Casi como una réplica a la previa de la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el Parlamento estuvo teñido por negociaciones a la interna de la oposición y una respuesta rápida del Frente Amplio (FA), que en reacción a una iniciativa formulada en los medios por el Partido Nacional se adelantó y propuso formalmente la creación de una preinvestigadora en el Senado por el caso Cardama.
Mientras de parte de los blancos se había logrado el apoyo de Cabildo Abierto —descontando el de Identidad Soberana, que siempre vota a favor de estas instancias— para impulsarla en Diputados, con la condición de que se investigue todo el proceso (el de la firma del contrato, su cumplimiento, la constitución de las garantías y la posterior rescisión), desde el oficialismo movieron primero y presentaron una moción en la cámara alta —donde tiene mayoría absoluta— para que se investiguen los “incumplimientos graves en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora” que llevaron a tomar la decisión de rescindir de forma unilateral con el astillero español.
Una resolución que, según entiende el Partido Nacional, fue de índole exclusivamente política y que data incluso de antes de que asumiera la administración de Yamandú Orsi. Lazo, como integrante de la comisión de Defensa durante el período pasado, había sido desde el principio muy crítica con el contrato celebrado en diciembre de 2023 para la compra de dos patrullas oceánicas por 82,5 millones de euros a Cardama.
Ahora, aunque los recursos retóricos de la oposición y del FA parecen prácticamente correr por carriles paralelos, incluso en términos temporales, podría finalmente haber acuerdo entre las partes para investigar todo el proceso que comenzó en 2023 (incluyendo negociaciones y reuniones).
Sin embargo, si no hay entendimiento en el Senado, en un hecho que podría resultar inédito para el Parlamento, existe la posibilidad cierta de que se conformen dos comisiones investigadoras sobre un mismo caso: una en Diputados y otra en el Senado.
En filas del Partido Nacional, que analizará las opciones en la reunión de bancada de hoy —con la intención de mantener el plan original—, la condición para no avanzar en una comisión investigadora también en la Cámara Baja es que el FA acepte indagar sobre todo el proceso.
Entienden, dijo el senador Martín Lema a El País, que la moción presentada por el senador del FA Sebastián Sabini se enfoca exclusivamente en los aspectos contractuales y en las irregularidades —o incumplimientos— previas al anuncio del presidente Orsi sobre la decisión de rescindir el contrato. Los blancos insisten en “investigar todo el proceso”, incluidos los últimos cuatro meses, confió el legislador.
Además, como declaró el senador Andrés Ojeda, del Partido Colorado, también hay muchas críticas provenientes desde la oposición sobre la poca información —incluso se habla de ocultamiento— que se ha brindado desde el Poder Ejecutivo, en particular desde Presidencia, sobre todo el proceso que transcurrió desde el 22 de octubre de 2025 hasta hoy.
Garantía, retrasos y responsabilidades
En la moción presentada por Sabini se enfatizó la imposibilidad de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por 4 millones de euros, dado que se comprobó en octubre que “era apócrifa” y que la empresa (EuroCommerce Ltd) que la había emitido no existía formalmente.
A su vez, se marcó que en el informe pericial se constató ( de Bureau Veritas) que “tras 11 meses no se dispone de proyecto de construcción definitivo, ni de planos, ni de evidencias de obtención de aprobación ni permiso de construcción de conformidad con los requisitos de la bandera del Uruguay”.
Se mencionó el retraso en la construcción de los bloques del primer buque y la falta de cumplimiento de hitos establecidos, como la puesta de quilla del segundo barco, o la llegada de los dos motores Caterpillar (el contrato fue rescindido).
“El astillero no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega […] De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado”, esgrimió Sabini.
El FA apunta, en esa dirección, a indagar en la decisión de compra directa, en la demora y condiciones en que se aceptó la garantía, en la posibilidad que se le dio a Cardama —a diferencia de otros potenciales astilleros oferentes— de mejorar su oferta, en la falta de asesoramiento durante el proceso y de actos administrativos que dejen constancia del procedimiento formal llevado adelante.
“¿Quién o quiénes dieron la orden? ¿Quién o quiénes aceptaron la garantía falsa de fiel cumplimiento? ¿Por qué se aceptaron los términos de referencia de la póliza de la garantía de reembolso? ¿Quién lo hizo y dio la orden? ¿Qué controles administrativos se realizaron para aceptar las garantías?”, son algunas de las interrogantes planteadas por el oficialismo.
En respuesta a lo planteado por el Partido Nacional sobre las características y plazo de la investigación, Sabini dijo a El País que su propuesta abarca todo el proceso hasta que el contrato fue rescindido. Por tanto, considera que el planteo de formar una segunda comisión en la Cámara Baja no es pertinente.
Preinvestigadora comienza a sesionar
Luego de presentada la moción por parte de Sabini, la Presidencia del Senado dio visto a la solicitud y conformó la comisión preinvestigadora que comenzará a sesionar este miércoles a la hora 8:30 en la Sala de Ministros.
Para integrarla, fueron nombrados la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi y los frenteamplistas Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) y Nicolás Viera (Movimiento de Participación Popular). El plazo para pronunciarse es de 48 horas, con posible informe de mayoría y de minoría.
“El informe, o los informes si se produce más de uno, se entregarán al presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión que se realice. La Cámara podrá resolver que se trate sobre tablas —presentada en el momento— o en otra fecha determinada. Si la comisión preinvestigadora formare criterio adverso a la investigación, llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que ratifique sus denuncias o las retire. En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara”, establece el artículo 144 del Reglamento del Senado.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
de modo que se deslice hacia la izquierda.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
. Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
.