INR y Fernández Albín acuerdan por habeas corpus; deciden su destino en menos de 48 horas y tendrá una visita

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y Luis Fernando Fernández Albín, imputado por narcotráfico, lavado de activos y contrabando, llegaron a un acuerdo por el habeas corpus presentado por el delincuente en el que denunciaba "tortura psicológica" y "aislamiento prolongado". El organismo se comprometió a emitir una resolución sobre su destino en menos de 48 horas y permitirá a Fernández Albín tener la visita de sus hijas este martes.

En una audiencia desarrollada en la mañana de este lunes, en la que estuvo presente El País, los abogados del INR se comprometieron a que la cartera emitirá una resolución en las próximas horas, la cual determinará el lugar en el que el delincuente pasará su prisión preventiva.

Esto se debe a que en el habeas corpus presentado por la defensa de Fernández Albín se señaló que todavía permanecía en el Centro de Diagnóstico y Derivación, donde se estudia el perfil de los presos para enviarlos al centro penitenciario adecuado.

"Carece de fundamento lógico y criminológico, dado que el Sr. Fernández Albín no es un recluso primario ni desconocido para el sistema", aseguraron sus abogados. Con respecto a esto, los representantes legales de la cartera respondieron que existe una resolución del 26 de diciembre que contempla que delincuentes con determinadas características puedan ser recluidos donde actualmente está Fernández Albín. Su defensa, en cambio, entiende que no aplicaría para este caso y que lo resuelto aún no entró en vigencia.

Fuentes del caso indicaron a El País que Interior se ampará en esta resolución para mantener al delincuente en las mismas condiciones de reclusión en las que se encuentra. El "alto perfil de riesgo" de Fernández Albín, según la evaluación de la cartera, hace que los controles sobre él sean todavía mayores a los de cualquier recluso, por lo que se pretende que esté controlado y sin contacto con otros presos.

En caso de que se resuelva mantener sus condiciones actuales, la defensa podría volver a presentar un recurso de habeas corpus.

Los informantes agregaron que a priori tampoco se lo enviará a la Unidad 25, el centro de máxima seguridad donde están alojados los reclusos catalogados como "de mayor peligrosidad".

Además del compromiso para emitir la resolución en las próximas horas, el INR accedió a que las hijas de Fernández Albín (menores de edad) lo visiten este martes acompañadas de un adulto.

La audiencia fue dirigida por la jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, quien tomó el caso por la feria judicial, ya que inicialmente había sido derivado al juez Fernando Islas. También por la feria judicial, contó con la participación de la fiscal de Flagrancia de 6^to Turno, Andrea Mastroianni. En esta oportunidad no se realizaron operativos especiales de seguridad, ya que Fernández Albín presenció la instancia de forma virtual.

Además del su encierro "prolongado" en el Centro de Derivación, Fernández Albín manifestó su disconformidad con el "aislamiento material y comunicacional", asegurando que no se le permite tener visitas de familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementen una "alimentación insuficiente e inadecuada".

Desde la cartera dijeron a El País que se realizó un análisis del perfil de riesgo del delincuente, por lo que se encuentra recluido según sus características y "asegurando sus derechos humanos". "Se determinó un perfil de alto riesgo en base a los delitos imputados y su trayectoria delictiva", señalaron y agregaron que "también se tiene en cuenta el rol por el cual se lo investiga" y que "no se trata de un delincuente más".

Según pudo saber El País con fuentes del caso, el 24 de diciembre una persona llegó al Centro de Derivación con un paquete que dijo querer entregar a Fernández Albín. Este tenía un pomo de pasta de dientes, que en su interior contenía marihuana. Esta investigación se encuentra actualmente a cargo de Fiscalía.

Desde el ministerio aseguraron que su alimentación "es la misma que reciben los reclusos del lugar donde está" y que además sus abogados pudieron visitarlo "al menos tres veces".

Por último, Fernández Albín denuncia haber sido objeto de amenazas por parte de funcionarios policiales, quienes, según su versión, le manifestaron que ante cualquier reacción procederían a atentar contra su integridad. En el habeas corpus se asegura que esto significa una "intimidación ilegítima y tortura psicológica".