 de ellos, se probó que alguien ordenó el homicidio a cambio de un pago y ello quedó refrendado por la Suprema Corte de Justicia. En otros nueve, se tipificó inicialmente sicariato pero no consta si esa calificación quedó firme. Seis de esos casos tienen condenas por esa agravante en segunda instancia (pero no surge si llegaron a la Suprema Corte). En dos casos solo consta que fueron procesados y el restante tiene sentencia de primera instancia pero fue recurrida por el acusado, por lo que un tribunal deberá fallar sobre el tema.
Hubo otros seis casos que tuvieron un resultado diferente. Cuatro de ellos terminaron con una sentencia adversa para la Fiscalía, puesto que los jueces descartaron que hubiera habido sicariato. Los últimos dos no fueron homicidios. Se trata de casos de lesiones generadas por personas que percibieron un pago por inflingirlas.
Las penas
Una semana antes de irse de la Fiscalía, Negro consiguió que se condenara, por una de las penas más altas posibles, a un joven que -en distintos momentos- había matado a cuatro hombres delante de sus hijos. Al alegar frente al juez, Negro dijo: con expectativas de vida de 80 años, “una pena de 30 años para estos delitos que ahora se están dando con dramática frecuencia, resultan penas que son bajas”, y agregó: “Debería ser más si la ley lo permitiera”.
También como fiscal insistía en que el aumento de penas no funciona para bajar los delitos, y esto es algo que repite ahora. “No hay contradicción”, dijo, y explicó que sostiene sus argumentos, aclarando que son de corte teórico.
“El aumento de penas no soluciona problemas de seguridad pública. Esta opinión respecto a los homicidios y a la pena no va en dirección de temas de seguridad pública. Es un tema conceptual”, resumió. “Nadie piensa en la diferencia entre 30 y 40 años si está decidido a matar”, agregó. “No incide, como la cadena perpetua tampoco, aunque sea revisable”, dijo.
A su vez, se preguntó: “si aumentamos las penas, ¿vamos a tener que esperar 30 años para ver si tuvo algún efecto”.
El ministro explicó que su visión sobre el aumento de penas de los homicidios es de corte “teórico, académico” y vinculado a la “dosimetría penal”. “En términos conceptuales entiendo que con el estado actual de la violencia en la región y en el mundo, donde hay homicidios de tres o cuatro personas o de un niño en brazos de su madre (...), ese crimen no puede tener la misma pena de un homicidio. No puede, no es justo. Es como que la escala te queda corta”, desarrolló el jerarca ministerial.
El Código Penal que prevé estas penas es del año 1934, en ese momento, dijo, 30 años (la pena máxima) “era prácticamente el fin de la vida de la persona”. “Ahora con 20 años se comete el delito y a los 50, quizás pueda salir”, agregó.
Consultado sobre si planea presentar alguna reforma legislativa, respondió: “Hoy no lo plantearía porque se podría confundir con lo que sería una medida de seguridad pública”.
“La evidencia demuestra que la gravedad de la pena no es motor de disuasión. Hay muchos jóvenes dispuestos a matar por pocos pesos confiados en que no los van a agarrar. Agarrarlos sí incide”, aseguró.
El artículo que pena el sicariato y su implicancia
El sicariato está legislado en nuestro Código Penal en el artículo 312, puesto que se considera una “agravante muy especial” del homicidio. Esto significa que, quien lo cometa será penado con los máximos guarismos posibles. Esto es, 15 años de mínima y 30 de máxima (aparte, para delincuentes especialmente peligrosos están reservadas las medidas de seguridad eliminativas que pueden significar 15 años más de cárcel). Además del sicariato hay otras cinco agravantes, entre ellas el femicidio.
Cuatro episodios de sicariato que llegaron a la Justicia
La historia del sicariato en Uruguay tiene décadas y ha ido mutando con el tiempo. El ahora prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, decía hace más de 10 años que en Uruguay no había más casos porque no se había “juntado la oferta con la demanda”. Uno de los más tristemente célebres fue el de Stefanía Quirque, la mujer que intentó matar tres veces a la esposa de su amante. En una de las oportunidades, participó un sicario.
Ya en 2012 el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti relacionaba este fenómeno a las bandas criminales. En esa oportunidad dijo que Luis Alberto “Betito” Suárez controlaba “un ejército personal de 50 sicarios”.
En los últimos años, hubo cuatro casos recientes en los que la Fiscalía pidió imputar sicariato. Tres estuvieron vinculados al narcotráfico y uno a la violencia de género. Este último fue el femicidio de Leticia Hascowec. Su pareja contrató a dos personas para asesinarla en 2022. El caso tiene condena en primera instancia.
A su vez, el año pasado condenaron a una mujer dueña de una boca que, en Colonia Nicolich, mandó matar a un vecino. Para eso contrató a un hombre y a un adolescente que también fueron condenados.
Pocos días atrás, la Justicia de la capital condenó a otros tres hombres por participar de un homicidio a una mujer. Un menor, que fue quien finalmente ultimó a la víctima, ya había sido condenado antes. El ideólogo ordenó el crimen desde la cárcel donde estaba preso por delitos de narcotráfico y el motivo fue que la víctima se había robado “dos pilas” de pasta base.
Por último, el año que viene la Fiscalía irá a juicio contra dos hombres acusados de haber cometido sicariato contra un joven consumidor. Afirman que un hombre -señalado como uno de los líderes de una banda en Cerro Norte- le pagó al otro acusado $ 60 mil para que matara a un joven consumidor. Resultó asesinado él y su pareja. Tras matarlos a disparos, les prendieron fuego la vivienda.
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