Aquel beneficio se había acordado en la Intendencia de Montevideo (IMM) a inicios de la década de 1990: un porcentaje de lo recaudado por las multas de tránsito —en concreto, hasta un 40%— iría al sueldo de los funcionarios de Tránsito del gobierno departamental. Eso tenía una lógica detrás: el objetivo de las autoridades de aquel momento era evitar las tradicionales coimas que muchas veces negociaban los inspectores municipales con los conductores en infracción. Tres décadas y media después, el resultado, tal como publicó El País hace algunas semanas, es que en 2024 los funcionarios de Movilidad cobraron unos 4,2 millones de dólares que vinieron de las multas que pusieron ese año los inspectores en las calles. El tema genera polémica y debates que cada cierto tiempo vuelven, como pasó este verano. Pero Montevideo no es el único departamento del país donde un porcentaje de lo recaudado por las multas va para los inspectores —¡en Tacuarembó se llevan hasta el 75%!—. Y en la propia intendencia capitalina, en las otras intendencias y en todos los organismos —las empresas públicas, muy especialmente— hay cientos y cientos de beneficios salariales y no salariales que se han ido acumulando.
Son pequeños o grandes triunfos de cada corporación. Muchos se negociaron hace varias décadas, quedaron en los convenios colectivos y hoy se consideran derechos adquiridos por los trabajadores: se mantienen año tras año. Nadie los puede tocar.
El País relevó los presupuestos y las escalas de remuneraciones de 38 organismos públicos.
Más abajo, la lista completa de beneficios en 13 entes y empresas públicas, Administración Central, Poder Legislativo y nueve intendencias.
Los empleados de UTE reciben 200 kWh gratis al mes, unos 2.500 pesos que están exonerados de pagar. Ese beneficio también lo cobran los jubilados de UTE y sus parejas si ellos se mueren (eso sí, pierden el derecho si se vuelven a casar).
Los funcionarios de varios bancos públicos tienen pago psicólogo, dentista, lentes y guardería para los hijos. También una partida para gastos de salud para ellos y sus familiares, incluso una vez que se jubilaron.
En el Sodre cobran un “remanente” de las ganancias, que se reparte entre los empleados presupuestados. Pero no lo cobran los contratados, que son amplia mayoría.
En muchas intendencias, desde Montevideo a Artigas, los funcionarios gozan de importantes exoneraciones en el pago de la contribución inmobiliaria.
Y en casi todas las empresas públicas cobran una partida para el almuerzo… de 20.312 pesos mensuales. Cerca de 1.000 pesos por cada día trabajado.
Y la lista sigue.
Pero la pregunta es, ¿está bien que todos los uruguayos financien estos beneficios, que en muchos casos están lejos de tener algún vínculo con las tareas que los funcionarios públicos cumplen?
Primero, un dato. En el Estado hay 300.893 vínculos laborales de funcionarios públicos según los últimos datos disponibles, cerrados a fines de 2024. De ellos, 112.326 son funcionarios presupuestados. Y sobran los casos de contratos precarios, que en muchos casos no cobran los beneficios que se relatan en este informe. Incluso dentro de los mismos organismos suele haber diferencias entre los empleados presupuestados (los famosos “inamovibles”) y los contratados.
El contador y economista Alberto Sayagués, especialista en administración pública, dice que el tema de los beneficios y partidas de los funcionarios públicos es “una selva” donde los presupuestados tienen “la sartén por el mango”. Y lo explica así: “Hay un conflicto y los sindicatos logran un beneficio; por ejemplo, una guardería. Después, como entre los gremios hay una cooperativa de información, todos los demás piden lo mismo y ahí se expande, se expande, se expande”.
A su juicio, el derecho adquirido es “un invento” y no hay obligación legal de mantener los beneficios porque, cuando el convenio termina, “caduca, se puede eliminar lo que está allí”.
—Pero no se hace. Siempre se mantienen esos beneficios.
—No se hace por razones políticas y sociales. Es razonable que el sindicato pida más, es la función de ellos.
Otros expertos, en cambio, consideran que los convenios tienen “fuerza de ley” y mencionan el principio jurídico de la ultraactividad, que permite que un convenio colectivo mantenga su vigencia y continúe aplicándose incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Eso implicaría que los derechos conseguidos se mantienen.
Para Alberto Scavarelli, prosecretario de Presidencia en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y director de la Oficina de Servicio Civil en el segundo de Tabaré Vázquez (2015-2020), hay que “separar bien” los beneficios de las retribuciones y explica que hay compensaciones especiales que son fruto de la negociación colectiva, “a veces vienen del fondo de los tiempos”.
Hace muchos años Sayagués le sugirió a un ministro de Trabajo incluir una cantidad de compensaciones como parte del sueldo. La respuesta lo desconcertó: “Mejor no. Si las metés como sueldo, las vuelven a pedir”.
Un técnico que trabajó en esta área en el pasado y pide anonimato, opina: “Solucionar este tipo de perversidades que se arrastran por décadas implican una reforma transversal pero el sistema político mira para otro lado”.
Partida para el almuerzo en las empresas públicas
En las empresas públicas, sostiene Sayagués, hay más beneficios y compensaciones que en otros organismos porque “ellos recaudan”.
Cuando era director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), entre 2020 y 2023, el economista Isaac Alfie encargó un relevamiento de todos estos beneficios. Quería tenerlo claro antes de sentarse a negociar con los sindicatos de trabajadores públicos. “Es un caos”, dice hoy, y se muestra particularmente crítico con la partida por alimentación de 20.312 pesos, fija más allá del sueldo de cada uno, que está en el convenio de los funcionarios de las empresas públicas. Ese tema lo discutió en su momento con los propios delegados sindicales. “Pero no lo pude bajar del convenio. ¿Ellos van a almorzar a La Corte todos los días?”, pregunta, irónico. “Si no, pagan la comida de cuatro personas por mes”.
Por esta partida, pensada para financiar las comidas de los funcionarios, no rinden cuentas. Se paga al menos en UTE, OSE, Ancap, Correo, Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Administración Nacional de Puertos (ANP), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Agencia Nacional de Vivienda, según figura en los presupuestos analizados por El País.
En UTE, dice el director nacionalista Darío Castiglioni, la partida por alimentación “ya no es un beneficio sino un concepto salarial” que quedó como parte del sueldo base, pero la OPP regula su actualización porque la cobran todas las empresas públicas.
De hecho, según explica la directora frenteamplista Ximena Caporale, los empleados de UTE aportan un porcentaje del concepto “reintegro de comidas” a un fondo de solidaridad que se usa para financiar “situaciones extremas” vinculadas a la salud de los funcionarios, casos de incapacidad permanente, afecciones congénitas o adquiridas, adicciones y trastornos de índole psicopedagógico y psicomotriz de los hijos de los empleados. Cada vez que se usan recursos del fondo, UTE reintegra hasta el 50% de la erogación realizada, previo informe favorable de la Gerencia de Área Servicios Corporativos.
Hay otras partidas fijas que cobran todos los trabajadores de los entes así como de la Administración Central, al menos desde la década de 1980. Se trata de la partida por antigüedad (137 pesos por cada año trabajado en las empresas públicas y ministerios y 504 o 509 pesos por año en los bancos públicos), la prima por nacimiento y por matrimonio (8.026 pesos por una vez), la prima por hogar constituido (1.647 pesos al mes) y las asignaciones familiares (entre 647 y 1.347 pesos por hijo de hasta 14 años, según el ingreso y con un tope, y 2.196 pesos si hay niños con discapacidad).
Las primas por antigüedad y por hogar constituido están reguladas por ley en entes y ministerios. La segunda se paga a los funcionarios públicos casados o con familia a su cargo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive.
¿Cuánto sale a los organismos pagar estas partidas? UTE, por ejemplo, gasta más de 1.439 millones de pesos al año en prestaciones por alimentación y más de 81 millones por hogar constituido, según el presupuesto de 2026. Antel 1.184 y 65 millones de pesos respectivamente, OSE 895 y 24 millones de pesos, Ancap 482 millones y 19 millones de pesos.
El tradicional Parque de Vacaciones de Lavalleja es un beneficio de los funcionarios de UTE y de Antel: tienen tarifa diferencial para ellos y sus familiares y días gratis por antigüedad. Además, los funcionarios de UTE que se casan tienen una estadía gratuita de tres días y una bonificación del 50% durante los cinco días siguientes con el aporte de la diferencia a cargo de la empresa.
La prestación de los 200 kWh al mes es particular de UTE, claro. “Eso tiene mínimo 40 años. Yo lo cobré siempre y trabajé más de 37”, cuenta un exgerente. Por este ítem se prevé gastar más de 200 millones de pesos este año.
Hay beneficios similares en otras empresas. Los funcionarios de OSE cobran un reintegro mensual de 10 m3 de agua, que equivalen a 1.392 pesos y suponen un gasto de 62 millones de pesos al año.
Los de Ancap reciben la “compensación producto”, equivalente al precio de una garrafa: 1.352 pesos. Los de Antel cobran la compensación por cuota telefónica (de 227 pesos) y bonificaciones en servicios de telefonía fija, móvil y datos. En AFE está el “complemento luz” por 1.854 pesos y el “complemento agua” por 881.
Los empleados de Antel pueden hacer uso de la guardería “Los locos bajitos”, que existe desde 1989 y atiende a los hijos de los funcionarios. Tiene capacidad para 100 niños y hoy funciona en la Torre de las Comunicaciones. Los empleados pagan una cuota que varía según el salario. Antel pone el local y los gastos de luz, el sindicato los salarios. “Es un muy buen servicio, de los mejores del país”, dice Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel).
Otros entes no tienen guardería propia pero sí pagan una prestación para costear el envío a un jardín de infantes privado. En UTE, por ejemplo, es una partida para los hijos de hasta tres años de edad, por hasta 10.296 pesos mensuales. Gastan en eso unos 44 millones de pesos al año. En el BPS el monto es el mismo y el beneficio vale hasta cuatro años de edad, en el Banco República es de 11.380 pesos hasta los seis años (equivalente a cuatro horas en la guardería de AEBU), en el Banco Hipotecario es de 11.050 pesos y en la Agencia Nacional de Vivienda 11.380 o 8.222 pesos, según el cargo del funcionario. En la ANP tienen un servicio tercerizado de guardería y educación inicial al que pueden ir los hijos de los funcionarios de hasta seis años pero al mismo tiempo pueden llevarlos a otros centros educativos y el organismo reintegra los gastos.
La salud tiene especial cobertura en los bancos públicos. En el República, por ejemplo, se paga una partida de 4.894 pesos para todos los funcionarios y jubilados, y otra igual para cada uno de los hijos y sus parejas reconocidas legalmente. Esa partida es fija. “Nosotros tenemos Fonasa como cualquier persona”, cuenta un empleado, “este es un beneficio mensual salarial que nos paga el banco y que se actualiza cada seis meses”.
El Banco Central reintegra los gastos de salud realizados y no cubiertos por el Fonasa a funcionarios, jubilados y su núcleo familiar con un tope mensual de 11.011 pesos. Esto cubre cuotas de afiliación, gastos de órdenes, tickets de medicamentos y similares, para los empleados y sus parejas, lo mismo para los retirados y sus parejas.
Tanto el República como el Hipotecario y el BPS tienen partidas para lentes (cubre el 50% del armazón y el 100% de los cristales, también cubre lentes de contacto), psicólogo, dentista, aparatos ortopédicos y protésicos.
El Parlamento, "cerca del poder"
“¿Por qué los funcionarios del Poder Legislativo tienen tantos beneficios?”, pregunta Sayagués y se responde enseguida. “Porque están cerca del poder. ¿Qué legislador se va a negar a darle un beneficio al que le trae el café?”. Pone como ejemplo que los funcionarios del Parlamento se pueden jubilar y seguir cobrando el sueldo completo durante unos cinco años. Y cobran compensaciones variadas: una por horario sin término y dedicación especial, del 58,5% del sueldo básico; otra por antigüedad; un “compromiso con la función” medido por asiduidad y presentismo, y un “compromiso con la gestión” que surge de la división igualitaria de los créditos resultantes de las vacantes suprimidas.
En la Administración Central hay una base común de beneficios, como las ya mencionadas partidas por nacimiento y fallecimiento, hogar constituido y asignación familiar. También está la partida por presentismo, que se paga una vez al año, pero el monto entre 61.667 y 25.288 pesos varía según el nivel de ingreso y las horas trabajadas. A mayor sueldo, presentismo más bajo.
A diferencia de los entes, en Presidencia la partida por alimentación se paga solo por sueldos de hasta 87.860 pesos. En los salarios más bajos, de hasta 48.000 pesos, la partida es de casi 7.000 pesos mensuales. En los más altos, algo más de 1.100 pesos.
El “remanente” por entradas que cobran en el Sodre
Los cerca de 240 funcionarios presupuestados del Sodre cobran lo que popularmente se llama “remanente”. Se trata de una partida que sale de lo que se recauda por espectáculos y que, según supo El País, se paga tres veces al año a los funcionarios: actualmente es de unos 30.000 pesos anuales. Pero no lo cobran los más de 550 contratados, un grupo de empleados del Sodre que cada vez es más amplio. En el Sodre también cobran una partida por asiduidad (12.000 a 20.000 pesos, según el sueldo) y compensaciones por diferencia de cargo. Los funcionarios de canal 5, mientras tanto, cobran una partida similar de “remanente” de ingresos, que se reparte en forma igualitaria entre los empleados presupuestados. Y, otra vez, no va un peso a los empleados contratados, que son la mayoría en el canal.
Intendencias: beneficios de Artigas a Montevideo
En las intendencias hay un panorama muy dispar. Cada gobierno departamental tiene sus propias definiciones sobre beneficios para los funcionarios.
Existe, de todos modos, partidas que se repiten, como hogar constituido, antigüedad, nacimiento y matrimonio.
La Intendencia de Montevideo paga 5.842 pesos de compensación familiar a los funcionarios casados o en unión concubinaria, también a funcionarios con hijos, hermanos, nietos, sobrinos, padres, madres, tíos o abuelos a cargo. Y también lo cobran los funcionarios que viven solos pero que su ingreso no supera los cinco salarios mínimos.
Varias intendencias ofrecen a sus empleados descuentos en los pagos en contribución inmobiliaria y patente. Por ejemplo, Artigas y Durazno tienen 50% de rebaja para ambos impuestos, Tacuarembó descuenta hasta 13.152 pesos, Florida 80% en la contribución y 50% en la patente. Colonia ofrece del 50 al 20%, según el sueldo, solo para la contribución y Montevideo 50% también en la contribución (pero pone como tope los sueldos de hasta 68 mil pesos mensuales). Canelones ofrece la rebaja de pago contado, que se puede descontar del sueldo en 11 cuotas. Otras intendencias, como Salto y Maldonado, no tienen este beneficio.
En Artigas dan 450 pesos al año para útiles escolares, en Montevideo 2.994 o 2.432 pesos según el grado. En Tacuarembó hay becas estudiantiles de entre 7.199 y 3.556 pesos mensuales, dependiendo del sueldo.
En la capital hay un seguro de salud —que incluye cobertura mutual, odontológica y de servicio de acompañantes para el funcionario y su familia— por el que se aporta el 2,34% sobre todos los conceptos sujetos a montepío: es 8.587 pesos mensuales.
Además, les pagan los lentes cada dos años y les cobran 41,60 pesos por cada boleto de ómnibus. También tienen una guardería municipal con precios bonificados: se paga el 5% mensual por hijo sobre el salario básico, que se descuenta cada mes. Y 1% mensual extra por cada hijo adicional.
Si el funcionario se muere suele haber una partida por fallecimiento, pero los montos son muy variados: entre 642.555 pesos en Maldonado y 10.521 pesos en Durazno.
Está claro que la lista de beneficios de los funcionarios públicos es más amplia que la de la mayoría de los empleados del sector privado. Pero hay un ítem en el que están en desventaja: en la mayoría de los organismos no pagan salario vacacional. Todo no se puede.
El mundo de las compensaciones: desarraigo, telegramas, computación y otras
Más allá de los beneficios, el mundo de las compensaciones salariales es enorme y daría para un artículo aparte. Pero veamos algunos ejemplos. Entre otras, en Antel se pagan compensaciones por zona balnearia, por entrega de telegramas y facturas, por tareas docentes, por tareas que impliquen cambio de residencia habitual, por chofer, por proyectos de ingeniería, dedicación exclusiva y guardias. En Ancap está la compensación por desarraigo, guardia por derrame de hidrocarburos, por operación de grúa y por uso de autos particulares.
En OSE se paga compensación por rectificación de facturas, computación, adscriptos al directorio, a profesionales, por asignación de funciones, misión de paz y UPAs, guardia de laboratorio, para quienes participan en el plan de sustitución de medidores y en la descarga de bauxita en Aguas Corrientes.
En el Correo está la compensación por trabajo nocturno, por permanencia a la orden, para instructores internos, para asesoría y por cursos de altos ejecutivos.
En el Banco Central está la compensación por reestructura, para el titulo habilitante de electricista, compensación por maestrías y doctorados, por retorno de doctorados.
En el Banco República hay compensación por rematador, por soporte técnico continuo, para escribanos, entre otros.
En todas las empresas públicas se paga la prima por quebranto de caja para todos los funcionarios cuya función permanente sea la de entregar o recibir dinero en efectivo o valores de determinado monto.
En el período pasado el entonces director de Servicio Civil Conrado Ramos analizó a fondo todas las compensaciones que se pagan en el Estado, aunque no logró concretar una reforma. En una entrevista con El País en julio de 2023, dijo que “con esas compensaciones pueden financiarse nuevas ocupaciones”, lo que, afirmó, “puede ser visto como un saludo a la bandera, pero también como una oportunidad”.
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